Sociedad Puertorriqueña de Planificación advierte sobre impacto de recorte a la UPR

SAN JUAN – La exhortó el jueves, al gobernador y a la Junta de Control Fiscal a respetar la autonomía universitaria; y urgió a la Administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a cumplir ‘responsablemente’ con sus deberes y responsabilidades fiduciarias.
“Durante los pasados años, el Sistema UPR a través de la Ley 66 y la derogación de varias becas legislativas, ha dejado de recibir unos 300 millones de dólares. Sin embargo, aunque haya voluntad para ajustarse a las realidades fiscales del País, esta práctica tiene sus límites. Proporcionar más recortes, no sólo pone riesgo el cumplimiento de los servicios principales y la misión fundamental de la institución, sino que esto representaría un paso substancial hacia la desarticulación y privatización de la Educación Superior Publica”, advirtió en declaraciones escritas el presidente de ese organismo, David Josué Carrasquillo Medrano.
El planificador subrayó que “la SPP, de nuevo, reafirma la importancia de dicha institución y nuestro compromiso a trabajar por ella. La SPP se solidariza con la comunidad universitaria y se pone a su disposición aportando en los frentes que encuentren necesarios. Felicitamos a los estudiantes por las determinaciones articuladas en las asambleas durante toda esta semana y la pasada”.
Además, hizo un llamado al pueblo puertorriqueño a asumir tanto la lucha universitaria, como muchas otras que están sucediendo en paralelo, como suyas. “Los retos que estamos enfrentando, a pesar de que se pueden percibir como luchas separadas unas de otras, sus sumatorias definen cual será el Puerto Rico de mañana. Contamos con todos ustedes”, sostuvo Carrasquillo.
La SPP denunció los recortes a ser impuestos por la Gobernación y la Junta de Control Fiscal en el presupuesto de la Universidad. Su presidente recordó que dicha medida se suma a un grupo de proyectos de ley y leyes ya aprobadas que responden a una lógica de “pagar la deuda sin auditoría y sin importar el resultado” que redundará en un gran impacto negativo a escalas generacionales al pueblo puertorriqueño, sus instituciones y su economía, según manifestó.
A la SPP le consta que el implantar estos cortes – en el contexto de toda la legislación que ha sido recién aprobada – empeorará directamente áreas que actualmente ya son preocupantes: la Universidad sería menos accesible, lo que tendría un impacto severo negativo en las tasas de empleo nacional; fomentaría el éxodo del capital humano local; las condiciones laborales del personal docente y no docente sufrirán mayores dificultades; y se desvincularía aún más el desarrollo de la economía puertorriqueña del desarrollo de su gente, subrayó.
Carrasquillo denunció que por décadas, el sistema universitario del País ha sido percibido por distintas Administraciones como uno económicamente prescindible y sus arcas, disponibles para balancear las finanzas gubernamentales. Es una solicitud bastante común el “hacer más con menos”.
“Ciertamente la Universidad necesita varias reformas, a niveles tanto académicos, administrativos, como institucionales, sin embargo, no debe ser un problema encontrar posibles soluciones a la coyuntura ya que a través de los numerosos procesos que la institución ha enfrentado se han producido densos compendios de propuestas e ideas – en especial por los sectores estudiantiles – que merecen ser evaluadas con más seriedad hoy que nunca.”, comentó el presidente de la organización profesional.
Carrasquillo sentenció que “los criterios para una reforma universitaria sensata incluyen muchos otros parámetros que no se limitan a aquellos relacionados con el pago incondicional de la deuda. La Universidad necesita mayor accesibilidad, mayor diversidad, mayor compromiso social, entre muchas otras cosas. La búsqueda de estos elementos tiene el potencial de producir el desarrollo económico necesario para poder cumplir con las responsabilidades y servicio a la deuda en el futuro; esto sin forzar una vida austera a nuestras futuras generaciones y profundizar las desigualdades del Puerto Rico de hoy”.
“El rol del gobierno, siempre ha estado supuesto a servir de facilitador al pueblo a acercarse a sus aspiraciones colectivas. El ignorar este precepto básico e insistir en defender sectores históricamente privilegiados reproduce los mismos ciclos de obstaculización de los procesos sociales necesarios de transformación y desarrollo hacia nuevos acercamientos y mejores prácticas de vivir en sociedad y coexistencia. La molestia se hace sentir en todas partes: Claramente se aspira a un país que entienda, acepte y fomente la educación como una inversión necesaria y que celebre a cada uno de sus ciudadanos. En momentos de austeridad y dificultad económica, mantener el un espacio de educación accesible es de suma importancia, ya que la educación de los ciudadanos representa la base para toda incitativa con miras a la sostenibilidad.” agregó el líder gremial.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.