Las implicaciones en Venezuela de suspender el juicio contra Maduro

Las implicaciones en Venezuela de suspender el juicio contra Maduro

Foto: REUTERS Maduro celebró que el TSJ prohíba el juicio en su contra en la Asamblea, así como las protes

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Maduro celebró que el TSJ prohíba el juicio en su contra en la Asamblea, así como las protes

Tres días después de que en la mesa de diálogo el Gobierno venezolano se comprometió a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Legislativo suspender el intento de “juicio político” contra el presidente Nicolás Maduro.

El intento del parlamento de declarar la responsabilidad política del presidente Maduro sobre la crisis económica y social del país fue uno de los mecanismos activados por la oposición para presionar al Gobierno tras la suspensión del referendo revocatorio.

Sin embargo, como gesto de buena voluntad por la instalación de la ‘mesa de diálogo’ con el Gobierno –auspiciada por el Vaticano– y Unasur, la dirigencia opositora desistió momentáneamente de continuar con el proceso, al tiempo que suspendió toda protesta o manifestación de calle contra el mandatario nacional mientras intenta avanzar en lo que llama una “solución electoral” a la crisis del país.

Pero ante la posibilidad de que la mesa de diálogo fracase o la oposición quiera retomar la agenda de protestas, el TSJ –de abierta inclinación oficialista– dio un paso adelante para proteger al Ejecutivo en ambos frentes.

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En ese orden, la sentencia 948 emitida este martes ordena a los diputados “abstenerse a continuar el inconstitucional, nulo e inexistente ‘juicio político’ en contra del Presidente”, y al mismo tiempo prohíbe “convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general”.

La decisión del TSJ sucede en respuesta a una solicitud hecha por la Procuraduría General de la República poco después de que se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

El presidente Maduro había solicitado a esta instancia que se pronunciara, considerando que con el ‘juicio político’ el parlamento quería dar un golpe de Estado.

Al conocer la sentencia, el mandatario señaló satisfecho que el TSJ “puso las cosas en su justo lugar”.

Esta decisión ata de manos aún más a la Asamblea Nacional venezolana –de mayoría opositora desde enero de este año–, cuyos actos fueron declarados “inválidos” por el TSJ el 2 de septiembre de este año.

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También contraviene el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar pacíficamente.

El presidente de la Asamblea, Henry Ramos, aseguró que esa instancia “seguirá desacatando” las decisiones del TSJ, que este año ha dictado más de 30 sentencias contra las acciones del parlamento.

La Sala Constitucional del TSJ “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos, pero no a la Asamblea Nacional electa por el pueblo”, agregó con su habitual verbo encendido Ramos Allup.

La sentencia publicada el martes supone además mayor presión política para la ‘mesa de diálogo’, en tanto la oposición venezolana observa cómo se aleja la posibilidad de activar el referendo revocatorio este año mientras el Gobierno refuerza el cerco a cualquier manifestación en su contra.

La oposición hasta ahora no ha cosechado éxito alguno en la ‘mesa de diálogo’.

A pesar del compromiso asumido por el oficialismo de acceder a unas nuevas elecciones en el estado Amazonas (lo que podría restituir la mayoría calificada de la oposición en el Parlamento), no se ha dado fecha para ello. En la sesión legislativa de este martes, los tres asambleístas pidieron ser desincorporados, con la condición de que el caso se resuelva con celeridad.

El Gobierno tampoco ha accedido a la liberación de ningún preso político. Ni hablar de algún avance en un cronograma electoral a nivel nacional.

En cambio, mantiene en pie sus decisiones, como la declaratoria del ‘estado de excepción por emergencia económica’ (prorrogado por cuarta vez este lunes), con la que el presidente Maduro toma decisiones en el ámbito económico sin consultar al parlamento. Incluso promulgó el presupuesto de la Nación para el año 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional y con la venia del TSJ.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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