La lucha legal contra Trump

La discusión sobre los decretos del mandatario podría llegar hasta la Corte Suprema. Trump asegura que su deber es “proteger a los estadounidenses”.

La historia comienza así: a finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que impedía la entrada de nacionales de siete países (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) por 90 días. El viernes pasado, el juez federal de Seattle James Robart suspendió dichas restricciones. Entonces, el gobierno apeló y este domingo la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco dejó en pie la suspensión de la medida. Por ahora, los ciudadanos de esos siete países y los refugiados sirios, cuya entrada también fue prohibida sin plazos específicos con el decreto, podrán ingresar al país.

Esta es una de las primeras peleas legales contra un decreto emitido por la presidencia de Trump. En esta ocasión, los estados de Washington y Minesota fueron quienes pergeñaron la demanda arguyendo que el veto está dirigido a los musulmanes, una orden que va en contra de la Constitución (donde se especifica que no habrá ningún tipo de discriminación por cuestiones religiosas). La Casa Blanca dijo que “tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses” y que rechazar el veto permitirá, según Trump, que se cuelen terroristas al país.

Para comprender qué significa esta pelea legal, habría que conocer primero sus términos. Una orden ejecutiva (también llamada decreto presidencial) presenta las directrices que tomarán las instituciones gubernamentales de cara a un tema de interés público, en este caso la migración. Las órdenes ejecutivas tienen una fuerza similar a la de una ley y por lo tanto, como se ve en este momento, pueden ser sometidas a un examen legal. Es una herramienta que utilizan de ordinario los presidentes y que está basada en leyes o estatutos precedentes y sirve para complementarlos o reforzarlos (es decir, el presidente no crea leyes de la nada: ese es el papel del Congreso).

Durante su presidencia, Barack Obama firmó 275 órdenes. En ese sentido, Trump no es un caso singular: Franklin D. Roosevelt signó en su mandato 3.522 órdenes. En sus primeros siete días, Trump firmó seis órdenes de este tipo. No existe, tampoco, nada de singular en ello: Obama aprobó nueve decretos en los primeros diez días de su presidencia.

La diferencia, sin embargo, está en el nivel de impacto que tienen: mientras Obama firmó en su semana inicial decretos para hacer transparentes los archivos presidenciales, consagrar un manual de ética para los miembros de la Presidencia, ordenar que los interrogatorios respetaran el derecho internacional y cerrar la cárcel de Guantánamo, Trump ha aprobado la construcción de un muro en la frontera con México, vetado la entrada de habitantes de siete países, cerrado las puertas a los refugiados de uno de los conflictos más cruentos de la última década, finiquitado los recursos para las organizaciones que apoyan el aborto, aprobado el reinicio de actividades petroleras en una zona natural y desembalado el sistema nacional de salud.

¿Quién puede, entonces, detenerlo? Hay dos sistemas: el Congreso y las cortes. El primero no parece tener mucho efecto, puesto que las mayorías republicanas apoyan su mandato y hasta ahora se han aprobado sus decretos. El segundo será el caballo de pelea de estados como Nueva York y California, que se han mostrado en contra de Trump en temas de salud sexual y migración.

El decreto que anula la financiación federal para las ciudades que no colaboren con las autoridades migrantes para deportar a los indocumentados (las llamadas ciudades santuario) terminaría en las cortes. También el del muro: el Secure Fence Act, la ley en la que se basó Trump para ordenar la construcción de la valla fronteriza, determina que el secretario de Seguridad Nacional puede tomar medidas para asegurar la frontera siempre y cuando sean “necesarias y apropiadas”. Puesto que el muro costaría más US$11 mil millones (y por ahí pasaría la cifra) y su efectividad no está comprobada, la justicia podría declararlo como inapropiado y anularlo.

Como la pelea no se resolvería en los primeros estrados, es probable que el debate llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos son inapelables.

Sin embargo, como recordó la periodista política de la revista Bustle, Elizabeth Strassner, “el proceso tomaría meses o incluso años, y en el periodo intermedio cualquier política que haya decretado Trump tomaría efecto”. Una de las soluciones a esa dilatación sería la suspensión, así sea por parte de un juez federal (como en el caso del veto), de los decretos presidenciales. A causa de dichas suspensiones, por ejemplo, el gobierno tendrá que reservar las numerosas directrices que tomó para prohibir la entrada de migrantes (como invalidar visados de aquellos países).

Los decretos no son, pese a todo, una orden que se cumpla de manera inmediata. Aunque Obama ordenó cerrar la prisión de Guantánamo y tenía a todos los demócratas en el Congreso, que eran mayoría, de su lado, no pudo hacerlo por sendas inconsistencias en el proceso de reubicación de los presos y las dudas de los congresistas sobre cómo se financiaría dicho cierre. Sin embargo, Trump tiene en esta ocasión una mayoría relajada que, sobre todo, lo sigue al pie de la letra. La justicia es, pues, el árbitro final.

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