Sindicalistas reaccionan a carta de la JCF

SAN JUAN – Varios sindicalistas reaccionaron el jueves a la carta enviada ayer por la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a las medidas implantadas por su gobierno, como los cambios a las leyes laborales.

Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, alertó que “a juzgar por los recortes que ordenan al Departamento de Educación el cuadro resulta ser cada vez más desolador ya que significarán un impacto atroz hacia los niños, a nuestros jóvenes y a nuestro futuro. Esto sin contar el impacto que tendrán nuestros retirados. Reducir las pensiones a los maestros, además de ser insensato por el efecto que tendrá en esta población que no tiene seguro social, es crearle un problema monumental al país. Veremos a los maestros retirados en las calles, pidiendo limosna y enfermos sin capacidad económica para medicinas o tratamientos. El resto de los trabajadores retirados están también en situación precaria porque ya sus pensiones fueron afectadas con la Ley 3. Lejos de salvar al país, lo están hundiendo al dejarlo sin salida para desarrollar su economía”, añadió Díaz.

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, expresa que “la carta ensombrece el panorama futuro de los puertorriqueños que viven en la Isla y pone sobre el tapete dilemas mayores para el país y la sana administración pública. Aquí hay sectores que venimos exigiendo una auditoría de la deuda hace tiempo para que se tenga claro cuál es la deuda real del País, que se pueda identificar si se cometieron violaciones a la ley o la Constitución de Puerto Rico en las diversas emisiones y quiénes son los responsables reales del endeudamiento. Ahora la Junta ordena una auditoría, pero se hace de la vista larga al hecho de que ya existe una Comisión de Auditoría compuesta por ciudadanos de múltiples sectores. Los recursos para la auditoria forense deben ser asignados a la Comisión que ya existe, tiene un trabajo adelantado y goza de representatividad del sector civil puertorriqueño.”

Por su parte Nelly Ayala, presidenta de la Asociación de Empleadas de Comedores Escolares, denunció que “resulta altamente reprochable que se quiera seguir achacando los ajustes fiscales a la clase trabajadora mientras el gobernador, los jefes de agencias y legisladores solo se hacen recortes cosméticos a sus privilegios que nada afectarán su situación económica.

“Cuando hablamos de ajustes fiscales hay que poner en perspectiva qué son. La gente tiene que saber que cuando se hablan de ajustes en términos de servicios de salud no es otra cosa que recortes en la cubierta y en los servicios que reciben miles y miles de ciudadanos de Mi Salud” añadió Gerson Guzmán, de la Unión General de Trabajadores. Para el líder sindical, cuya organización representa trabajadores de hospitales en toda la Isla, los recortes impactarán brutalmente a los sectores más desventajados del país que son los beneficiarios del programa.

En cuanto al gasto de nómina en el gobierno que alude la Carta, el presidente de la Federación de Trabajadores, José Rodríguez Báez, y Annette González, de Servidores Públicos Unidos, coincidieron en que no hay manera en que las medidas de austeridad anunciadas por la Junta en aras de pagarle a los bonistas no tengan un impacto sobre los trabajadores públicos. “Ordenar la reducción de la nómina gubernamental en un 30 por ciento no significa otra cosa que despidos, pretender decirlo de otra manera es llamarnos a engaño”, señaló tajantemente la líder sindical. Por su parte, José Melara, de la United Auto Workers organización que también representa a trabajadores públicos, denunció que las medidas de austeridad provocarán que Puerto Rico sea la Grecia del Caribe. “Estas medidas de austeridad no son nuevas, ya fueron ensayadas en otra sitios con resultados francamente catastróficos. Insistir en ellas es apostar a soluciones fallidas. Puerto Rico experimentará un éxodo masivo de gente ante el resultado de dichas medidas”.

Las medidas de recortes que señala la Junta de Control Fiscal también tendrán sus efectos sobre los servicios esenciales que se le ofrecen al país. Para el presidente de la Unión Independiente de Acueductos, Pedro Irene Maymí, resulta llamativo que se hablen de servicios esenciales pero queden en suspenso cuáles son esos servicios. “Aquí se han impuesto aumentos en el costo del agua como de medidas de atraer dinero a las arcas del gobierno. ¿El agua no es un servicio esencial para el pueblo? De todo lo que me preocupa en cuanto a los señalamientos de la Junta y la carta enviada al gobernador debo alertar que no puedo quitarme de la cabeza que serán ellos quienes determinarán cuáles son los servicios esenciales del país. Y ha quedado claro que el país donde ellos viven no es el mismo en el que nosotros vivimos.”

Para Andrés Lloret, presidente de la Federación Central de Trabajadores, la mera sugerencia de imponer aumentos y eliminar exenciones contributivas resalta la visión totalmente enajenada que tienen los miembros de la Junta sobre la realidad de los trabajadores en el sector privado y público en Puerto Rico y desconocen los sacrificios que hacen para cumplir con su carga contributiva en detrimento de la calidad de vida de su familia. A ello añadió Iram Ramírez, de la Office and Professional Employees International Union, que resulta imperativo combatir las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal y de aquellos funcionarios locales que simplemente se ciñen a las mismas. “Con esto queda evidenciado la falta de compromiso de la Junta con nuestros niños y juventud. Junto al sector empresarial impulsaron una reforma laboral que atenta contra los jóvenes. Ahora, en otra medida anti-jóvenes proponen reducir el acceso a la educación no solo proponiendo aumentos en los costos del crédito universitario sino despidiendo profesores y empleados en la universidad. Ante esto los jóvenes tenemos que organizarnos en favor de nuestro futuro.”

Entre otras medidas, la JCF ordena al gobierno de Rosselló Nevares recortar 3 billones de dólares en servicios y beneficios al pueblo e imponer 1,500 millones de dólares en cargas contributivas.

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