Cárcel para 10 militares por una matanza en Perú en 1985

La sentencia exige que los responsables paguen a cada una de las víctimas y sobrevivientes unos 44.000 dólares de reparación

Familiares de las víctimas del 'caso Accomarca' y sobrevivientes esperan la sentencia. AUDREY CÓRDOVA

Familiares de las víctimas del ‘caso Accomarca’ y sobrevivientes esperan la sentencia. AUDREY CÓRDOVA

A punto de cumplirse seis años de proceso judicial y tres décadas después de que se produjeran los hechos, un tribunal peruano ha condenado a 10 militares a entre 10 y 25 años de prisión por la matanza de unos 69 campesinos en Accomarca (Ayacucho) en agosto de 1985. El general Wilfredo Mori y los oficiales Nelson Gonzales y Carlos Medina pasarán un cuarto de siglo entre rejas como autores mediatos del crimen. La condena considera el crimen “una grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”.

Mori se desempeñaba como jefe político-militar de la región Ayacucho y encargó a Gonzales y Medina elaborar un plan operativo para “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayoc”, distrito de Accomarca. Los magistrados sostienen que el denominado Plan Huancayoc fue expresión de una “ilegal política de combate al terrorismo”, ya que Mori desvió del orden legal a su unidad y al personal de tropa, llevándolos a la realización de hechos delictivos. El Plan Huancayoc fue ejecutado por la patrulla Lince, encabezada por el subteniente Telmo Hurtado, el único preso, extraditado de Estados Unidos en 2011. El reo fue condenado a 23 años de prisión, de los que le falta cumplir 13 años y ocho meses, dado el periodo de tiempo que estuvo encarcelado en EE UU. Otros seis autores materiales fueron condenados a 10 años de prisión.

La sentencia exige, además, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales paguen a cada una de las víctimas y sobrevivientes unos 44.000 dólares de reparación, teniendo en cuenta que entre las víctimas hubo más de 20 niños. Otros 189 menores quedaron huérfanos tras la matanza y los posteriores asesinatos de septiembre de 1985, cuando Mori encargó a Hurtado volver a la zona a matar a los testigos y sobrevivientes.

“Hay una importante responsabilidad del Estado peruano y del Poder Judicial de capturar a los condenados para que sean internados y cumplan la pena de manera efectiva”, dijo Carlos Rivera, abogado de las víctimas. Por su parte, el abogado de Hurtado destacó en declaraciones a este diario que el Ejército no estaba preparado para combatir a un enemigo en una guerra no convencional, y que en la ejecución del plan recibieron información equivocada de inteligencia.

Los magistrados indicaron que fue difícil precisar el número de víctimas de la operación militar derivada del Plan Huancayoc, ya que después de que los militares encerrasen en tres casas a hombres, mujeres, niños y ancianos, les dispararon, lanzaron una granada y prendieron fuego al lugar, carbonizando los restos. “Ello impidió que se pudieran tomar muestras de ADN”, explicó la investigadora estadounidense Jo-Marie Burt. Sin embargo, la sentencia alude a 61 víctimas de la matanza colectiva que demostró un “profundo desprecio por la vida”. Según el abogado de las víctimas y la acusación fiscal, fueron 69 los asesinados.

Polémica audiencia

La audiencia, celebrada en San Juan de Lurigancho (al noreste de la capital, Lima) estaba convocada para las once de la mañana del miércoles, pero dio inicio pasadas las siete de la tarde por el retraso de los magistrados de la Sala Penal Nacional, que no lograban ponerse de acuerdo sobre la condena. Unos 50 familiares de víctimas y los sobrevivientes de la matanza colectiva esperaron ocho horas a la intemperie en un día particularmente frío.

Por la noche, solo se permitió el ingreso de 25 familiares y sobrevivientes y ocho periodistas sin cámaras fotográficas ni celulares. La audiencia solo fue transmitida en un canal de televisión por cable solo disponible en un paquete premium, cercenando la garantía de que el juicio fuese público.

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