¿Donald Trump deportará a los jefes de la mafia colombiana?

Donald Trump comenzará su gobierno el 20 de enero en la Casa Blanca. Sus prioridades serán la seguridad y la economía FOTO AP

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La promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a 3 millones de inmigrantes irregulares y a los que cuentan con pasado delictivo, tiene en ascuas a varios exjefes y socios de la organización criminal “la Oficina”, que viven en ese país.
Trump hizo el anuncio hace dos semanas, en entrevista para el programa 60 Minutes del canal CBS. “Vamos a echar del país o encarcelar a todos los que tienen antecedentes criminales, traficantes de drogas, miembros de bandas, probablemente 2 millones, podrían ser hasta 3 millones”, recalcó.
El comentario generó cruces de mensajes entre líderes de “la Oficina” en EE.UU. y sus representantes jurídicos, de acuerdo con fuentes judiciales que solicitaron reserva de identidad. Los exconvictos, que tras pagar sus penas y convertirse en informantes de la DEA recibieron un permiso especial para quedarse allá, están intrigados ante la posibilidad de un regreso forzoso a Colombia.
El caso de alias Yiyo
El último en salir de la celda fue Mauricio López Cardona, alias Yiyo o William. Este desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005), se convirtió en el jefe de la principal banda del Valle de Aburrá en 2008, luego de la extradición de Diego Murillo Bejarano (Berna) y el sometimiento a la justicia estadounidense de Carlos Aguilar Echeverry (Rogelio).
El reinado de Yiyo duró poco, pues decidió hacer un acuerdo con la DEA y la Fiscalía de allá, que lo investigaban por narcotráfico y homicidio. En 2009 concretó su entrega a agentes antidrogas, quienes lo recogieron en Costa Rica y lo trasladaron a Nueva York, donde pagó la mayor parte de su encarcelamiento en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan.
El expediente S109cr.156, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, reseña que López fue procesado por ocho cargos: conspiración para importar cocaína a EE.UU.; conspiración para obstruir a la justicia, por ofrecer sobornos a policías colombianos para que filtraran información sobre investigaciones de la DEA en Medellín; y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional, debido a sus nexos con las Autodefensas (Auc).
Los otros cuatro cargos son por el delito de homicidio en conexión con el tráfico de narcóticos. Frente a esto, la acusación del fiscal Preet Bharara relacionó cuatro víctimas: NN alias “Sánchez”, en Medellín (2003); Jéferson Enrique Martínez López, apodado Omega y hombre de confianza del exjefe paramilitar “Jorge 40”, acribillado en Copacabana (2006); el comandante de las Auc, Vicente Castaño Gil, en Nechí, Antioquia (2007); y Jéfferson Gastanera, en Medellín (2007).
Pese al prontuario, la cooperación de Yiyo terminó beneficiándolo en los estrados norteamericanos. Una fuente cercana al gobierno estadounidense, afirma que entregó una lista de 122 policías corruptos que tenían nexos con “la Oficina” y los datos que llevaron a la captura y posterior extradición de un cabecilla financiero de la banda, Luis Fernando Castaño, alias Botija o la Firma (2009).
López aceptó la culpabilidad en los ocho cargos y fue condenado a ocho años de cárcel el 8 de diciembre de 2015, por el juez Paul G. Gardephe, quien además le impuso una multa de 800 dólares y libertad supervisada durante los próximos cinco años.
Tras cumplir el 90% del tiempo de sentencia, fue trasladado a una celda de detención temporal, donde un juzgado de inmigración debía resolver su situación. A través de abogados, el reo invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), señalando que podría ser víctima de estas situaciones si lo deportaban a Colombia.
La justicia le dio la razón y a mediados de julio pasado Yiyo salió en libertad y se quedó viviendo en Nueva York, con un permiso especial.
Exconvictos en EE.UU.
Valiéndose de esa misma convención de la ONU lograron su libertad otros miembros de “la Oficina”, además de un permiso temporal para quedarse en territorio estadounidense con su núcleo familiar. Uno de ellos es Rogelio, quien pasó por la banda “los Pepes”, se desmovilizó de las Auc y llegó a ser máximo líder de “la Oficina” (2008). Estuvo encarcelado siete años en Manhattan y salió en 2015.
Otros más fueron socios financieros de la banda y de las Auc, como: Juan Carlos “el Tuso” Sierra, quien luego de cinco años a la sombra retomó su libertad en 2013; Gustavo Álvarez Téllez (Gordo Tavo), que pagó 36 meses y salió en 2015; y Jhon Restrepo Santamaría (Perraloca), libre hace cuatro años.
En el listado también aparecen exmiembros de los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle: Félix Chitiva (la Mica), Wenceslao Caicedo (W) y Andrés López (Florecita), respectivamente. “Más bien pregunte cuántos han regresado a Colombia, porque casi todos se quedan allá. Puede decir que un 80% de los narcos extraditados, logran un estatus legal de residencia en EE.UU.”, asevera la fuente cercana al Gobierno americano.
Ahora, entre algunas de estas personas hay preocupación porque esa realidad cambie, por Trump. También hay que decir que su regreso produciría un reacomodo en el bajo mundo de las principales ciudades de Colombia, hecho que suele ser violento, ya que muchos de ellos ni siquiera tienen procesos penales activos aquí y no llegarían directo a la cárcel; tal es el caso de Yiyo y Rogelio.
Posible, pero difícil
Alfonso Gómez Méndez, quien fue procurador General (1989-90), fiscal General (1997-01) y ministro de Justicia (2013-14), señala que “el tema de la inmigración hace parte de la política interna de EE.UU., por lo tanto ellos tienen la potestad para decidir quién se queda y quién se va”.
Sin embargo, el jurista afirma que el Estado colombiano tiene derecho a solicitar la deportación de “aquellos que pagaron penas pequeñas por narcotráfico y que todavía no han respondido por sus crímenes de lesa humanidad en nuestro país”.
El sociólogo y analista del conflicto, Max Yuri Gil, opina que “en principio se dice que los deportados serían los inmigrantes ilegales, y este no sería el caso, pues ellos hicieron acuerdos con la justicia de allá y se validó su estatus migratorio; si aún así los deportan, podría ser potencialmente riesgoso, debido a su conocimiento y contactos en la criminalidad colombiana”.
Añade que, si ocurre, “también sería una oportunidad para resolver un problema, pues la permanencia de ellos en EE.UU. es una forma de impunidad, y con su retorno podrían aportar a la verdad que están buscando las víctimas”.
Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de Eafit, cree que la deportación de estos exconvictos “no es tan viable, pues iría en contradicción con las políticas de la DEA. Muchos logros de esta agencia antidrogas se basan en la capacidad de negociación con los criminales. Si esos pactos se rompen, ya no tendrían quién delate a los narcos, poniendo en riesgo su propia estrategia antidrogas”.
Y concluye: “sería como si ellos mismos se dieran un tiro en el pie”.

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