Al menos 67.000 niñas y adolescentes guatemaltecas serán madres al finalizar 2016

Un estudio de la ONU advierte de que la mayoría de los casos son consecuencia de violaciones en su entorno familiar

Una adolescente de 12 años que quedó embarazada. NUESTRO DIARIO

Una adolescente de 12 años que quedó embarazada. NUESTRO DIARIO

Un estudio hecho por el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) echa luz sobre una de las llagas más purulentas de la sociedad guatemalteca. Solo durante 2016, alrededor de 67.000 niñas y adolescentes serán madres o estarán embarazadas. En la mayoría de los casos, “la preñez es fruto de una violación”, dijo a EL PAÍS, Verónica Simán, representante en Guatemala de la Unfpa. Subraya que “es inaceptable que niñas, incluso de 10 años, sean ya madres”.

El estudio revela cifras estremecedoras: una de cada cinco adolescentes se ha convertido en madre antes de cumplir los 17 años. Reporta incluso casos de niñas que con 10 años ya han dado a luz. El perpetrador es normalmente alguien del entorno familiar como el padrastro, un tío o hasta el propio padre. El hecho de que muchos casos los agresores dupliquen o tripliquen la edad de sus víctimas, prueba que la violación es una muestra del sometimiento cultural de los niños a los adultos, “al grado de que el delito no es un ejercicio de sexualidad en sí mismo, sino un ejercicio de poder sobre un sector indefenso como un niño o una niña”, explica para este diario Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental.

Las consecuencias son desastrosas. A las niñas, cuyos cuerpos no están preparados para un embarazo, amén del riesgo de perder la vida durante el embarazo o el parto, se les niega el futuro. Deberán abandonar la escuela y dedicarse a criar a sus bebés en una edad en la que deberían estar jugando a las muñecas. Sociológicamente están condenadas a reproducir el círculo de miseria en el que crecieron, mientras el futuro de los bebés queda en la incertidumbre, si es que logran sobrevivir. “En la medida en que se perpetúen estos casos, se estarán perpetuando la llegada al mundo de ciudadanos de segunda clase”, advierte Simán.

A lo anterior se suma que las jóvenes madres sufren del rechazo social, con argumentos tan infames como ser las culpables de la violación. “Lo andabas buscando”, o “te pasó por descarada”, frases que tienen que oír en su vecindario.

A la falta de educación sexual o que esté condicionada por prejuicios religiosos o culturales según los cuales la mujer debe estar sometida al hombre, se suman aberraciones como que las padres las casen al apenas despuntar la adolescencia, o que las obliguen a contraer matrimonio con su violador ‘para lavar la honra’, colocando a las niñas y adolescentes en situación de alto riesgo.

“Las iglesias podrían ser aliadas en este esfuerzo, porque es algo que nos involucra a todos. Tienen un rol fundamental. Pueden contribuir promoviendo que las niñas se mantengan en la escuela, y la igualdad de género. ¿Por qué los padres mandan a estudiar mayoritariamente a los niños pero no a las niñas?”, se pregunta Verónica Simán.

Garavito ve en la innegable influencia religiosa un valladar poco menos que insalvable. “Como la educación del Estado en materia de sexualidad no existe, son las iglesias las que la asumen. Cuando se promovía en el Congreso la Ley de Desarrollo de la Juventud, fueron las evangélicas de tendencia neopentecostal las que con mayor vigor se opusieron con argumentos tan peregrinos como que se promovían la promiscuidad y el libertinaje”.

Garavito afirma que con una atención psicológica adecuada, las víctimas podrían superar el doble trauma de la violación y el embarazo, pero la solución no parece estar a la vuelta de la esquina: “Nuestro sistema de salud, como todos sabemos, es absolutamente precario, particularmente en el campo de la salud mental, a la que solo se destina el 1% del presupuesto del Ministerio, que mayoritariamente consume el hospital psiquiátrico, y no necesariamente destinado a la atención reparadora a las víctimas”, concluye. Mientras tanto, el Estado y la sociedad guatemalteca miran para otro lado.

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