Sindicato complacido con querella a exdirectivo Junta del 9-1-1

NoticiasSAN JUAN – Miembros de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, local 3010 de Communications Workers of America, se expresaron complacidos por la querella oficial radicada el pasado 28 de septiembre por parte de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), contra el pasado director ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, Roberto Fuentes Maldonado.

“Fue nuestra unión, en su responsabilidad de ayudar a proteger la vida y seguridad del pueblo de Puerto Rico, quien denunció en el año 2014 las acciones irresponsables del licenciado Fuentes Maldonado en la agencia. No solo comparecimos ante los foros pertinentes, si no que logramos que la Junta de Gobierno tomara cartas sobre el asunto al removerlo de su puesto”, dijo en un comunicado, Luis M. Benítez Burgos, presidente del sindicato.

Alegó que Fuentes Maldonado, fue señalado en el 2014 por alegado mal uso del vehículo oficial para actividades no relacionadas con su desempeño mientras era el director ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. También alegó que fue señalado por supuestas faltas a la sana administración pública al no atender adecuadamente las necesidades del 9-1-1 y 3-1-1, llevando a que aumentaran las llamadas no atendidas de ambas líneas.

“La Oficina de ética Gubernamental emitió la Querella número 17-06 en la cual, se acusa a Fuentes Maldonado de utilizar su vehículo oficial para usos personales en violación del Artículo 4.2 de la Ley de ética Gubernamental. Fuentes Maldonado se expone a multas ascendentes a 20,000 dólares por cada infracción entre otras posibles medidas administrativas. El licenciado Roberto Fuentes, fue destituido por la Junta de Gobierno del 9-1-1, presidida por el superintendente José Caldero, en septiembre 2014 y sustituido por el actual director Juan G. Morales Vargas, quien, según la Unión, mantiene la Junta en una situación peor que la causada por el licenciado Fuentes”, sostuvo Benítez Burgos.

Además, informó que el sindicato ha presentado evidencia de supuestas irregularidades en el 9-1-1 desde nombramientos ilegales realizados por Morales Vargas, en violación de la Ley 66-2014; el uso del vehículo oficial para asuntos no relacionados con su gestión en la agencia; alegadas represalias contra empleados que han alzado su voz contra los “abusos de su administración”; los problemas en el 3-1-1 que está perdiendo más de 1,500 llamadas diarias; la supuesta violación a la Ley 89-2016 al negarse a nombrar a cerca de 41 empleados transitorios que llevan dos años o más en la agencia con estatus transitorio.

También alegaron el hecho de que por medio de intimidación y fraude, Vargas Morales obligó a los empleados a firmar documentos para privarlos de la oportunidad de competir en puestos regulares, mientras le ha dado permanencia a otros empleados de menor antigüedad que fueron nombrados por él durante su administración en la agencia; entre otras irregularidades.

No obstante, alegó que pese a contar con evidencia de dichos señalamientos y haberlos enviado a la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, éstos no han tomado cartas sobre el asunto. De hecho, según la unión, la Junta en pleno de manera unánime archivó un informe de auditoría que realizó la Oficina de Auditoría Interna del 9-1-1.

“Nuestra unión se pone a la entera disposición de la Oficina de ética Gubernamental para ésta y cualquier otra investigación que se realice contra cualquier funcionario del 9-1-1. Es hora de acabar con aquellos pocos funcionarios públicos que mancillan la buena imagen de los empleados de nuestro gobierno. Seguiremos llevando las denuncias ante todos los foros correspondientes de cualquier funcionario que le falle al país. También le pedimos a la Oficina de ética Gubernamental que agilice la investigación que llevan a cabo en contra del director ejecutivo actual Juan G. Morales Vargas”, dijo.

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