México cambia la cúpula fiscal en pleno huracán por la fuga del gobernador Duarte

El expresidente del Senado Raúl Cervantes tendrá que hacer frente a la crisis abierta por la corrupción de altos cargos priístas

El recién nombrado procurador general de México, Raúl Cervantes, la semana pasada en Madrid.

El recién nombrado procurador general de México, Raúl Cervantes, la semana pasada en Madrid.

El presidente Enrique Peña Nieto dio un vuelco a la cúpula fiscal mexicana. En pleno huracán por la fuga del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el mandatario sustituyó a la procuradora general de la República, Arely Gómez, por el expresidente del Senado Raúl Cervantes. El cambio, que aún debe ser ratificado por el Parlamento, se interpreta como un intento de reactivar una institución de extrema sensibilidad y recuperar la iniciativa en la lucha contra la corrupción. En esta línea, Cervantes, militante del PRI desde 1997, es considerado un hombre de talante abierto y capaz de lidiar con el reto mayor que le espera a la Procuraduría: las investigaciones contra tres exgobernadores del PRI (Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua). Un tema de enorme repercusión social y cuya resolución puede afectar a las expectativas electorales de su partido.

A la anterior procuradora, Peña Nieto le ha reservado la Secretaría de la Función Pública. El cargo, una especie de ministro anticorrupción, estaba vacante desde que Virgilio Andrade lo abandonase en julio pasado. La principal encomienda de Andrade fue investigar si el presidente había incurrido en conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca, la vivienda adquirida a crédito por su esposa a un importante contratista gubernamental. La conclusión, muy polémica por la cercanía del secretario al círculo presidencial, fue que no hubo ninguna práctica ilegal. Ahora, Arely Gómez recupera el puesto y tiene que acelerar las transformaciones en el ámbito administrativo del recién estrenado sistema nacional anticorrupción. Un entramado legal destinado a combatir una lacra que le cuesta a México el 10% del PIB, y que impone, entre otras medidas, la exigencia de que todos los servidores públicos presenten su declaración fiscal y de intereses.

El trabajo más arduo, sin embargo, recaerá en Cervantes. La procuraduría general es el fusible de todos los escándalos del país. Y a lo largo de la historia ha sido la tumba de muchos de sus responsables. El último en caer fue Jesús Murillo Karam. Encargado de investigar la tragedia de Ayotzinapa, su figura se volvió el espolón contra el que se estrelló el descontento levantado por el caso. Sometido a un proceso de erosión acelerado, fue sustituido a los cinco meses de la desaparición de los estudiantes y también se le ofreció, al igual que ahora a Arely Gómez, una secretaria relativamente cómoda y sin excesiva exposición.

El objetivo principal del nuevo procurador será darle buen rumbo a una nave zarandeada por enormes presiones. Con un poder excepcional, que aúna la fiscalía y la policía, Cervantes, de 53 años, lo primero que tendrá que resolver será la crisis de impunidad que vive México. Para ello, este profesor de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), tendrá que dirigir a sus agentes con celeridad hacia los grandes casos de corrupción, muchos de ellos enraizados en su propio partido. A su favor cuenta con un talante político reconocido, buenas dosis de realismo (a diferencia de muchos de sus colegas de partido, ha admitido públicamente que la vista de Trump fue un error) y una aceptación de la inseguridad que sufre el país. “No creo que nadie minimice el problema: la percepción es un elemento clave y, si la ciudadanía siente que la inseguridad es mayor es porque realmente lo es; así que los esfuerzos se tienen que multiplicar”, afirmó en una reciente entrevista con EL PAÍS.

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