Radican querella contra Carmen Yulín por financiar protestas contra PROMESA

022413-carmen-yulin.jpgh160w280zc1EL CAPITOLIO  – El representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez anunció el miércoles la presentación de una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor en contra de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, luego que la alcaldesa capitalina confirmara que se usaron recursos del municipio para las manifestaciones en contra de la Junta de Control Fiscal.

Según el representante, el uso de fondos públicos para manifestaciones y protestas privadas no sólo es inconstitucional, sino que constituye una violación de la Ley de Ética Gubernamental.

“No importa los méritos o deméritos de las manifestaciones que están llevando a cabo un pequeño grupo de ciudadanos en contra de la Junta de Control Fiscal, lo que no podemos tolerar es el uso de fondos públicos para financiar campamentos y eventos masivos de grupos privados. La propia Contralora ha expresado que eso es ilegal”, afirmó el legislador en un comunicado de prensa.

Añadió que el municipio de San Juan tiene bastantes necesidades de limpieza, fumigación, transportación y mantenimiento general, particularmente las áreas rurales de Caimito y otros sectores, como “para que se estén utilizando los escasos recursos del municipio para estar financiando protestas de grupos particulares”.

“Consideramos que los más de 20,000 dólares que Carmen Yulín ha gastado para financiar estas protestas no solo viola la ley, sino se aparta de las normas de austeridad que el municipio necesita. Ciertamente, se trata de un esquema politiquero ilegal con el fin de resaltar su imagen de cara a las elecciones, lo cual tiene que parar de inmediato”, denunció.

Asimismo, el representante por San Juan negó que la Resolución número 81, aprobada el 8 de abril por la Asamblea Municipal capitalina, autorice el financiamiento de protestas y campamentos en contra de la Junta de Control Fiscal.

“La Resolución número 81, la cual censuramos como un acto politiquero que solo abona a la crisis fiscal que atravesamos, limita el uso de recursos municipales a gestiones dirigidas a dar a conocer la resolución y para que el municipio comparezca ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas o el Congreso de los Estados Unidos en repudio de la Junta de Control Fiscal. Ninguna sección de la Resolución autoriza el uso de fondos públicos para fines privados, y mucho menos para financiar protestas de grupos privados”, puntualizó.

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