La guerrilla que ha puesto en aprietos al gobierno paraguayo

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) aprovecha la debilidad institucional en regiones apartadas.

Foto: Jorge Adorno / Reuters Por estos días, el departamento de Concepción se encuentra militarizado, mientras se adelantan nuevas capturas.

Foto: Jorge Adorno / Reuters
Por estos días, el departamento de Concepción se encuentra militarizado, mientras se adelantan nuevas capturas.

El 15 de agosto del 2013, durante su discurso de posesión como presidente de Paraguay, el empresario Horacio Cartes aseguró que ni criminales ni grupos armados “le iban a marcar la hoja de ruta” de su administración.

Sin embargo, el sentido de dicha alocución, polémica desde todo punto de vista por el momento de transición que vivía el país tras la destitución del exmandatario Fernando Lugo, volvió a tomar fuerza tres años después debido al recrudecimiento de la violencia, especialmente, por los hechos que se ha atribuido el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo guerrillero de ese país.

El asesinato el pasado sábado 27 de agosto de ocho integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad creada especialmente para combatir a este ‘pequeño’ grupo armado –en sus filas no figuran, según datos del Gobierno, más de 30 insurgentes, pero podrían ser 500–, no solo avivó la llama de la violencia que el Gobierno quería mantener en reserva, sino que, además, evidenció problemas de corrupción, narcotráfico, contrabando y violaciones a los derechos humanos que vienen en aumento.

“Estos atentados conmocionaron al país, pero no hay que olvidar que el año pasado, en julio, en otros dos atentados fueron asesinados ocho policías. De hecho, en los tres años de gobierno de Cartes han sido asesinadas 40 personas por el EPP, de un total de 100 que se cuentan desde principios del 2000”, dijo a EL TIEMPO Rafael Filizzola, exministro paraguayo del Interior.

Y es que la concentración del EPP en algunos distritos del noroeste del país, especialmente en el departamento de Concepción (donde actualmente tienen secuestrados a un policía y a dos colonos cristianos menonitas), se debe, según expertos, a la falta de presencia institucional y al aumento del narcotráfico y contrabando con el vecino Brasil.

“Finalmente, y no menos relevante, el tráfico de cigarrillos que van de contrabando desde Paraguay al resto de la región, en gran parte provienen de las fábricas del presidente Cartes, con lo que durante este gobierno, por supuesto, resulta difícil que la Policía tome medidas”, afirmó Filizzola.

De hecho, el Gobierno no provee información que explique cómo es posible que teniendo a disposición recursos como los estatales, sean vencidos en inteligencia por un grupo insurgente en el que la gran mayoría de sus integrantes son campesinos.

“El Estado casi no tiene gravitación ni presencia en esa vasta región que colinda con selvas. Por ende, es apta para el narcotráfico, negocio que engendra guerrillas para protegerse”, le explicó a este periódico el politólogo y periodista Claudio Fantini.

“Que se haya perpetrado una emboscada de la envergadura de la que masacró a los militares el fin de semana, evidencia que puede haber un fortalecimiento y una declaración de guerra de mayor escala. Eso podría estar relacionado con dos hechos coyunturales: la desarticulación de las Farc y el aislamiento del régimen chavista de Venezuela”, agrega Fantini.

Si bien se trata de una insurgencia de baja intensidad, su origen se remonta a la década del 90, cuando apareció el movimiento Patria Libre, del cual el EPP, en la siguiente década, pasó a ser su brazo armado.

Desde entonces, este movimiento ha perpetrado secuestros de hacendados y civiles, así como algunos atentados que suman varias decenas de muertos.

Tras la captura en el 2004 de su líder y fundador, Osmar Martínez, muerto en el 2015 en una cárcel de Asunción donde pagaba una condena de 35 años, se supo que al EPP lo habían adiestrado agentes de las Farc.

De hecho, en abril del 2010, la fiscal antisecuestro de Paraguay, Sandra Quiñónez, le dijo a EL TIEMPO que estaban comprobados los vínculos de ambas organizaciones. “Tenemos pruebas de que las Farc han enviado asesores (a Paraguay) y se comprobó que reciben ganancias fruto de secuestros y extorsiones en este país”, aseguró Quiñónez.

Pero Cartes trata de defenderse. La semana pasada, a través de un breve comunicado, se declaró “responsable del derramamiento de sangre de los héroes de Concepción”, el lugar del norte de Paraguay donde se produjo el ataque.

Además prometió “resultados contundentes” en los dos años que le quedan de mandato, al tiempo que dijo que el “dolor es inmenso” tras el atentado.

Así las cosas, queda esperar que el Gobierno pueda recuperar los niveles de aceptación que gozó en el 2013, logre retomar el control de la seguridad del país y encuentre el camino hacia la paz.

ANDRÉS RUIZ
Redacción Internacional

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.