Representante pide atención con orden ejecutiva proyectos de infraestructura

EL CAPITOLIO  – El representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz González, aseguró el miércoles que los puertorriqueños deben estar atentos a la ejecución de la Orden Ejecutiva 2017-003, del gobernador Ricardo Rosselló, que declara un estado de emergencia relacionado a la infraestructura del país.

“La orden ejecutiva firmada por el gobernador Rosselló, al amparo de la Ley 76 del 2000, declara un estado de emergencia en cuanto a la infraestructura del país y le confiere un poder amplio a su administración para impulsar proyectos sin cumplir con la reglamentación vigente sobre planificación, ambiente, zonificación, permisos de construcción, subastas y otros”, expresó el legislador en declaraciones escritas.

Ortiz González alegó que la Ley 76 se realizó con el objetivo de agilizar los procesos gubernamentales cuando el país enfrenta desastres naturales o emergencias que requieran activación rápida de mecanismos de restauración o reconstrucción. Dijo que en ese sentido, el usar la Ley 76 sólo para establecer un procedimiento “fast track” representa una expansión de poderes más allá de los propósitos para los que originalmente fue contemplada.

Entretanto, el representante explicó que según el artículo 12 de la propia Ley 76 de 2000; “las Órdenes Ejecutivas para declarar emergencias emitidas por el gobernador al amparo de las disposiciones de este capítulo, tendrán una vigencia no mayor de seis meses. El gobernador podrá, mediante Orden Ejecutiva, extender el estado de emergencia por el tiempo que estime necesario, sin exceder el término de su incumbencia”.

“Establece además dicha ley en el mismo artículo que “… dentro de dicho periodo de tiempo, la Asamblea Legislativa, de entenderlo necesario, pasará juicio sobre el contenido de las mismas (Órdenes Ejecutivas) y podrá delimitar sus alcances a través del mecanismo de la Resolución Concurrente”, añadió Ortiz González.

El representante hizo un llamado a la rama legislativa a estudiar y pasar juicio sobre esta orden y si fuera necesario, expresarse para delimitar el alcance de la misma. Ortiz González entiende que el poder legislativo no puede ceder en su deber de representar y velar por los intereses del pueblo.

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