Generosidad sin límites de la Isla del Encanto hacia las empresas de ron

Cuba Libre. Piña Colada. Mojito. Escoja el trago con ron que usted quiera. Pero cuando se lo tome, sepa que este es un producto que se elabora con subvención gubernamental, es decir, dinero público.
El gobierno de Puerto Rico dejó de ingresar $434 millones desde el 2011, al cambiar las reglas de juego sobre cómo se distribuye el reembolso por el arbitrio al ron. Las enmiendas hechas al Código de Rentas Internas bajo la administración de Luis Fortuño aumentaron de un máximo de 10% a un 46% el reembolso que reciben las productoras de ron, lo que ha minado el Fondo General que antes recibía ese dinero y lo utilizaba en proyectos de desarrollo económico.
Desde entonces, la distribución se hace por volumen de venta, lo que llena los bolsillos de las grandes empresas de ron como Bacardí, que se lleva la mayor tajada del reembolso al ser la principal productora de ron del mundo. Desde el año fiscal 2011 hasta julio de 2016, solo esta empresa ha recibido $359.8 millones del monto que el Departamento del Tesoro Federal le devuelve a Puerto Rico por el arbitrio al ron que se produce en la Isla y se vende ese país. Bacardí no ha creado más empleos en la Isla a raíz de esta dádiva, según reconoció la propia empresa.
En los últimos seis años fiscales, el gobierno ha transferido a tres compañías productoras de ron en Puerto Rico $554.8 millones provenientes del reembolso que recibe la isla del arbitrio al ron que se vende en Estados Unidos, de los cuales $359 millones han ido a los bolsillos de Bacardí, una compañía multinacional que cuenta con 27 instalaciones en 16 mercados de cuatro continentes. Bacardí es la primera productora de ron en el mundo con ventas de este y otros licores en más de 150 países.
Pero no siempre fue así. Hasta el 2009, Puerto Rico utilizaba aproximadamente 94% de ese dinero para fomentar el desarrollo económico de la Isla. En ese año fiscal, según datos de la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda, Puerto Rico recibió un total de $449.5 millones en reembolsos del arbitrio federal al ron, de los que destinó $17.3 millones para el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y $5 millones para el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología. Otros $400.1 millones fueron al Fondo General para gastos corrientes y mejoras de capital del gobierno. Solo $27.3 millones fueron otorgados en incentivos para la industria de ron. Este subsidio era mayormente para apoyo en el área de mercadeo y promoción del producto.
Sin embargo, el Gobierno decidió enmendar la forma de distribuir los fondos de ese reembolso entregando alrededor del 40% del dinero que recibe producto del arbitrio al ron local que se vende en EEUU. Estos cambios se dieron en un intento por equiparar los jugosos incentivos que desde el 2007 comenzó a ofrecer el gobierno de Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el mismo renglón.
El Centro de Periodismo Investigativo encontró que, a seis años de los cambios, no solo se sacrificaron $434 millones que ya no llegan al Fondo General, sino que en medio de la recesión económica de casi una década, la industria del ron muestra un 11% de crecimiento, pero paga un 18% menos en contribuciones al erario.
Trasfondo del reembolso del arbitrio federal al ron
Puerto Rico participa desde el 1917 del programa federal de reembolso del arbitrio al ron, una política pública de apoyo financiero y desarrollo agroindustrial a la producción del ron y la industria azucarera. En el 1954, el Congreso extendió el reembolso a Islas Vírgenes, con el propósito de ayudar económicamente a Puerto Rico e Islas Vírgenes a proveer servicios públicos esenciales y a desarrollar proyectos de infraestructura.
El cálculo es el siguiente: de cada $13.50 de arbitrio por galón producido en un territorio y vendido en los estados, $13.25 se le devuelve al territorio. De esa cantidad, $10.50 están autorizados permanentemente por ley, mientras que los restantes $2.75 deben ser autorizados periódicamente por el Congreso mediante legislación. Por lo tanto, mientras más ron produzca un territorio y se venda en Estados Unidos, más fondos recibe el gobierno de ese territorio.
A través del programa, el Fondo General de Puerto Rico ingresó un promedio anual de $348 millones procedentes de los embarques de ron desde el 2002 al 2010. De acuerdo al informe oficial del Departamento de Hacienda en la partida de Ingresos Netos al Fondo General Federal, ese promedio anual ha disminuido a $252 millones desde el 2011 hasta 2016. Este periodo, que comprende los años desde que entró en vigor el aumento de las partidas de reembolso que reciben las destilerías, refleja una disminución de 27% de lo que el gobierno ingresa al fondo general por concepto del reembolso.
La guerra de los rones
En el 2008, el anuncio de la salida del ron Captain Morgan de Puerto Rico hundió el botón del pánico. Diageo, empresa matriz de ese ron, el segundo de mayor venta en Estados Unidos y que se elaboraba por Serrallés en Puerto Rico, anunció que mudaría su producción a Islas Vírgenes de los E.E. U.U.
El acuerdo entre el gobierno de Islas Vírgenes y Diageo se firmó el 17 de junio de 2008. Este acuerdo provocaría, a partir de 2012, la pérdida de $136 millones anuales del reembolso del arbitrio del ron, equivalentes al 31.4% de los ingresos que recibía Puerto Rico por este concepto. El acuerdo entre Islas Vírgenes y Diageo para trasladar operaciones de Captain Morgan a ese territorio resultaba demasiado atractivo para las otras empresas.
A Diageo se le otorgarían subsidios directos y otros incentivos, incluyendo la construcción de una planta de producción de ron que asciende a alrededor del 50% del nuevo ingreso producto del arbitrio federal que recibiría Islas Vírgenes como resultado del traslado de Diageo. El 23 de noviembre del 2010 anunció la apertura de su destilería en Santa Cruz.
Estos incentivos se pagarían con los fondos federales que recibe el gobierno de Islas Vírgenes de reembolso del arbitrio federal al ron, explicó al Centro de Periodismo Investigativo el pasado comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, quien presentó varios proyectos en el Congreso entre el 2009 y el 2011 para imponer topes en los incentivos que los territorios podían ofrecer a las empresas de los fondos del reembolso al ron.
Pierluisi afirma que las iniciativas no llegaron a primera base debido al fuerte cabildeo que provocó la inacción congresional. En ese contexto, el gobierno de Puerto Rico aprobó en el 2011 enmiendas a la ley de Rentas Internas aumentando de 10% al 46% lo que reciben directamente de ese dinero las marcas que participan en el Programa Rones de Puerto Rico.
“Los proyectos no adelantaron en el proceso legislativo, debido en gran parte a la oposición del Gobierno de Islas Vírgenes y de Diageo. El acuerdo tuvo un resultado predecible, y se generó una competencia (entre los territorios) para gastar los fondos. Esto no es lo ideal, pero no veo que el gobierno federal o los gobiernos territoriales estén tomando medidas para cambiar esto en un futuro cercano”, sostuvo Pierluisi.
Un análisis del efecto de esas enmiendas al Código de Rentas Internas realizado por el economista Ramón Cao confirma que los cambios en la distribución del reembolso del ron no han resultado en un buen negocio para el gobierno de Puerto Rico ni para el gobierno de Islas Vírgenes; han salido ganando las licoreras. De acuerdo a Cao, la inacción del Congreso para regular la forma en que los territorios distribuyen ese reembolso no le dio otra salida al gobierno de Puerto Rico que entró en la trampa para atraer o mantener la industria del ron a cambio de compartir el dinero que el gobierno federal les devuelve.
“Estos incentivos son una mala idea; lo ideal hubiese sido que el gobierno federal impusiese unas reglas; pero decidió mirar para otro lado, lo que provocó que cambiaran las reglas del juego. Es un juego que suma cero y que al final los jugadores salen peor porque quienes salieron beneficiados son las industrias que se llevan el dinero que se supone se utilice para arreglar carreteras, construir hospitales y pagarle a los maestros, que son las cosas que debe hacer un gobierno”, dijo Cao.
Con iniciativas como la Ley 148 del 2014, que destina un tope de $10 millones para mercadeo a través del Programa de Rones, la apertura en el 2013 de la tercera destilería Club Caribe Distillers, LLC, negociaciones con Serrallés para aumentar su producción de ron junto a un proyecto para la siembra de caña para sustituir la importación de melaza de esta destilería, el gobierno ha buscado recuperarse del dinero en reembolso que perdió con la salida de Captain Morgan.
Sin embargo, el dinero apenas entra a las arcas del gobierno. Desde que se aprobaron las enmiendas para aumentar el dinero que reciben las roneras, la Isla recibe cada año más dinero del reembolso pero ingresa menos al Fondo General. Por ejemplo, en el 2009, bajo la pasada fórmula de distribución, el gobierno pudo ingresar al Fondo General $400 millones de los $449 recibidos. Mientras, en el 2016 Puerto Rico, aunque el gobierno federal reembolsó $414 millones, de esa cantidad solo la mitad (alrededor de $200 millones) ingresó al pote del gobierno, por el aumento en el dinero que va directamente a las destilerías.
Para el economista Argeo Quiñones la política pública de otorgar subsidios para las operaciones de distintas industrias es uno de los elementos que ha provocado la crisis fiscal del gobierno. “Esta ley ocupa un lugar central en la explicación de cómo llegamos a la crisis fiscal, porque utilizamos recursos del fisco para estimular actividades que no aportan en proporción a los subsidios que reciben”, señaló el académico.
Según registra el Apéndice Estadístico de la Junta de Planificación, en los últimos cinco años la industria del ron ha crecido en un 11%, pero su aportación al Fondo General en ese mismo periodo ha bajado en un 18%. “O sea, producen más, pero pagan menos impuestos”, señaló el Dr. José Caraballo Cueto. Según el economista, aunque era necesario mejorar los acuerdos con las empresas de ron en Puerto Rico, el gobierno no debió ser tan generoso porque es una forma de subsidiar incondicionalmente a ese sector.
“Se debió dar un tratamiento especial debido a las circunstancias, pero debió ser a cambio de algo. Yo entiendo que tiene que haber una metodología más precisa que la mera amenaza de irse. Lo que ha ocurrido es que se le da ese subsidio a cambio de nada. No le están diciendo que tienen que crear tantos empleos, o comprar productos intermedios en Puerto Rico”, opinó Caraballo.
Criticó que en Puerto Rico se otorguen incentivos sin rigor que en el camino se convierten en mantengo corporativo, ya que no están atados a crecimiento en producción o a la creación de empleos.
El pasado secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, coincidió en que el problema de otorgar incentivos es que el gobierno no mide periódicamente su costo y su efectividad. Dijo que se debe requerir mediante ley que se hagan estudios cada cinco años para medir el impacto de cada incentivo que otorga el gobierno.
“Se debe hacer un estudio que mida cuánto ha dejado de recibir el gobierno; cuáles han sido los beneficios; si se justifica la mecánica de distribución y cuál ha sido el impacto a la industria… Ese es el gran defecto de las exenciones; que no se evalúan periódicamente. Hay que revisarlas”, insistió.
En los próximos meses, el gobierno se apresta a revisar estos incentivos, como parte del establecimiento de un Código de Incentivos para revisar, enmendar o eliminar aquellos acuerdos que no rindan beneficios al país.
El Departamento de Hacienda y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ya iniciaron el proceso de revisión. “Yo creo que tenemos que ver todo y ver qué efectividad tiene para el país… Cualquier fuente de recaudos que dependa de incentivos, analizarla, y esta es una de ellas”, dijo al CPI el nuevo secretario de Hacienda Raúl Maldonado.
El grande multinacional se come a los chiquitos locales: mientras más venden más reciben
Las enmiendas al código de Rentas Internas del 2011, no solo aumentaron la cantidad de dinero que reciben las productoras de ron, sino que dispusieron que ese dinero se distribuya de acuerdo al volumen de venta de la empresa, lo que beneficia directamente a las grandes productoras en comparación con las pequeñas destilerías locales.
El beneficiario principal es Bacardí una empresa con activos anuales de sobre $3,000 millones. En Puerto Rico, esta empresa produce el 83% del ron que vende mundialmente.
“A la pregunta de si podríamos operar sin el reembolso, pienso que sí”, aceptó Eduardo Vallado Moreno, vicepresidente regional de la cadena de suministro y manufactura de Bacardí para Las Américas. “(El reembolso) es importante, pero la mitad de ese 83% no recibe el beneficio del reembolso porque no llega a EEUU. Aún sin el arbitrio, estaríamos en Puerto Rico. Los cambios que se hicieron con el reembolso a Islas Vírgenes nos obligaron a reunirnos con el gobierno de Puerto Rico y buscar un acuerdo. Con el soporte del gobierno llegamos a un acuerdo que se puede decir eliminó la desventaja competitiva con Islas Vírgenes. No teníamos ninguna intención de salir de Puerto Rico, pero los cambios evitaron que se afectaran las operaciones por la competencia desleal que suponía los atractivos incentivos que ofrecía Islas Vírgenes a los productores de ron”, dijo Vallado.
Bacardí utiliza el reembolso para el mercadeo y la producción en Puerto Rico, aseguró. En los últimos años, la empresa ha invertido cerca de 120 millones en la modernización y renovación de las facilidades en la Isla, con la construcción de tres bodegas adicionales de añejamiento, la reconstrucción del área de mezclado de rones añadiendo más tanques y la construcción de un nuevo laboratorio, sostuvo Vallado. También admitió que no han aumentado su plantilla a pesar de que reciben más fondos anuales tras el aumento en el reembolso.

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