Gobernador excluye a ciertos empleados de pruebas de detección de marihuana y da luz verde a venta de propiedades del DE

Sello del Gobernador de Puerto RicoSAN JUAN – La Fortaleza informó el sábado que el gobernador Alejandro García Padilla firmó tres órdenes ejecutivas, que buscan extender ciertos beneficios a confinados cobijados bajo el pleito Morales Feliciano, pondrá a la venta algunas propiedades del Departamento de Educación y excluye a los miembros de la Rama Ejecutiva del Programa para la detección de consumo de marihuana.

De acuerdo al parte de prensa, dicha exclusión no aplicará a los candidatos o aspirantes a empleo dentro del gobierno, pues en estos casos la pruebe de detección de consumo de sustancias controladas es de carácter obligatorio.

“Este decreto reafirma el interés de la actual administración por continuar tomando acciones concretas y nuevos enfoques dirigidos a la reducción de las sanciones formales por el uso personal del cannabis. En cumplimiento con la política pública establecida por esta administración en el procesamiento de casos por posesión de marihuana, donde se establece que los mismos no son prioridad para el Estado, esta nueva orden reitera el compromiso de este gobierno de reenfocar los recursos legales del Estado”, destacaron.

De otro lado, la Orden que viabiliza la comercialización anual de propiedades del Departamento de Educación (DE), le ordena al secretario de dicha agencia presentarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Tierras (AT), el inventario disponible para la venta, durante el último día laborable del mes de julio de cada año. Luego DTOP hará una evaluación para determinar si las propiedades están en condiciones para vender y no son de uso público. Finalmente, la AT será la entidad encargada de mercadear y vender las propiedades. Los recursos obtenidos de dichas ventas serán destinados al DE para ser usados para la reparación y acondicionamiento de las escuelas públicas.

“De esta forma, esta Orden Ejecutiva atiende la pobre planificación urbana y la construcción desmedida, así como el gasto innecesario en arrendamientos por parte de las agencias, municipios y demás instrumentalidades gubernamentales”, apuntaron.

Finalmente, la otra Orden Ejecutiva persigue que varias agencias suscriban los acuerdos de colaboración que estableció el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el acuerdo de transacción del pleito Morales Feliciano. Entre esos acuerdos se concede beneficios por un año a los confinados encarcelados entre el 1980 al 1986.

Las dependencias gubernamentales impactadas con esta directriz lo son el DE, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Estado, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

“La administración de García Padilla ha sido pionera en la instauración de medidas y el establecimiento de procesos para lograr la rehabilitación social de los miembros de la población correccional con el fin de fomentar su reincorporación social. De esta manera, ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, prestando especial atención a las deplorables circunstancias del sistema penal, que habían sido postergadas por los pasados gobiernos. Como resultado, hoy día los confinados cuentan con servicios de salud, provisión de alimentos, seguridad y recreación adecuados”, concluyeron.

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