Gobernador participa de la audiencia especial sobre la Reforma de la Policía

Vista_Reforma_Policia_7SAN JUAN  – El gobernador Alejandro García Padilla participó el miércoles, en la audiencia especial sobre la Reforma de la Policía que se llevó a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Durante su comparecencia, el ejecutivo detalló las condiciones bajo las que se encontraba el cuerpo policiaco cuando asumió el mandato hace tres años y medio y cómo se ha comenzado un proceso de transformación fundamental.

“Recibimos un país en una profunda crisis causada por los excesos y la posposición de las decisiones difíciles. En cinco meses pasaré el batón a un nuevo gobierno que, contrario al mío, recibirá un país en el que se han iniciado los cambios largamente pospuestos. Convertimos la Reforma de la Policía en un proyecto de país”, expuso el mandatario en un comunicado de prensa.

Tras la demanda entablada a la Policía por la Unión Americana de Derechos Civiles el pasado cuatrienio y el informe que rindió la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, la administración de Alejandro García Padilla decidió atacar las deficiencias detectadas en este cuerpo de vigilancia, con el fin de dotar al pueblo de Puerto Rico de la mejor Policía posible. La demanda e informe anteriormente señalados fueron suscitados tras los excesos ocurridos durante la huelga de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico y durante las protestas en las afueras del Capitolio, que terminaron con varios manifestantes heridos y en donde se evidenció un patrón de prácticas ilegales, de uso excesivo de fuerza, discrimen por origen étnico y nacional y otras violaciones a los derechos civiles por parte de agentes de la Policía.

En consecuencia, bajo su mandato, García Padilla señaló que el Estado Libre Asociado (ELA) llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia federal el 17 de julio de 2013 con el fin de atender la alarmante situación en este cuerpo de vigilancia. Desde entonces, el ELA ha trabajado de la mano del Departamento de Justicia federal comprometidos con reformar la Policía de Puerto Rico.

“Le hemos dado prioridad a lo que más prioridad merece. En mi gobierno, la Reforma de la Policía ha formado parte de una lista de prioridades solo antecedida por la salud de este pueblo, por la educación de nuestros niños y jóvenes y por la seguridad ciudadana misma, al proveer a policías y bomberos los recursos que necesitan para seguir haciendo su trabajo. En ese nivel de prioridad está la reforma en mi ánimo y en el ánimo de toda mi administración”, argumentó el gobernador.

Según el primer ejecutivo, el actual presupuesto de la Policía es muestra de este compromiso, pues pese a la crisis fiscal por la que atraviesa el país, se ha cumplido con todos los términos que exige el acuerdo, sin solicitar prórrogas, lo que sí han hecho otras ciudades importantes de Estados Unidos. Además, se ha mantenido el presupuesto de $20 millones anuales dedicado a cumplir con la reforma, aún en medio de las medidas de emergencia fiscal adoptadas, y se ha aumentado el presupuesto asignado a la Policía.

Por otro lado, mencionó que tomando en cuenta la necesidad de reestructurar el proceso de adiestramiento y preparación que reciben los agentes, se le devolvió la Academia a la Policía, cuyo control antes recaía en el Colegio de Justicia Criminal. De esta manera, se convirtió la Academia en una de las superintendencias auxiliares de la Uniformada a través de la Ley 112 y se introdujeron nuevas normativas significativas como el que todo candidato a la Policía debe tener por lo menos un grado asociado de una institución universitaria licenciada y acreditada. También, desde entonces, cada policía tiene que cumplir un mínimo de 12 horas de educación continua cada año.

Sostuvo que, de forma similar, con la reforma iniciada se han desarrollado fuertes lazos de entendimiento y cooperación entre la Policía y las comunidades, habiéndose registrado un total de 35 reuniones abiertas a las comunidades en las 13 áreas policiacas, así como otras reuniones con organizaciones defensoras de derechos humanos y de base comunitaria. Estas reuniones han servido para desarrollar o adecuar las normas de la Policía para atender igualmente desde inmigrantes hasta los integrantes de la comunidad LGBTT y para concientizar a las personas sobre los mecanismos disponibles para reportar acciones incorrectas por parte de miembros de la uniformada.

Asimismo, estipuló que se han adelantado esfuerzos por fortalecer y equiparar el rol de la mujer en la uniformada, aumentando las oportunidades para que ocupen posiciones de mando. Al momento 39 divisiones de la Policía son dirigidas por mujeres. Similarmente, se han tomado medidas para erradicar la política partidista no solo de la Policía, sino de todo el gobierno, estableciendo el mérito como el único criterio para ascender en rango y responsabilidades y erradicando los problemas que mancharon a esta institución bajo administraciones anteriores.

“En mi gobierno ni los traslados ni los ascensos son guiados por la política partidista y así va a continuar siendo. Hemos propuesto legislación que fortalece las prohibiciones contenidas en la Ley de Ética Gubernamental y los códigos Penal y Electoral de utilizar el empleo y la propiedad del gobierno para promover intereses político-partidistas”, argumentó el gobernador.

El mandatario culminó su comparecencia reconociendo que la necesidad de reformar la Policía no es exclusiva de Puerto Rico, tal y como lo han mostrado los trágicos sucesos que tuvieron lugar en Ferguson, Missouri y que de igual forma se han repetido en otras ciudades de Estados Unidos. Igualmente, agradeció la labor de todos los agentes comprometidos con la seguridad del país, que han hecho posible los cambios registrados en la Policía, así como al superintendente José Caldero, quien ha encaminado un agresivo Plan Anticrimen que ha resultado en la más dramática reducción del crimen en lo que va de nuevo siglo. Finalmente agradeció al juez Gelpí y las autoridades federales por supervisar con esmero y sentido de justicia esta reforma.

“La necesidad de reformar la Policía no es exclusiva de Puerto Rico. No podemos llegar al nivel de descomposición que hemos visto en otras ciudades de Estados Unidos en el que la Policía y la comunidad se ven como enemigos. Por eso era tan importante dejar iniciada y bien encaminada esta reforma. Hemos iniciado esta transformación en medio de la peor crisis fiscal de nuestra historia moderna y ya ha traído cambios fundamentales en la manera en que se educa, adiestra y supervisa en la Policía de Puerto Rico. Tiene la policía logros que reclamar en su reducción del crimen, en el reconocimiento de los derechos humanos. Pero falta aún más por cosechar. Le pido encarecidamente que sigan supervisando con rigurosidad esta reforma cuando su cumplimiento quede en manos del gobierno que surja de las elecciones de noviembre. No permitan que descarrilen esta reforma”, concluyó el gobernador.

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