¿Son viables las propuestas de Uribe para lograr un acuerdo de paz con las FARC?

gettyimages-612895004Que el narcotráfico no sea calificado como delito político. Que los guerrilleros de las FARC que incurrieron en delitos atroces no tengan elegibilidad política y paguen penas con restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años, aunque en sitios alternativos como granjas agrícolas. Que se derogue el Tribunal de Justicia Transicional y exista una “norma de alivio judicial” para los soldados y policías ya condenados por hechos relacionados con el conflicto armado (como la ejecución de civiles inocentes que hacían pasar por guerrilleros caídos en combate para cobrar recompensas). Que no se afecte la propiedad de la tierra. Que los acuerdos de paz se cumplan dentro de las actuales “posibilidades fiscales y financieras” del país.

En esos puntos están resumidas las principales propuestas que hizo este domingo el expresidente, senador y principal líder de oposición Álvaro Uribe, justo una semana después del plebiscito en el que el 50,2% de los votantes colombianos rechazaron los acuerdos de paz con las FARC.

En un corto video de YouTube que dio a conocer vía Twitter —hoy por hoy, su principal herramienta de comunicación—, Uribe planteó que las discusiones con el Gobierno sean públicas “para evitar tergiversaciones”. Aseguró que los promotores del no “siguen por la paz” y pidió “paciencia” ante la “urgencia” y presión de buena parte de la ciudadanía, que ha salido a las calles para pedir que no se dilate más el acuerdo.

Lo hizo horas antes de reunirse, este lunes, con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de La Habana, en un intento por destrabar los acuerdos logrados tras una negociación de casi 4 años, que quedaron en suspenso por el sorpresivo resultado de la jornada electoral del 2 de octubre.

¿Nuevas propuestas o nuevas interpretaciones?

Varias de sus propuestas, de hecho, ya estaban en esos acuerdos, pero Uribe las presenta ahora con una interpretación distinta o sin mayores detalles. Es el caso del tema de las tierras —el acuerdo planeaba crear un fondo con 3 millones de hectáreas para repartir entre los campesinos que nunca han tenido acceso a la tierra y formalizar otros 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, pero era claro en no tocar la propiedad privada habida legalmente— y el de las penas de entre 5 y 8 años —que en los acuerdos estaban definidas para los guerrilleros que reconocieran toda la verdad, se comprometieran con la reparación y garantizaran la no repetición, aunque con sanciones que incluían construcción de escuelas, carreteras y centros de salud, entre otros—. La amnistía para todos los delitos menos los considerados de lesa humanidad o graves crímenes de guerra, de la que Uribe habló la semana pasada, ya está planteada también en los acuerdos.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que ve “muy difícil” las propuestas de Uribe en lo relacionado con la justicia especial para la paz porque “cambian la esencia” de lo que se acordó con las FARC.

“En lo que tiene que ver con justicia y el funcionamiento del tribunal de la justicia especial para la paz, cambian la esencia de los acuerdos y es muy difícil que se puedan presentar modificaciones”, dijo Cristo a la prensa el lunes.

Carlos Enrique Moreno León, politólogo y profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI, cree que el argumento de Uribe “de que el acuerdo como se firmó abre la puerta a la impunidad de delitos atroces queda sin piso, porque el texto dice muy claramente que no habrá amnistía en esos casos”.

“En cuanto a las sanciones, el acuerdo también las prevé de 5 a 8 años pero no habla de cárcel con barrotes sino de la necesidad de que durante ese tiempo los guerrilleros estén concentrados en sitios donde puedan reparar a la comunidad con la realización de múltiples actividades. Como está planteada, en la propuesta de Uribe esa reparación no es posible, pues aunque sea en granjas agrícolas, los guerrilleros estarían recluidos en un lugar especifico sin posibilidad de salir a reparar a sus víctimas. Es una propuesta de sanción sin reparación que debería ser mucho específica en ese aspecto”, agrega el experto.

Uribe también propuso derogar el Tribunal de Justicia Transicional acordado por las FARC y el Gobierno, con el argumento de que tiene “facultades exhorbitantes” como la de definir qué acciones son delitos, habló de crear en su lugar una sala transicional en la Corte Suprema de Justicia y volvió a insistir en un “alivio judicial” para los miembros de la Fuerza Pública condenados por hechos cometidos en el marco del conflicto armado, pues “no pueden ser igualados a la guerrilla”.

Durante el proceso que se llevó a cabo en Cuba el Estado colombiano aceptó su responsabilidad en la comisión de delitos relacionados con el conflicto y uno de los principios básicos del texto final de 297 páginas que se firmó el pasado 26 de septiembre es que las FARC no son el único actor que tiene el papel de victimario en la guerra del país suramericano.

Para el analista y consultor Andrés Mejía Vergnaud, en este aspecto de las propuestas queda clara la intención del expresidente de “torpedear los acuerdos”.

“Los cambios más profundos que exige están en los temas de justicia, que fueron los que más tiempo se tardaron en negociar en Cuba, pues ese punto necesitó de 14 meses para cerrarse. Es muy poco probable que la guerrilla los acepte. En el Centro Democrático lo saben y eso dilataría quién sabe hasta cuándo este proceso”, le dijo Mejía a CNN en Español. Un posible indulto a los miembros de la Fuerza Pública, además, podría significar que entren en el radar de la Corte Penal Internacional (CPI).

En una alocución televisada en la noche del lunes, el presidente Juan Manuel Santos pidió “avanzar con sentido y urgencia, es decir no dilatar”. El mandatario pidió que los delegados “no presenten propuestas imposibles” sino “partiendo de bases fundamentales de realismo y verdad”.

Opiniones encontradas

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro le dijo al diario colombiano El Espectador este domingo que pedir alivio judicial demuestra que “Uribe le tiene pavor a que los militares y policías incursos en delitos relacionados con el conflicto hablen y confiesen ante un tribunal especial” y los sacrifica y condena a la CPI.

Los expertos también coinciden en que no es viable que las FARC acepten que después de firmar la paz, dejar las armas, contar la verdad y reparar a las víctimas no puedan participar en política.

De hecho, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien participó de la negociación en su etapa final, aseguró que aunque recibe de manera “positiva” la mayoría de las propuestas de Uribe porque muchas ya estaban en los acuerdos y otras son de fácil implementación, las referidas a la justicia transicional y la elegibilidad política son “inviables”, porque acabar con ellas es “acabar con la paz”, dijo este lunes en declaraciones a los medios.

Además, “lo de usar elementos de la Ley de Justicia y Paz (aplicada por el gobierno de Uribe para la desmovilización de los grupos paramilitares, que también llevas casos contra estructuras guerrilleras) no es algo que se le pueda vender fácilmente a la insurgencia porque ha fracasado en una investigación y judicialización efectiva (en 11 años sólo ha proferido cerca de 25 sentencias individuales). Todas las organizaciones de derechos humanos han llamado la atención sobre el tema y no es viable que las FARC acepten pasar por un sistema de justicia como ese”, afirma Carlos Enrique Moreno, de la ICESI.

El pasado 21 de septiembre, de hecho, 23 exjefes paramilitares declararon respaldar el proceso de paz con las FARC y los acuerdos a los que se había llegado en La Habana.

Se calcula que la justicia que surja del proceso de paz con las FARC recibiría por lo menos 15.000 casos. Por eso, según el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, suprimir el tribunal y cambiar el funcionamiento del sistema de justicia transicional, adoptando parte de lo que ya se intentó con la Ley de Justicia y Paz, es “cambiar la esencia” de los acuerdos y volverlos impracticables, dijo este lunes ante los medios.

En cambio, para el Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Federico Hoyos, las propuestas de Uribe son “viables y necesarias para lograr un acuerdo de paz justo”.

Y el expresidente Andrés Pastrana reiteró que el derrotado en las urnas el 2 de octubre fue un “mal acuerdo” y por eso necesita propuestas como las que se están haciendo.

En lo que tiene que ver con las tierras, Uribe propuso, sin profundizar en el tema, que no se afecte “a los propietarios o poseedores honestos”. Algo que tampoco es distinto a lo que aparece en el acuerdo de La Habana. Pero el asunto es mucho más complejo de lo pregonado por el expresidente en el video de Twitter.

“El acuerdo no habla de quitarles la tierra a los que la hayan conseguido de manera legal. Habla de quitárselas a los que la adquirieron ilegalmente, producto de forzar al desplazamiento a sus dueños o de adueñarse de baldíos que son del Estado, entre otros casos. Hay que hilar más delgado. El problema puede estar en que el acuerdo plantea la necesaria actualización del catastro rural que por décadas, junto con una debilidad institucional evidente, ha permitido que muchos se apropien ilegalmente de tierras que no les pertenecen y puede haber propietarios actuales que teman que se cumpla ese punto específico”, le explicó Moreno a CNN en Español.

Uribe también insistió en que el narcotráfico, “en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político”. Lo que olvida el líder del Centro Democrático es que el acuerdo firmado en La Habana no entra a definirlo como delito conexo o político, pues esa es competencia del Congreso de la República.

En declaraciones al diario El Tiempo, la directora de la Fundación Ideas para la paz, María Victoria Llorente, llamó la atención sobre este hecho, afirmó que “si hay algo que ha sido conexo con el delito en Colombia es el narcotráfico” pues no se puede negar que “ha atravesado el conflicto colombiano de diversas maneras” y opinó que con esa propuesta parece que a Uribe le pareciera más grave el narcotráfico que los “delitos graves de guerra”.

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