Evaluan medida para crear Panel de Abogados Voluntarios para Asistir a la SAL

EL CAPITOLIO – La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes evaluará el viernes una medida del presidente de dicho Cuerpo, Carlos ‘Johnny’ Méndez Nuñez, la cual busca crear el primer Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal.

Según reza de la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 11, “los abogados que ejercen el derecho penal privadamente y que están obligados a brindar servicios de oficio han asumido una carga de casos sumamente onerosa, ya que ésta no se distribuye equitativamente entre todos los miembros de la profesión legal. Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que la obligación de proveer recursos y establecer los mecanismos para que los acusados en procedimientos criminales tengan acceso a representación legal adecuada a quienes no puedan costearla. Es una obligación ineludible del Estado y en consecuencia, no debe caer exclusivamente sobre los hombros de la abogacía. Por tanto, se hace necesaria la creación del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

El Panel tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada, para proveer servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada.

“En nuestra jurisdicción, la responsabilidad y labor de representar ante el foro judicial a las personas indigentes acusados de la comisión de delitos recae, de ordinario y de manera principal, sobre los abogados y abogadas que integran la SAL. Sin embargo, cuando la persona sometida a un procedimiento de naturaleza penal sea indigente y, a su vez, no puede ser representada por la Sociedad, es deber del Tribunal asignar un abogado o una abogada de oficio”, añade la Exposición de Motivos.

Con el propósito de crear un sistema uniforme para la asignación de abogados de oficio en procedimientos penales, el 30 de junio de 1998, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, promulgó el Reglamento para la Asignación de Abogados de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal. A cuatro años de su implantación, en la Vigésimo Segunda Conferencia Judicial de Puerto Rico, comprobó la necesidad de efectuar una evaluación de la efectividad del sistema de abogados de oficio creado a la luz del Reglamento de 1998.

La Oficina estará adscrita a la SAL y sus gastos de funcionamiento se sufragarán de los fondos provenientes de las ventas del sello especial de suspensión, según lo dispone la Sección 2 de la Ley 17 -1915, generalmente conocida como Ley de Aranceles.

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