Dalmau insta al Senado a rechazar medidas de Trump

EL CAPITOLIO  – El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau Ramírez, presentó el lunes, una resolución senatorial para que ese cuerpo rechace una Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump con fecha de 27 de enero de 2017, que producirá en su implementación efectos detrimentales para con la protección y promoción de derechos humanos fundamentales.

“Puerto Rico es parte de la bola del mundo. No podemos ignorar que las más recientes órdenes administrativas del presidente Donald Trump representan una amenaza al balance global necesario en el respeto y protección de los derechos humanos. La sensibilidad en el trato a los extranjeros y de las personas que padecen las injusticias de los conflictos bélicos, es un imperativo. En Puerto Rico, reside una comunidad árabe y musulmana que aporta a nuestra diversidad cultural y desarrollo económico y se ven amenazadas por las medidas aprobadas. Nuestro ánimo solidario hacia ellos y ellas, no debe variar en virtud de nuestra afiliación política individual o de las perspectivas diversas que podamos profesar, en el contexto de la relación jurídico-política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Los y las puertorriqueños y puertorriqueñas, estamos llamados a expresarnos inconformes cuando el resto de nuestra comunidad humana se enfrenta a escenarios que comprometen su derecho a vivir en paz”, expresó el senador independentista en declaraciones escritas.

El pasado 27 de enero de 2017, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, suscribió una Orden Ejecutiva que tuvo por efecto prohibir de inmediato y por un término de noventa (90) días, la entrada a los Estados Unidos de nacionales de Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan y Yemen. La Orden Ejecutiva también prohíbe, pero en forma permanente, la entrada a los Estados Unidos de personas provenientes de Syria que, de ordinario, llegan al país norteamericano en busca de refugio, contra las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos que se encuentran en curso en su país.

La Resolución del Senado Número 71 presentada por el Portavoz del PIP cita un estudio de política pública estadounidense que refleja que de 1975 al 2015 ningún estadounidense ha sido asesinado en ese país por ciudadanos de los siete países afectados por la Orden Ejecutiva.

“Se trata pues de una acción conocida como “amenaza fantasma” (phantom menace). Medidas de política pública que no responden a datos estadísticos, sino a explotar el prejuicio general. Es por ello que en Estados Unidos y a nivel global las medidas adoptadas por la Orden Ejecutiva han sido ampliamente repudiadas”, concluyó Dalmau Ramírez.

Diversas organizaciones y entidades supervisoras para la protección y promoción de los derechos humanos, han emitido resoluciones y manuales que sugieren de forma exhaustiva las estrategias adecuadas para producir seguridad interna, sin menoscabar las garantías básicas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre tales organizaciones se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y la organización intergubernamental conocida como Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OSCE

/ ODIHR).

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