Inspectores podrían llegar al tribunal por tragamonedas

SAN JUAN  – El presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), Edgardo Lizardi Bonilla, adelantó que se proponen llevar un caso ante los tribunales para defender la presencia de los inspectores en las salas de juego de tragamonedas instaladas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

Máquina tragamonedas“Ya radicamos un Cargo de Práctica Ilícita contra la CTPR ante la Junta de Relaciones del Trabajo y estamos trabajando un recurso legal para impugnar el Reglamento que aprobaron porque va en contra de la Ley de Juegos de Azar”, pronunció Lizardi Bonilla en un comunicado al indicar que su exclusión del proceso representa una violación al convenio colectivo.

Entretanto, alegó que la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Ingrid Rivera Rocafort, “miente al decir que la sala de juegos que inauguró en el aeropuerto tendrá la fiscalización y la rigurosidad de los casinos”.

“La directora de Turismo no está hablando con la verdad. Las máquinas tragamonedas instaladas en el aeropuerto no tendrán la garantía de seguridad que se le ofrece a los usuarios en los casinos porque ese trabajo lo realizan inspectores autorizados, a quienes se les ha impedido estar presente en esa sala para fiscalizar la operación de las máquinas”, señaló el líder gremial.

Al mismo tiempo, denunció como un “descaro” que Rivera Rocafort haya minimizado la seguridad de los jugadores que acudan al aeropuerto al indicar en una conferencia de prensa que las reclamaciones que ocurran se atenderán mediante un oficial de servicio al cliente y que la operación de las máquinas se vigilarán por cámaras.

“Para justificar la exclusión de nuestros inspectores, la directora de la CTPR y el director de la División de Juegos de Azar, Andy Viera, aprobaron a toda prisa un dudoso reglamento. Sin embargo, ese reglamento no está por encima de la Ley de Juegos de Azar que es la que regula cualquier operación de juegos en Puerto Rico y la que determina cómo se fiscalizan”, alegó Lizardi Bonilla.

El líder del gremio manifestó que la exclusión de sus representados de la sala de juegos del aeropuerto levanta suspicacia porque son los inspectores quienes vigilan por la pureza del juego y porque el proceso no se preste para el lavado de dinero. Al mismo tiempo cuestionó los intereses que puedan existir tras la formalización de este negocio y los acuerdos pactados por Rivera Rocafort y Viera.

Mientras, el dirigente sindical recordó que, según lo establece la ley y el reglamento de Turismo, los inspectores son quienes están a cargo de la supervisión y fiscalización de la operación de tragamonedas y juegos de mesa en Puerto Rico. Además, son los que deciden, en última instancia, cualquier reclamación o controversia que surja en relación a la operación de tragamonedas dentro de una sala de juegos.

“La propuesta de instalar máquinas tragamonedas en el aeropuerto se ha manejado con turbidez. No ha habido transparencia en el proceso de selección de la compañía a cargo de las máquinas, Aristocrat Technologies; pasaron por alto los procesos de subasta y la CTPR no ha querido mostrar el contrato que se firmó con ellos. Las autoridades judiciales e investigativas deben indagar en este asunto”, insistió Lizardi Bonilla.

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