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Auditoría refleja ADEA no remitió pagos a Retiro ni a AEE 

SAN JUAN  – El Informe de Auditoría DA-17-10 de la Oficina de la Contralora contiene 10 hallazgos sobre los controles administrativos e internos de las operaciones de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).

La contralora, Yesmín Valdivieso informó el martes en una comunicación escrita que entre otras irregularidades, se trata de pagos no efectuados al Sistema de Retiro con quien la ADEA mantenía una deuda por 306,652 dólares de principal y 56,796 dólares de intereses acumulados al 27 de junio de 2016. Tampoco se hicieron pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuya deuda ascendió a 86,537 dólares al 21 de julio de este año.

“Estas situaciones limitan los recursos del Sistema de Retiro, disminuye los recursos de la ADEA y puede ocasionar la suspensión del servicio de energía eléctrica por parte de la AEE. La Oficina del Contralor recomienda al Administrador de los Sistemas de Retiro considerar la situación de los fondos no remitidos y tomar las medidas que correspondan”, afirmó la contralora.

Además, Valdivieso precisó que la auditoría detectó la ausencia de procedimientos escritos para regir el uso de las tarjetas de crédito para adquirir combustible y deficiencias con la conciliación de los registros de los vehículos oficiales ya que la Administración de Servicios Generales (ASG) establecía tener 110 vehículos mientras que la entidad tenía solo 63 registrados.

Detalló además, que una inspección de 66 vehículos de motor en varias dependencias detectó ocho vehículos no identificados como oficiales de la ADEA, bitácoras de viajes no completadas y 18 vehículos dañados, con marbetes vencidos o que se utilizaban para almacenar escombros.

La auditoría, con opinión favorable con excepciones de la Contralora y que cubre el periodo del 26 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2015, señala también deficiencias con el trámite de reclamaciones a las compañías de seguro, falta de designación de un administrador de documentos y el incumplimiento de ley relacionado con la falta de un reglamento para los mercados agrícolas familiares.

Según Valdivieso, el informe recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que tome las medidas que correspondan con respecto a las asignación de 14.8 millones de dólares a la ADEA para el pago de una demanda resuelta en el Tribunal el 2007 y que al 31 de octubre de 2015, la ADEA aún adeudaba 6.4 millones de dólares a los demandantes. De esta cantidad, 2.1 millones corresponden a intereses luego de la sentencia y 2.5 millones a intereses por desacato.

Problemas con programa federal de donaciones de excedentes, según auditoría 

SAN JUAN  – La contralora, Yesmín Valdivieso, divulgó el martes el Informe de Auditoría DA-17-09 que contiene tres hallazgos sobre las operaciones fiscales y los controles administrativos e internos del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente de la Administración del Servicios Generales (ASG).

“La auditoría revela propiedad sin utilizar en una muestra realizada a 33 unidades. Algunos de los casos son las cinco máquinas de rayos X ($164,748) que se donaron a la Autoridad de Transporte Marítimo en el 2014, un set diesel engine trailer ($29,162) donado al Municipio de Yabucoa en el 2014 o una trituradora de papel industrial Kobra Cyclone MX-5 Shredder ($24,430) donada en el 2015 a un programa sin fines de lucro. De hecho, un motor vehicle lift ($13,785) donado al Municipio de San Juan en el 2013 no fue localizado”, relató Valdivieso en una declaración escrita.

Indicó que estas situaciones desvirtúan el propósito del programa que es aprovechar la propiedad federal excedente donada. Además, privan a los donatarios potenciales de recibir los servicios que la propiedad provee y propicia su deterioro por falta de uso y mantenimiento.

La funcionaria explicó que este programa permite la donación de propiedad federal excedente a los estados y a ciertas instituciones públicas y privadas sin fines de lucro dedicadas a actividades de educación, salud y defensa civil. En Puerto Rico, la Ley 28 del 26 de marzo de 1979 designó a la ASG la operación del Programa.

De otra parte, la contralora especificó que el informe señala también que del 1 de julio de 2013 al 30 de abril de este año, la Oficina de Fiscalización y Auditoría Interna, no había realizado auditorías al Programa según dispone la Ley 28. Además, la Junta Asesora del Programa no contó con los cinco miembros que requiere el Reglamento ni se efectuaron reuniones de octubre de 2014 y de abril de 2015. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría DA-14-39 del 10 de marzo de 2014.

La opinión de la Contralora es favorable con excepciones y cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de abril.

Contralora revela irregularidades con recaudos y desembolsos en Tribunal de Caguas 

SAN JUAN  – El Informe de Auditoría DA-17-08 revela cuatro hallazgos sobre las operaciones fiscales relacionadas a los controles internos y administrativos de la Región Judicial de Caguas del Tribunal General de Justicia.

Así lo informó el martes la contralora, Yesmín Valdivieso al divulgar la auditoría con una opinión favorable con excepciones y que cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

“La auditoría identifica desviaciones en la reglamentación relacionada con las recaudaciones ya que 51 empleados sin nombramiento o designación para dicha función, realizaron 1,264 recaudaciones por $12.1 millones. Por otro lado, 57 empleados realizaron 1,281 recaudos por $12.2 millones y no le entregaron recibos a las personas al momento de efectuar el pago. Esta situación propicia el ambiente para la comisión de errores o irregularidades”, indicó Valdivieso en una comunicación escrita.

La funcionaria añadió que los auditores detectaron que la Oficial Pagador Especial (OPE) realizaba funciones conflictivas ya que además de efectuar y registrar los desembolsos, recibía las facturas, verificaba y custodiaba los documentos justificantes, preparaba la nómina, firmaba cheques y custodiaba los cheques devueltos. Una situación similar, ya se había señalado en el Informe de Auditoría DA-12-10 del 30 de agosto de 2012.

Finalmente, la contralora señaló que el informe revela varias situaciones contrarias al Reglamento para el Control y la Contabilidad de la Propiedad de la Rama Judicial, entre otras, que en el 2014 no se llevó a cabo el inventario físico de los libros y recursos bibliográficos propiedad de la Biblioteca y del 2012 al 2015 no se preparó el Registro de Armas Largas ni el Registro del movimiento de armas largas.

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