UTIER rechaza más impuestos y el uso de los trabajadores como rehenes para el Gobierno adelantar sus objetivos

utierSAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, repudió el viernes, que el gobernador Alejandro García Padilla continúe la imposición de más impuestos sobre la clase trabajadora y la utilización de los trabajadores como rehenes para adelantar sus torcidos objetivos.

“Es hora de ponerle punto final a la política pública de la presente administración gubernamental de establecer como prioridad el pago de lo adeudado a los bonistas, independientemente del empobrecimiento y el sufrimiento del pueblo puertorriqueño.

Hace unos meses era la venta del aeropuerto o el hundimiento de la Autoridad de los Puertos. Se vendió el aeropuerto y Puertos sigue endeudada. Luego, el país entero estaba al borde del colapso y les robaron el retiro a los trabajadores. El cierre de escuelas ha sido la solución gubernamental para los problemas de educación. Para atender la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica le robaron el bono Navidad y los derechos, como si fuera otro impuesto a los empleados, para pagarle a la señora Donahue y a los bonistas. Ante cada crisis, las únicas alternativas que parece tener esta administración son la imposición de impuestos, el despido de trabajadores y un mayor endeudamiento.

Ante la imposibilidad de pagar los 2,200 millones de dólares que adeuda la Autoridad de Carreteras, nuevamente se pretende acudir a la imposición de un impuesto, esta vez al petróleo. Para intentar justificar lo injustificable se ha recurrido, una vez más, a una campaña mediática plagada de mentiras. Hoy, es para salvar la Autoridad Metropolitana de Autobuses, mañana El Tren Urbano, pasado las lanchas de Vieques y Culebra y luego, serán otras y otras.

No le hablan claro una vez más al pueblo al ocultar que la privatización de la PR22 y PR-5, mediante una APP, dejó de ingresar aproximadamente 250 millones de dólares anuales al gobierno, que hoy se lleva la empresa privada Metropistas. Ahora el Gobernador, Alejandro García Padilla, pretende aprobar un nuevo impuesto para subsanar la pérdida de estos ingresos debido a la privatización.

Ante el aparente fracaso de esta estrategia para lograr la aprobación de la nueva “Crudita”, ahora el gobernador García Padilla recurre a la táctica terrorista que aprendió de su maestro Aníbal Acevedo Vilá. Utiliza de rehenes a los trabajadores echándolos a la calle y cerrando operaciones gubernamentales. Con esta abusiva acción que, una vez más, afecta a los sectores más pobres de nuestro pueblo al dejarlos sin transportación y, a la clase trabajadora que se queda sin empleo, se pretende volcar la opinión pública para que acepte dócilmente el nuevo impuesto.

Sin explicar qué se hizo de los millones que la Autoridad de Carreteras recibió en Fondos ARRA, sin decir cómo y para qué se utilizó el dinero recibido por la venta de las dos principales autopistas, fuente principal de ingresos de la corporación pública, sin justificar cómo se llegó a una deuda de 2,200 millones de dólares habiendo dejado en total abandono las carreteras del país y sin aceptar responsabilidad alguna, se pretende colocar sobre los hombros de la clase trabajadora un nuevo impuesto cuyo efecto multiplicador sobre el costo de vida todavía no se ha calculado.

Se equivoca el Gobernador y sus asesores financieros si piensan que con la violencia institucional que han desatado los trabajadores vamos a aceptar nuevamente el que se nos continúe atropellando e imponiendo más impuestos. Definitivamente volveremos a la calle reclamando nuestro derecho al trabajo, el fin del atropello gubernamental y exigiendo sensatez y buen juicio en la administración del país, comenzando por reconocer que la deuda es impagable y nuestro pueblo no tiene por qué sufrir las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomaron terceros interesados en su nombre”, expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

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