Radican mas de 200 cargos a exrectores de la UPR y empleado de hotel por supuesto esquema de fraude Escrito por Alex Fernández Rivas

uprSAN JUAN – Unos 263 cargos fueron radicados contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras 6 personas- entre los que se destaca un empleado de un hotel- por supuesta malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público.

“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario Miranda en declaraciones escritas.

Entre los imputados figuran, Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto; Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus; Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del Presidente de la UPR ;Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto CRECE-21

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.

Jonathan Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por su parte, Ada Hernández Santiago (4 cargos), Jason Ortiz López (6 cargos) y Nilda Vázquez Cruz (2 cargos) enfrentan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude.

Los supuestos gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.

Por ello se radicaron un total de 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. También, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del hotel.

“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al Pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín Valdivieso.

Según Miranda, el supuesto esquema constó en defraudar al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como CRECE-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros. Dentro de esos gastos se encontraban servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.

De acuerdo con el secretario, CRECE-21 no fue el único programa afectado por este supuesto esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación, también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos.

De acuerdo con el secretario, se estima que un total de 73 mil dólares fue malversado como parte de estos hechos ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.

Esta situación llegó a la consideración del Departamento de Justicia a través de un referido de la Universidad de Puerto Rico. Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ.

Administración UPR fue quien refirió irregularidades en programa CRECE 21

RÍO PIEDRAS – El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico Carlos Pérez Díaz dijo el lunes que la institución hizo referidos en el 2014 sobre las irregularidades en el manejo del programa CRECE 21.

“La Junta de Gobierno de la UPR solicitó a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) en abril de 2014 que realizara una auditoría del programa CRECE-21 y además notificó la situación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Fiscal Federal y a la Oficina de Ética Gubernamental”, expresó Pérez Díaz en declaraciones escritas.

Según Pérez Díaz, la Junta de Gobierno advino a conocimiento de las irregularidades luego que públicamente se señalaron fallas y posibles violaciones de ley y el Recinto de Ciencias Médicas ordenara una investigación de este proyecto que implicaba una cuantía de hasta 49 millones de dolares en fondos federales. Esa investigación señalaba varios hallazgos relacionados con las áreas de contratación, recursos humanos, propiedad, compras, entre otras. La investigación de la OAI se amplió a todo el sistema universitario de la UPR.

El Departamento de Justicia inició en el 2014 una investigación con la cual la UPR ha colaborado en todo momento, como es su responsabilidad conforme a la Ley. “En el día de hoy se han radicado las primeras acusaciones relacionadas con este asunto. Es muy lamentable que este mal uso de fondos haya ocurrido en la UPR”, manifestó la presidenta interina de la Universidad, doctora Celeste Freytes.

“Nuestros esfuerzos en estos momentos van dirigidos a atender la agenda de futuro para la Universidad. Estamos planificando para lidiar con los inminentes retos fiscales. Estas acusaciones son una penosa situación que se ventilará en los tribunales pero no podemos distraernos de nuestra misión principal con la Universidad en estos momentos”, declaró la doctora Freytes.

El proyecto CRECE 21 era un programa establecido mediante acuerdo entre la UPR y el Departamento de Educación de Puerto Rico para capacitar maestros de ese departamento durante los años 2011-2012.

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