Alegan Ciales se expone a embargo cuentas bancarias por caso despidos ilegales

ciales BanderaSAN JUAN  – Luis Pedraza Leduc, portavoz del Programa de Solidaridad UTIER, PROSOL UTIER alegó el jueves que el municipio de Ciales se expone al embargo de sus cuentas si no cumple con el pago de una suma de dinero según dicta una sentencia judicial por un caso de despidos ilegales.

“El juez federal Gustavo A. Gelpí emitió orden al Municipio de Ciales y su alcalde Juan José Rodríguez Pérez para cumplir en o antes del 16 de septiembre con el pago de 587,410 dólares en favor de 13 empleadas despedidas ilegalmente o de lo contrario mostrar causa por la que no se deba embargar las cuentas del municipio e imponer sanciones al alcalde”, dijo Pedraza Leduc en una comunicación escrita.

El líder sindical alegó que esta orden fue emitida el 6 de septiembre pasado al el alcalde no cumplir con el pago final de la sentencia del tribunal el 31 de agosto pasado. Según dijo, la sentencia, ascendente a más de un millón de dólares, fue emitida el 25 de junio de 2015, cuando un jurado encontró culpable al alcalde de Ciales por discriminar por razones políticas contra 13 empleadas del Centro de Cuidado Diurno a quienes supuestamente despidió por su afiliación política al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Al final de este proceso el municipio tendrá que desembolsar más de un millón de dólares por un acto ilegal e irresponsable de un alcalde que no respeta la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del Municipio”, expresó Pedraza Leduc.

El dirigente sindical alegó también que el alcalde Rodríguez Pérez continúa discriminando y persiguiendo a los empleados municipales afiliados al PNP y protege a sus simpatizantes. Alegó que el discrimen se ha manifestado en la reducción de salario mediante la reducción de 10 horas semanales, sanciones disciplinarias infundadas, persecución a empleados, despojo de funciones y trato inhumano a empleados afectados por razones de salud, entre otros tratos deplorables.

De igual manera, alegó que el municipio enfrenta el pago de otras sentencias de naturaleza política y adeuda a los empleados cientos de miles de dólares por motivo de horas de trabajo y exceso de licencias sin pagar. “El dinero que el alcalde debe pagar por sus actos ilegales, los obtiene del salario de los trabajadores municipales a quienes les redujo la jornada de trabajo en 10 horas semanales. También usa este dinero para mantener una política de botella, baile y baraja en el municipio”, sostuvo el portavoz de la organización que representa a un sector de los empleados municipales.

Entretanto, Pedraza Leduc alegó que de esta manera el alcalde también protege y favorece sus allegados utilizando fondos públicos para hacer política partidista, mientras pone en riesgo los servicios esenciales a la ciudadanía.

Finalmente, aseguró ha intentado reunirse con el alcalde para que se atiendan sus reclamos pero supuestamente éste nunca ha accedido a dialogar con el sindicato.

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