POLÍTICA EN PUERTO RICO

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Denuncian Rosselló mintió sobre regalías de su libro al Oncológico 

SAN JUAN  – El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, denunció el miércoles que el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, mintió al manifestar que donó las regalías de su libro al Hospital Oncológico.

“El pasado domingo, Ricardo Rosselló, le mintió al país de forma descarada e insensible al decir que había donado las regalías de su libro al Hospital Oncológico. Eso es totalmente falso. Existe evidencia que sostiene que al día de hoy, el Oncológico no ha recibido un centavo proveniente de las regalías del libro de Rosselló”, denunció Suárez en una conferencia de prensa.

Suárez alegó que las supuestas regalías tampoco estaban en su contrato original en el 2012 y que se trata de una enmienda que le introdujeron este mismo año a solo semanas de la primaria del PNP “para dar la impresión de que estaba haciendo una obra de caridad”.

Exhortó a los medios del país a preguntarle directamente al Hospital Oncológico cuánto dinero han recibido al día de hoy por concepto de las regalías del libro de Ricky.

Por su parte, el expresidente del senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó en un comunicado que “los errados señalamientos que Jorge Suárez hace en contra del doctor Ricardo Rosselló por encomienda de David Bernier, no tienen validez y demuestran la desesperación que impera en el PPD ante una inminente derrota electoral”.

“Los fondos por concepto de las ventas del libro del doctor Ricardo Rosselló que la universidad debe enviar al hospital oncológico, han corrido la misma suerte que el Fondo de Enfermedades Catastróficas; que los fondos para las becas presidenciales, que los reintegros que hacienda le incautó a los contribuyentes y el dinero para el pago de la deuda del ELA: la Administración de García Padilla – Bernier acabó con todo lo que le corresponde al pueblo y a los más necesitados”, afirmó Rivera Schatz.

Entretanto, los aspirantes al Senado por el PNP por el distrito de Humacao, Picky Díaz y Miguel Laureano dijeron que “Bernier y Jorge Suárez continúan con la agenda de ocultar y proteger el escándalo de corrupción en la Universidad de Puerto Rico, intentando distraer la opinión pública con señalamientos que no tienen validez alguna. La responsabilidad de que esos donativos lleguen al oncológico es de la propia universidad. En la medida que se conoce la corrupción en la otorgación ilegal de becas para allegados al PPD, no es de extrañar que la propia universidad le niegue los donativos que le corresponden al hospital oncológico”.

Pierluisi urge al Gobierno a tomar acción para cumplir con PROMESA 

WASHINGTON, DC  – El comisionado residente, Pedro Pierluisi, urgió el miércoles, al gobernador Alejandro García Padilla, a establecer un sistema formal bajo el cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de toda legislación sobre los gastos e ingresos.

El propósito del pedido de Pierluisi, hecho mediante carta cursada al Gobernador y a los presidentes y portavoces en ambas cámaras legislativas, es que el Gobierno esté en posición de proveer las certificaciones necesarias requeridas en la Sección 204(a) de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (“PROMESA”, por sus siglas en inglés), una vez los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados y el plan fiscal aprobado entre en vigor.

“El Gobierno de Puerto Rico debe tomar ciertas medidas para cumplir con la Sección 204(a) [de PROMESA], por lo que entiendo sería prudente tomar acción sobre algunas de esas medidas ahora, antes de que los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados”, dijo Pierluisi en su carta.

“La Sección 204(a) faculta a la Junta de Supervisión a revisar toda legislación aprobada por el Gobierno de Puerto Rico, pero este poder está limitado y bien definido. Específicamente, bajo PROMESA, el Gobernador debe enviar cada ley aprobada a la Junta de Supervisión, en o antes de siete días laborales luego de su aprobación. Sin embargo, si el Gobernador le brinda a la Junta de Supervisión (1) el impacto fiscal de la ley aprobada, emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico (OGP) u otra entidad gubernamental a cargo de estimar el impacto de la ley en los gastos e ingresos, y (2) una certificación de la OGP o de otra entidad gubernamental apropiada que certifique que la ley aprobada no es significativamente incompatible con el plan fiscal aplicable, entonces la ley aprobada por el Gobierno de Puerto Rico estaría completamente exenta de ser revisada por la Junta de Supervisión”, añadió el comisionado residente.

En su misiva, Pierluisi explicó que los únicos casos en que la Junta de Supervisión podría tan siquiera estar autorizada -pero no requerida- para evitar la aplicabilidad de una ley aprobada es, si el Gobierno de Puerto Rico, después de haber tenido numerosas oportunidades de hacerlo, (1) no brinde a la Junta de Supervisión el costo estimado de la ley aprobada o una certificación de que la ley aprobada no es significativamente incompatible con el plan fiscal, o (2) certifica que la ley es significativamente incompatible con el plan fiscal, pero falla en proveerle una explicación razonable a la Junta de Supervisión.

“En resumen, siempre y cuando el Gobierno de Puerto Rico legisle responsablemente, es sumamente improbable que cualquier ley aprobada sea revisada por la Junta, y mucho menos dejarla sin efecto”, afirmó Pierluisi, quien subrayó en otra parte de la carta que “teniendo en cuenta que Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis fiscal, es lógico pensar que el Gobierno de Puerto Rico no debe aprobar ninguna legislación sin tener un estimado razonable de su impacto fiscal”.

“En vista de lo anterior, le solicito a su administración establecer un sistema formal bajo el cual OGP, o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de la legislación sobre los gastos e ingresos. De esta manera, la OGP -u otra entidad gubernamental- estarán en posición de proveer las certificaciones necesarias, una vez los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados y el plan fiscal aprobado entre en vigor. Además de asegurar el cumplimiento con la Sección 204(a), tener una entidad independiente que provea un estimado formal del costo o impacto fiscal de toda medida legislativa promoverá disciplina fiscal por parte del Gobierno de Puerto Rico y beneficiará al pueblo puertorriqueño”, concluyó el comisionado residente.

En el 2006, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley ‪103-2006, que en su Sección 8 prohibía que cualquier proyecto de ley pudiera ser aprobado a menos que la OGP y el Departamento del Hacienda certificaran su impacto fiscal, así como la disponibilidad de fondos y su procedencia. Sin embargo, esa sección fue derogada en la Ley 67 de 2013.

Documento: 7.12.16_Letter_to_Governor_Re-PROMESA.pdf

Solicitan al Gobernador incluir proyectos agrícolas en una extraordinaria.

PONCE – Son cerca de nueve los proyectos de la autoría del senador por el distrito de Ponce Ramón “Ramoncito” Ruiz Nieves que se quedaron pendientes de discusión al cierre de la pasada sesión legislativa, por lo que solicitó al gobernador Alejandro García Padilla que incluya los mismos en la extraordinaria que estaría convocando próximamente.

Según Ruiz, en su mayoría las medidas están directamente relacionadas a los esfuerzos de desarrollo de la industria agrícola.

El legislador repasó algunos de los proyectos, como el que propone una Ruta Turística del Café y Haciendas Cafetaleras, que reuniría a 21 municipios de Puerto Rico para trabajar juntos con la Compañía de Turismo en un plan para integrar el agroturismo a la oferta que el País hace a sus visitantes. Otra de las medidas ordenaba a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permitir que las lagunas o charcas de retención de Sistemas y Canales de Riego bajo su jurisdicción, se pudiera llevar hasta un máximo de almacenamiento con capacidad de 8 millones de galones de agua, con el propósito de satisfacer la demanda de consumo del líquido para el desarrollo agrícola del País.

Otro de los proyectos al que Ruiz Nieves está dando seguimiento es el que enmendaría la ‘Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme’, para que sean las Juntas de Subasta las que evalúen y aprueben cada orden de cambio de todo contrato de obra de construcción en las agencias del gobierno, cuyo monto exceda de un diez por ciento del costo de originalidad del contrato. “El proyecto que tiene que ver para regular las órdenes de cambio en el Gobierno. Mientras hablamos del malgasto, tenemos que poner un freno al mismo y no hay que esperar por la Junta de Control Fiscal. No hay orden con ese tema y casos como el Tren Urbano, que sobrepasó en 50% las órdenes de cambio, el Supertubo, la Ruta 66, la PR-10, que sobrepasaron su costo original y fue el Banco Gubernamental de Fomento quien terminó pagando los platos rotos”, expuso el senador en comunicado de prensa.

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