Federales acusan a siete por supuesto fraude al Seguro Social

SAN JUAN  – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el jueves, que un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico presentó cinco acusaciones separadas contra siete personas por supuesto fraude contra las prestaciones del seguro de discapacidad de la Administración del Seguro Social (SSA) en Puerto Rico.

“Este es un gran ejemplo de los continuos esfuerzos del Gobierno por disuadir el fraude contra los programas de seguridad social”, dijo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Mencionó que la SSA es responsable de la implementación del Programa de Beneficios del Seguro de Discapacidad. La SSA proporciona beneficios monetarios a los trabajadores con discapacidades severas de largo plazo, que han trabajado en el empleo cubierto por la SSA por un período de tiempo requerido. Los cónyuges y los hijos a cargo de trabajadores discapacitados también pueden ser elegibles para recibir beneficios.

De acuerdo con las regulaciones de la SSA, un reclamante debe probar a SSA que él o ella es discapacitada proporcionando la evidencia médica y otra con la aplicación. La solicitud y la evidencia de apoyo serían evaluadas por SSA para determinar los impedimentos médicos del individuo y determinar el efecto del impedimento sobre la capacidad del reclamante para trabajar de manera sostenida.

Las cinco acusaciones contra siete individuos de robo de propiedad gubernamental, ocultación o no divulgación de actividad laboral al SSA y declaraciones falsas o representaciones a la SSA. Estos acusados ​​a sabiendas y voluntariamente malversaron, robaron y convirtieron a su propio uso los pagos del Seguro Social de Beneficios del Seguro de Incapacidad a los cuales los acusados ​​sabían que no tenían derecho.

Dos de los siete individuos, a saber, Arturo Santiago-Acevedo y Erick Malavé-Hernández, también fueron acusados ​​de fraude sanitario. Estos demandados, como parte de sus beneficios de incapacidad de la SSA, se hicieron elegibles, solicitaron y recibieron beneficios bajo el Programa Medicare.

Una vez que una persona está recibiendo beneficios por discapacidad de SSA durante 24 meses, automáticamente comienza a recibir la Parte A del Programa de Medicare (hospitalizaciones) y es elegible para solicitar la Parte B y C del Programa de Medicare. Si deciden solicitar la Parte B y / o C del Programa de Medicare, la prima mensual se deduce de sus beneficios de incapacidad mensuales.

Los otros cinco acusados ​​son: Ferdinand Negrón Candelaria, a.k.a. “Yuca;” Jorge Bultrón Casas, a.k.a. “Ernesto Bultrón Casas,” a.k.a. “George Bultrón;” Nancy López Villanueva; Aracely Amadeo Pumarejo y Luz Hiraldo Rivera. Informaron durante una Revisión Continua de Discapacidad (CDR) que el beneficiario supuestamente no había podido trabajar debido a diferentes condiciones de salud, cuando en verdad estaban trabajando.

Añadió que el Departamento de Justicia se compromete a investigar y enjuiciar a los que participan en esquemas fraudulentos. Esperemos que esta ronda de detenciones disuada a más personas de participar en este tipo de planes, porque vamos a seguir investigando estos crímenes.

John Grasso, Agente Especial de SSA-OIG John Grasso, dijo: “El programa de Seguro de Discapacidad del Seguro Social está destinado a apoyar a las personas realmente necesitadas de este beneficio importante y ganado, no a aquellos que están dispuestos a mentir acerca de su verdadera condición para robarle Fondo Fiduciario de la Seguridad Social. Estoy muy agradecido por los esfuerzos de todos nuestros socios de la ley involucrados en esta investigación y por el continuo compromiso de la Procuraduría de los Estados Unidos para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de perseguir agresivamente estos importantes casos. Yo aliento fuertemente al público a reportar casos sospechosos de fraude del Seguro Social a la Línea Directa de Fraude de la OIG al 1-800-269-0271 o https://oig.ssa.gov/report”.

Estos casos fueron investigados por la Seguridad Social-OIG con la colaboración de la Oficina de Salud y Servicios Humanos-Inspector General y el Departamento de Policía de Puerto Rico y fueron procesados ​​por la asistente especial de la fiscal de los Estados Unidos, Vanessa Bonano Rodríguez.

Si es hallado culpable, los acusados ​​podrían enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión y / o multas de hasta 250,000 dólares. Las acusaciones sólo contienen cargos y no son pruebas de culpabilidad. Se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

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