Aval a medida que crea la Oficina del Inspector General

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, inició el martes, la discusión del Proyecto de la Cámara 8, medida que busca volver a constituir la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).

La pieza de Fortaleza también declara la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental, la sana administración, y el buen uso de los fondos y la propiedad pública. Por ello, la legislación pretende la centralización de las funciones de auditoría en la Oficina del Inspector General, a fin de atajar la corrupción pública, lograr mayor transparencia y las mejores prácticas de sana administración en el Gobierno.

A la audiencia compareció la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, quien favoreció la aprobación del proyecto. Para la Contralora, la iniciativa es esencial para el funcionamiento correcto del Gobierno de Puerto Rico. Valdivieso lamentó que por desconocimiento, la Legislatura de la pasada administración haya desmantelado la OIG.

“Apoyamos que esta medida sea aprobada y que se vuelva a crear la Oficina del Inspector General lo antes posible. Debemos tener un socio más en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Valdivieso.

Reiteró que el objetivo más importante de la OIG, es conseguir una sana administración pública. “Es necesario tener todos los recursos de auditores internos disponibles para ir a cada una de las agencias y velar por la sana administración del día a día”, agregó la Contralora.

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), favoreció el Proyecto de la Cámara 8, por entender que el Gobierno necesita contar con los mecanismos necesarios para fiscalizar las autoridades gubernamentales y lograr una sana administración pública.

El portavoz de OGP, licenciado Facundo Di Mauro, dijo que están el proceso de identificar los recursos para la entidad y que los mismos serán incluidos en el presupuesto del año fiscal 2017-2018. El gasto inicial se ha estimado en 600 mil dólares.

Entretanto, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, también apoyó el proyecto. Dijo que la oficina anterior fue bien creada y que la misma cubrió un vacío que se tenía de lo que ocurría durante los procesos en las agencias.

No obstante, reiteró la necesidad de que se excluya al organismo que administra, a fin de garantizar la autonomía necesaria para llevar a cabo sus funciones ministeriales. “No eximir a la OEG de la aplicación de este proyecto provocaría que un organismo de la Rama Ejecutiva pueda pasar juicio sobre la manera en que desarrollamos nuestro trabajo, que incluye la auditoría de los informes financieros de las tres Ramas Constitucionales del Gobierno”, alertó la funcionaria.

De igual modo, planteó que el Inspector General debe tener inherencia en la Universidad de Puerto Rico.

Mientras, el Departamento de Justicia no mostró objeción de carácter legal a la aprobación del proyecto.

Navarro Suárez cuestionó si la inversión para restituir la OIG es necesaria, a lo que los deponentes respondieron en la afirmativa.

El presidente de la Comisión de Gobierno anticipó que, por la importancia de la medida, la misma contará con más vistas públicas.

“Este proyecto es importante, porque ayuda a la sana administración de los recursos y a combatir la corrupción. Entre más prevención haya, menos querellas de Ética y del Contralor se reportarán”, concluyó.

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