Así viven los colombianos tras un año de las deportaciones masivas en la frontera

La desolación parece imperar en el sector en donde los militares venezolanos, bajo órdenes del gobierno chavista, desalojaron hace un año a miles de colombianos. FOTOS DONALDO ZULUAGA Y ROSALINDA HERNÁNDEZ

La desolación parece imperar en el sector en donde los militares venezolanos, bajo órdenes del gobierno chavista, desalojaron hace un año a miles de colombianos. FOTOS DONALDO ZULUAGA Y ROSALINDA HERNÁNDEZ

El drama de miles de colombianos que forzadamente cruzaron el río Táchira, línea limítrofe entre San Antonio, Venezuela y el departamento Norte de Santander, Colombia, luego del cierre de la frontera y la declaración de un “Estado de Excepción”, por parte del presidente Nicolás Maduro, el 19 de agosto de 2015, aún no termina.
La intervención de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en la zona conocida como “La Invasión”, dejo a su paso desolación, miedo y desconfianza en las personas que recuerdan hoy el suceso como la experiencia más dura de sus vidas.
El ingreso a los barrios Mi pequeña Barinas, Ezequiel Zamora y Ernesto “Che” Guevara (La Invasión), continua siendo difícil, no solo por los caminos escabrosos de piedra, arena y maleza que se deben recorrer. El hermetismo de quienes allí habitan no ha desaparecido, ni con el retiro hace apenas tres semanas de las alcabalas móviles y campamentos militares que se instalaron en el lugar hace 11 meses.
El ondear del tricolor venezolano es una solemnidad en puertas y ventanas de algunas viviendas que fueron marcadas en la madrugada del 21 de agosto de 2015 con las letras R (revisión) o D (demolición). La zona, ubicada aproximadamente a un kilómetro del corregimiento colombiano de La Parada, fue militarizada por el gobierno venezolano, bajo la justificación de reducir índices delictivos, erradicar bandas organizadas y contrabando de productos venezolanos hacía Colombia.
Cien casas fueron desalojadas y luego demolidas en el sector II de Mi pequeña Barinas, (cifras del Consejo Comunal) el mismo sitio que hace apenas dos meses visitó el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora.
“Después de que sacó a la gente espantada, ahora dice que nos quiere, que apoyemos la revolución, y hasta envió un mensaje a los hermanos colombianos para que regresen. Ahora los han ayudado a tramitar pasaporte y cédula”, comentó Neftalí, un habitante de la zona quien dijo recordar los atropellos de los militares durante la expulsión.
A vender empanadas
Mientras Marcela se seca los ojos con una toalla, mira lejos el paisaje decadente y desolado, como tratando de buscar en la memoria algo bueno que le haya dejado la llegada de la OLP, a ella y a sus hijos.
“Llegue a vivir aquí hace 10 años porque tuve la facilidad de construir un rancho y librarme de no pagar alquiler. Conseguí un trabajo como cocinera donde me ganaba la vida honradamente para mantener a mis hijos”, afirmó.
Al momento de la requisa militar, Marcela no tenía los documentos migratorios en regla porque dice que nunca los necesitó para vivir en Venezuela: “Me sacaron de la casa con mis hijos, uno de 14 años y el otro de 21. En la despedida tuve que desmantelar parte de la casa que la marcaron con la letra D”.
Para la colombiana de 54 años, oriunda de la costa, el amanecer del 21 de agosto de 2015 y los días sucesivos representan el episodio más triste que haya vivido en su vida.
Reconoce la solidaridad y apoyo del Gobierno colombiano que los recibió, les dio alimento y los llevó a un refugio donde permaneció cuatro meses. En diciembre de 2015, luego de despedirse de sus hijos, decidió retornar a Venezuela por el mismo camino por el que había salido: las trochas cercanas al río Táchira.
“Regresé porque no estaba haciendo nada en Cúcuta, no conseguí trabajo y no podía seguir así. Volví a la casa que dejé. Yo misma la reparé, la pinté y la limpié. Aquí vendo empanadas vallunas y gaseosas los fines de semana y de lunes a viernes trabajo de cocinera con los patrones de siempre”.
A las puertas de la humilde vivienda improvisada con láminas de zinc y palos de madera, con el rostro cubierto, como impidiendo ser identificada, la mujer colombiana señala que ya su documentación está en trámite para legalizar su estadía en Venezuela.
No espera nada del gobierno venezolano, pero sí pide que la dejen vivir tranquila en la zona. Aunque duda de que pueda lograr completa calma mientras está separada de sus hijos, aseguró Marcela, con los ojos reventados en llanto.
La crisis frena el retorno
Bajo el inclemente sol de la frontera, se divisa en la calle San Miguel, el lugar más desierto de la zona. Un hombre de 65 años que camina calle arriba, la temperatura que superaba los 34º C no le impidió saludar y mostrar la mejor sonrisa.
Aceptó ser abordado bajo la solicitud de no revelar su nombre, ni ser fotografiado. El rugir de un motor de alta cilindrada que dejó a su paso una nube de polvo le causó susto. “Aquí uno no sabe quién es quién”.
Ha vivido en el lugar durante 11 años, tiene residencia venezolana, es fundador del barrio Ezequiel Zamora y recuerda que quienes allí habitaban (en su mayoría), antes de los desalojos masivos del 2015, se dedicaban al comercio informal de productos venezolanos a Colombia por los caminos verdes.
“Los que vivían aquí subsistían por el contrabando. Ese era el medio que movía todo. Lo han ido reduciendo pero entre comillas porque acá ahora contrabandean los duros, los guardias y la policía”, dijo.
Añadió que muchos de los deportados en agosto pasado han tratado de volver e instalarse en el lugar pero la crisis económica, de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas, aunado al desempleo que enfrenta Venezuela los obliga a retornar al Norte de Santander:
“Han llegado con el trasteo y tratan de volver a su antigua vida pero con la misma se regresan porque no encuentran qué hacer, de qué vivir. La esperanza está en que se reabra pronto la frontera, mientras tanto dejaron con candados los ranchos con los corotos”.
No existe por parte de las autoridades migratorias de Venezuela, ni por el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), datos que indiquen cuántas familias colombianas de las que fueron desalojadas de “La Invasión”, han regresado a Venezuela, o cuántas continúan desplazándose hacia Colombia, más allá de los casos concretos que maneja el equipo en el terreno, precisó Oscar Calderón, coordinador del SJR en Norte de Santander.
Mientras tanto, este 4 de agosto las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez se reunirán para buscar salidas que lleven a la reapertura de la frontera. En el caserío abandonado del lado venezolano esperan que ese día haya buenas noticias.*Colaboración especial desde Táchira, Venezuela.

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