En el estado de Texas ya se puede ir armado a la Universidad

Esta semana entró en vigor una ley que lo permite en los centros educativos superiores públicos.

Foto: Ralph D. Freso / Reuters La Ley SB11 permite que quienes tengan un permiso de porte de armas otorgado por el estado puedan llevarlas en la mayoría de instalaciones universitarias, con alguna excepción.

Foto: Ralph D. Freso / Reuters
La Ley SB11 permite que quienes tengan un permiso de porte de armas otorgado por el estado puedan llevarlas en la mayoría de instalaciones universitarias, con alguna excepción.

En la mañana del primero de agosto de 1966, Charles Whitman, un estudiante de la Universidad de Texas en Austin y exmarine con aparentes problemas psicológicos, subió al piso 27 de la torre más alta de esa institución y comenzó a disparar indiscriminadamente hasta terminar con la vida de 14 personas y dejar heridas a otras 32.

El pasado lunes, 50 años después de esta tragedia, la más grave ocurrida en ese campus universitario, entró en vigor una controvertida ley que permite a estudiantes y docentes el porte de armas en las universidades públicas de Texas. La Ley SB11, conocida como Campus Carry, permite que quienes tengan un permiso de porte de armas otorgado por el estado puedan llevarlas en la mayoría de instalaciones universitarias, con alguna excepción.

El Campus Carry entró en vigor solo para las universidades públicas de Texas, en las que cursan más de 500.000 estudiantes, mientras que las instituciones privadas, que podían elegir si implementar o no la norma, optaron por no hacerlo.

En algunas de las instituciones públicas desde ya limitaron el alcance de la medida a aulas, facultades o bibliotecas, mientras que mantienen la prohibición en residencias estudiantiles, laboratorios o eventos deportivos.

La prestigiosa Universidad de Texas (UT), una de las que empezaron a aplicar la medida esta semana, ha sido también el mayor foco de oposición a una norma que aprobó la Asamblea legislativa de Texas, de mayoría abrumadora republicana.

La entrada en vigencia de esta norma llega en momentos críticos de plenos debates por el control de la venta de armas en ese país tras el aumento de ataques con influencias yihadistas y motivos psicológicos y hasta homofóbicos.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el año pasado murieron en EE. UU. 586 personas por accidentes con armas de fuego, un derecho considerado uno de los más importantes pilares de la democracia por los promotores de la venta de armas.

Los defensores de esta ley argumentan que la presencia de personas armadas permitirá salvar vidas en caso de un tiroteo, pero los detractores dicen que es una bomba de tiempo y que la presencia de alumnos armados no fomenta el espíritu de debate universitario.

El presidente de la UT, Greg Fenves, afirmó que las armas “no pertenecen” a la institución que él lidera; y su único nobel en plantilla, Steven Weinberg (Física, 1979), dijo que prohibirá la entrada de estudiantes armados a sus clases o que dejará la enseñanza en la UT. Los profesores que, como Weinberg, prohíban las armas en sus clases se exponen a demandas. Fenves presidió el lunes pasado el homenaje a los muertos de la masacre de 1966, considerado el primer tiroteo masivo en un campus universitario estadounidense.

“Aquí no podemos tener tostadores ni planchas en las habitaciones, pero sí una pistola; es ridículo. Tener armas en la universidad no es una solución adecuada para entregar más seguridad”, fueron las declaraciones de Leonardo Angulo, alumno de la Universidad de Texas en Austin, recogidas por el diario ‘El País’ de España.

“No necesitamos armas en los campus. Tenemos fuerzas de seguridad entrenadas. Lo que más me preocupa son los accidentes. Los estudiantes dejan caer sus lápices y cuadernos, pueden olvidar perfectamente poner el seguro a su arma”, declaró al mismo diario María González, profesora del departamento de inglés de la Universidad de Houston.

Según un estudio publicado en el 2005 en la Revista de la Academia Americana de Pediatría, en Estados Unidos 1,69 millones de niños y jóvenes viven en casas donde hay armas cargadas y destrabadas.

Texas es el octavo estado que implementa una ley de este tipo, después de Oregón, Idaho, Utah, Colorado, Wisconsin, Kansas y Misisipi, en los que, hasta el momento, no se registran incidentes de consideración derivados de ella.

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