Cámara examina medida que concedería retiro más temprano a personal de Ciencias Forenses

EL CAPITOLIO – La Comisión de Sistema de Retiro y de Asuntos del Veterano presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, atendió el miércoles, en vista pública el Proyecto de la Cámara 492, para incluir a los patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” en la ley de “Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno (Ley 447)”.

La medida del representante José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz, tiene la intención de hacerles justicia a estos funcionarios de manera que puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio.

Durante los trabajos, Víctor Dekony, Director Ejecutivo Interino del Instituto de Ciencias Forenses, manifestó que este proyecto “le brinda justicia al personal pericial del ICF, cuya labor es una en la que tanto su seguridad física, de salubridad y emocional se ve afectada por la naturaleza del trabajo que desempeñan cada día”.

Explicó además que, el personal pericial se expone a recibir agresiones cuando se estudia una escena criminal, compromete su salud al exponerse a enfermedades por el manejo de cadáveres acumulados por escasez de personal y es más propenso a desarrollar condiciones músculo esqueletal que con el tiempo pueden merman sus habilidades para realizar sus funciones.

También fue enfático al mencionar que su salud emocional pudiera verse afectada por los riesgos a los que se exponen cuando presentan informes periciales en el tribunal ya que en múltiples ocasiones son objetos de amenazas.

Por su parte, la experta en salud del ICF, Ruth García, avaló el proyecto al indicar que “El alto riesgo para estos empleados es en todas las áreas tanto física como ergonómica, la exposición a enfermedades y la emocional por lo que es necesario que se les coloque en esta clasificación”.

Del mismo modo, la Licenciada Natalia M. Palmer Cancel, directora interina de la Administración de Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura, recomendó que como parte de los trabajos que se realizan para la aprobación de esta medida, se analice el costo actuarial de esta ventana de retiro, el cual según Dekony, cubriría a tres personas.

Además, sería necesario, que se aclare en la ley el concepto de empleado de alto riesgo para que se incluya a estos profesionales que en la actualidad son de difícil reclutamiento en ICF.

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