POLÍTICA EN PUERTO RICO

POLITICA

Bernier propone Farmacias de la Comunidad sean centros principales de servicio 

CAROLINA  – El candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, estableció el domingo que los protocolos de prevención deben ser compulsorio para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, logrando así una población más saludable y un modelo más costo efectivo.

“Las Farmacias de la Comunidad son el lugar idóneo para que los pacientes reciban estos servicios”, acotó Bernier como parte de su presentación en el foro auspiciado por la Asociación de Farmacias de la Comunidad celebrado en el hotel Ritz Carlton.

Adelantó que está próximo a presentar su propuesta para un nuevo modelo de salud en donde además el rol de las aseguradoras se transformará significativamente y los proveedores de salud recuperarán su rol como columna vertebral de modelo.

Bernier aprovechó la ocasión para señalar las gestiones que ha realizado a de manera directa en favor de las Farmacias de la Comunidad quién es además de ser proveedores de servicios de salud son pequeños y medianos comerciantes.

“Junto a ustedes di la lucha para eliminar el aumento en el B2B y me fui incluso por encima del veto del Gobernador. De igual forma acabamos de luchar juntos para que se apruebe un proyecto que regula el rol de los PBM’s sobre el cual estoy exhortando al Gobernador que lo firme”, expresó el presidente del PPD.

De igual forma, se refirió a los sobre 1,100 millones de dólares en fondos recurrentes que identificó para la estabilización de los Sistemas de Retiro. “Si colapsan los Sistemas de Retiro, colapsan las Farmacias de la Comunidad, ya que los pensionados invierten sus ingresos mayormente en servicios de salud y alimentos. Estamos hablando de alrededor de 2,000 millones de dólares que invierten en la economía del país”, expresó el candidato popular.

Por último, afirmó que cree firmemente que los servicios deben ser accesibles, tanto para los ciudadanos como para los suplidores y que se debe lograr un balance empresarial en el que tanto las Farmacias de la Comunidad y las grandes cadenas puedan coexistir, ya que ambos son importantes para la economía.

Candidata a la gobernación insiste en plan universal de salud 

CAROLINA – La candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago insistió el domingo en la necesidad de que en la isla se implante el modelo del Plan de Salud Universal en el que el estado garantice una cubierta básica a los ciudadanos y se reduzca la cantidad de personas sin cubierta médica que, en Puerto Rico se sitúa en cerca de 300,000 excluidos.

“Ninguno de los buenos propósitos que cualquier candidata o candidato [a la gobernación] venga a presentarle a ustedes en el tema de la salud, va a poder materializarse en Puerto Rico hasta tanto no eliminemos lo que es el principal obstáculo para el reconocimiento real de la salud como un derecho humano: el absoluto poder que tiene el sector privado, a través de las aseguradoras, sobre la disposición que el gobierno destina al área de la Salud. Solamente con la adopción de un Plan de Salud Universal que garantice cubierta a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sin importar su condición social, su estatus laboral o su situación de salud es que podemos aspirar a que la salud se convierta en el derecho materializable que debe ser”, sentenció la líder pipiola durante un foro de los candidatos a la gobernación en la convención anual de la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico.

Insistió que sin un Plan de Salud Universal, hablar en Puerto Rico de derecho a la salud “es una fantasía y una forma de esconder la gran amenaza a la democracia que es el gran poder que tienen las aseguradoras y lo saben ustedes [dueños de farmacias de la comunidad] cada vez que les escatiman el pago justo por el servicio que ustedes proveen”.

De otra parte, Santiago reafirmó su compromiso con las farmacias de la comunidad. La candidata del PIP a la Fortaleza, que en su función legislativa ha tenido un constante vínculo con este sector, destacó la aprobación en el Senado del Proyecto 904, de su autoría, que enmienda la Ley de Cierre a los efectos de que se autorice a las farmacias con 25 empleados o menos a vender todos sus artículos los domingos y días feriados.

“Estamos a la espera de que se convierta en ley el Proyecto del Senado 904, de mi autoría, para que se aclare la interpretación que en algún momento se le dio a la Ley de Cierre y que provocó que se impusieran multas a las farmacias de la comunidad. De convertirse en ley la medida, estará protegiendo de forma definitiva a las farmacias con veinticinco empleados o menos en su nómina semanal”, detalló.

Otros temas abordados por la candidata del PIP en el foro, fueron su oposición a la fumigación con Naled y el depósito de cenizas en los vertederos de Peñuelas y Humacao que calificó como “el asbestos del siglo 21” así como algunas propuestas para el desarrollo económico del país.

Representante Meléndez acoge teoría de conspiración en aprobación de PROMESA 

SAN JUAN  – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez insistió el domingo en que hubo una supuesta conspiración entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para aprobar el proyecto conocido como PROMESA.

“Aquí se violó la federal por funcionarios, tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno de los Estados Unidos… El propio secretario, Jacob Lew. Aquí hay ayudantes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, personal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, personal del Departamento de Hacienda, personal del Banco Gubernamental de Fomento. No podemos descartar quiénes son las personas”, dijo Meléndez en conferencia de prensa.

Meléndez envió misivas al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin G. Hatch, a Loretta Lynch, secretaria del Departamento de Justicia Federal y a James Comey, director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), para que aseguren que se realice una investigación transparente y minuciosa sobre las implicaciones de un acuerdo de confidencialidad existente entre funcionarios del Departamento del Tesoro y dependencias del gobierno de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el fin de no divulgar información pública sobre los estados reales de las finanzas de Puerto Rico.

“En vista de que se pudo haber incurrido en conducta criminal federal es necesario que la secretaria de Justicia Federal y el director de FBI abran una investigación de inmediato y se conozca a fondo todo lo sucedido sobre este asunto. No hacerlo significaría validar un precedente peligroso para los Estados Unidos”, expresó el legislador.

Según el representante, recientemente, el senador Hatch hizo pública una comunicación dirigida al secretario del Tesoro en la que solicita que se brinden detalles sobre el acuerdo de confidencialidad entre su departamento y agencias del gobierno de Puerto Rico. Actualmente existe un desasosiego sobre la intención para entablar este acuerdo y si el mismo serviría como método de presión para lograr la aprobación del controvertible proyecto PROMESA. Adicional, existe preocupación sobre si este acuerdo de confidencialidad pudiera haberle ocultado información a los acreedores sobre la situación real de las finanzas en Puerto Rico.

“Es mi convicción, que dudas como estas necesiten ser atendidas y analizadas debidamente ya que este proceso no debe envolver ningún tipo de conflicto de interés, influencia indebida por intereses especiales, la potencial violación de reglas del SEC (Securities and Exchange Commission), o a cualquier ley o regulación estatal o federal por ninguna parte que haya estado envuelta en el proceso de influencia de camino a la aprobación de la Junta de Control Fiscal”, dijo Meléndez en sus misivas a los funcionarios federales.

Finalmente, señaló que bajo la Ley Federal de Libre Acceso a la Información o “Freedom of Information Act” (FOIA), tanto el gobierno federal como el estatal, tienen la obligación de brindar acceso de información a sus ciudadanos. Debido a que este acuerdo confidencial pudo haber sido perjudicial para la isla, el legislador novoprogresista enfatizó en que se ofrezca toda la información que se oculta y que se investigue a fondo para eliminar la secretividad entre la agencia federal y el gobierno estatal.

SAN JUAN  – La delegada para el Comité de Plataforma del Partido Demócrata para Puerto Rico, Norma Burgos informó el sábado que esa colectividad hizo un compromiso con la igualdad de Puerto Rico como ciudadanos americanos para que los puertorriqueños puedan votar por aquellos que aprueben leyes que afectan a la isla.
“Lo que se aprobó hoy (sábado) en el Comité de Plataforma del Partido Demócrata es un paso importante en el proceso de descolonización de Puerto Rico y en lograr la igualdad que tanto anhelamos”, dijo Burgos en un comunicado.

Detalló que el Comité de Plataforma aprobó una serie de compromisos que incluyen apoyar soluciones de estatus permanentes y no territoriales para Puerto Rico; lograr el voto presidencial para los puertorriqueños; alcanzar la paridad de fondos en los programas Medicaid y Medicare y programas de beneficio a familias para las ciudadanos que residan en la isla; la igualdad para residentes de Puerto Rico como ciudadanos americanos y que los puertorriqueños puedan votar por aquellos funcionarios electos que aprueben leyes que afectan a Puerto Rico. Como parte del proceso de discusión, se intentó incluir una enmienda para indicar que la Isla tenía autonomía bajo el ELA pero la misma fue rechazada.

Burgos fue más allá al indicar que lo aprobado no tan solo es un paso importante en cuanto a la descolonización de Puerto Rico, sino que establece el ambiente para que Puerto Rico pueda alcanzar la estadidad.

“La teoría del ELA desarrollado quedó derrotada. ¡Estamos en victoria! Fue incluida una enmienda al texto original indicando que ‘los puertorriqueños deben tener la capacidad de votar por las personas que aprueban sus leyes y tienen que ser tratados en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos americanos’. Es precisamente lo que por décadas hemos reclamado como derecho para todos los puertorriqueños y la única manera de elegir nuestros senadores y representantes al Congreso federal es convirtiéndonos en el estado 51 de la nación americana. Esto es un logro importante en la lucha para alcanzar la Igualdad que solo nos garantiza la Estadidad”, concluyó Burgos.

Por su parte, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidato a la gobernación Ricardo Rosselló se mostró complacido con lo aprobado en el Comité de Plataforma del Partido Demócrata e indicó que espera “que lo aprobado ayer por este Comité no sólo se quede en palabras, sino que se tomen pasos afirmativos para que bajo la administración de Hillary Clinton se cumplan con esos compromisos, respetando la voluntad de los puertorriqueños y logrando la estadidad”.

Para Rosselló, esto solo puede cumplirse si la Isla se convierte en un estado de Estados Unidos. “La única opción permanente que permite votar por el presidente y aquellos funcionarios electos que aprueben leyes que afectan a los puertorriqueños y donde se logra trato igual para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico es la estadidad. Lo que se aprobó ayer no es otra cosa que establecer mecanismos para que Puerto Rico se convierta en un estado. Esto es un paso importante y junto con las acciones afirmativas que vamos a tomar aquí, no tengo duda que alcanzaremos esa Igualdad que solo nos da la estadidad”, concluyó.

PIP sigue aceitando su maquinaria electoral

SAN JUAN- El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) continuó el domingo con el Plan de Adiestramiento sobre el Escrutinio Electrónico a la estructura electoral nacional que actualmente conduce de cara a las próximas elecciones.

“Con esta capacitación celebrada hoy en Hato Rey a cientos de militantes suman decenas los adiestramientos llevados a cabo en distintas regiones del país con el propósito de que nuestro equipo de comisionados, coordinadores y funcionarios electorales tenga absoluto dominio y conocimiento del sistema. Para mi Partido el Escrutinio Electrónico es de vital importancia para ayudar a garantizar que los resultados electorales al final del camino reflejen verdaderamente la voluntad expresada por los electorales. Que cada voto sea contado tal y como fue emitido”, expresó el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte en un parte de prensa.

Para Berríos, el plan de adiestramiento a la estructura electoral nacional que actualmente conduce la colectividad independentista de cara a las próximas elecciones es vital y de fundamental importancia para el logro de los objetivos electorales que el partido se ha impuesto.

El funcionario pipiolo indicó, además, que todo el esfuerzo de orientación sobre el escrutinio electrónico que continuarán ofreciendo a la maquinaria electoral independentista es cónsono con la campaña de reclutamiento de funcionarios de colegio que también se está llevando a cabo a través de visitas, cartas, llamadas y las redes sociales del comisionado electoral PIP en Facebook (Comisionado Electoral PIP), Twitter (@ceepip) e internet (www.comisionadoelectoralpip.com).

Llamado a AGP a rechazar medida sobre Reservas Agrícolas

SAN JUAN  – Una alianza concertada rápidamente le solicitó el domingo al gobernador, Alejandro García Padilla, que rechace dos proyectos ante su consideración que buscan cambiar dos Reservas Agrícolas.

De acuerdo a los directores del Colegio de Ciencias Agrícolas RUM-UPR, Raul Macchiavelli; del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Pablo Jiménez; de la Oficina del Bosque Modelo, Katia Avilés y del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Alfredo Vivoni, tanto el Proyecto del Senado 1055 como el Proyecto de la Cámara 2213 deben ser rechazados pues amenazan el bien público y ponen en jaque la capacidad de proteger terrenos agrícolas sentando un peligroso precedente.

“Entendemos que estos proyectos, de ser aprobados por el gobernador, representan el comienzo del desmantelamiento de las Reservas Agrícolas en Puerto Rico; Reservas que hasta el momento han protegido los terrenos agrícolas. También representaría una acción directa en contra de lo aprobado por el Plan de Uso de Terrenos en noviembre de 2015”, manifestó Avilés, en un parte de prensa.

Por su parte, Vivoni expuso que “los proyectos buscan excluir terrenos privados para el beneficio de unos pocos, por encima del interés público de proteger los limitados terrenos agrícolas que aun tenemos para aumentar la producción agrícola en un contexto de inseguridad alimentaria en el país. Importamos alrededor del 85 por ciento de los alimentos que consumimos”.

De acuerdo a los líderes, estas medidas resaltan la vulnerabilidad del Plan de Uso de Terrenos (PUT) y de la capacidad de alcanzar la seguridad alimentaria a la que ha aspirado esta administración. Los proyectos tienen el efecto neto de reducir el tamaño de las reservas agrícolas del país.

Según indicaron, por encima de los criterios técnico-científicos utilizados para la clasificación de estos terrenos en el mapa de Reservas y el PUT, el Proyecto del Senado 1055 persigue excluir terrenos que supuestamente no tienen valor agrícola de la Reserva en Lajas y excluye la agencia con la pericia para hacer dicha determinación, el Departamento de Agricultura, que se opuso también a la medida.

Mientras, detallaron que el Proyecto de la Cámara 2213 sienta un “peligroso precedente” ante la efectividad del estado para proteger los más valiosos terrenos agrícolas del país, buscando excluir fincas privadas “pequeñas” de la Reserva de Guanajibo (San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros), planteando que el valor de los terrenos disminuye.

“Los argumentos que se utilizan para justificar ambas medidas son precisamente esos que obligaron al Estado a legislar para detener el embate contra estos terrenos agrícolas: especialmente la fragmentación a través de la segregación y la especulación para promover el desarrollo desmedido, entre ellos el urbano”, acotó el presidente del Colegio de Agrónomos.

Por su parte, el decano y director del Colegio de Ciencias Agrícolas aclaró que “en el caso del Proyecto del Senado 1055, la medida fue opuesta por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales, el Recinto Universitario de Mayagüez (sede del Colegio de Ciencias Agrícolas), y otras organizaciones. En el caso del Proyecto de la Cámara 2213, el Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación se opusieron. Ha habido múltiples ocasiones en las que tanto los expertos como la ciudadanía en general se han expresado y llegado a los acuerdos que delimitaron las reservas y el PUT final, con la más reciente información técnico científica al momento”.

Los miembros de la alianza entienden que en este momento la prioridad para detener estas medidas es hacer un reclamo público al gobernador para que rechace las medidas, que claramente ponen en riesgo el trabajo de décadas de planificación, contravienen nuestro objetivo común de seguridad alimentaria y se oponen al trabajo del ejecutivo con proyectos agrícolas en el país.

“Solicitamos a la ciudadanía que escriban al gobernador (mensajes@fortaleza.pr.gov y gobernador@fortaleza.pr.gov) para que vete estos dos proyectos. Es en estos momentos debemos aunar esfuerzos para proteger nuestros terrenos agrícolas y dejarle a la próxima generación las tierras necesarias para sembrar la seguridad alimentaria del país”, concluyó Vivoni.

Aponte denuncia nuevas contrataciones colocan el Fondo en riesgo

EL CAPITOLIO  – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández denunció el domingo nuevas convocatorias a puestos de trabajo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

El también expresidente de la Cámara de Representantes, alegó que mientras esto sucede, la administradora de la CFSE, Liza Estrada, está negando la autorización de traslados de personal, un acto que viola lo establecido en una ley de esta administración, la Ley 66-2014, mejor conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.

“En estas convocatorias que estamos denunciando, el Fondo aumentará su nómina en por lo menos 350,000 dólares al año. Esto es un golpe fuerte para cualquier dependencia. El daño que este tipo de contrataciones le hace a la solvencia de la agencia para poder prestar servicios a los lesionados es casi irreparable. No existen los recursos para continuar contratando tanta gente nueva en el gobierno, sencillamente esto no aguanta más. Por acciones como esta, es que las casas evaluadoras de los bonos siguen degradándolos a más de chatarra”, dijo el legislador mediante un comunicado de prensa.

Indicó que entre las convocatorias que la Administradora del Fondo ha circulado desde la pasada semana se encuentran la de Gerente de Servicios Médicos Regionales con un sueldo de 6,281 dólares al mes, Asesor Legal III con paga de 4,945 dólares, Subdirector Asociado con remuneración de 3,292 dólares, tres puestos de Auditor Interno I con salario de 2,865 dólares, varios puestos de Coordinador de Seguridad Corporativa con salarios de 2,065 dólares cada uno, Asesor en Reclamaciones con compensación de 2,320 dólares, Subjefe para la División de Recursos Humanos con paga mensual de 2,189 dólares, Oficial Administrativo II con un sueldo de 1,384 dólares al mes y varias Secretarias Ejecutiva con sueldo asignado de 1,734 dólares.

“Este gobierno no tiene ningún control administrativo, eso ha quedado demostrado claramente. De todas las agencias y corporaciones públicas del gobierno, la más irresponsable ha sido el Fondo. Prácticamente cada mes están ‘abriendo’ procesos de nuevas contrataciones, a pesar de estar pasando por una de las peores situaciones fiscales en su historia, Decimos ‘abriendo’ porque todos sabemos que el proceso esta amañado ya que esos puestos tienen nombre y apellido, todos afiliados al Partido Popular Democrático”, sostuvo.

Aponte Hernández además criticó que la administradora deniegue el pedido de traslado a tantos empleados que lo han solicitado.

“Mientras la administradora está llenando la agencia con los amigos del alma, ella no ha considerado decenas de pedidos de traslados de empleados de carrera, acción que está dispuesta en la Ley 66-2014, en clara violación de esta. No podemos pensar otra cosa que no sea querer beneficiar a afiliados el partido popular y perjudicar, aun cuando la ley los protege, a personas no identificados con esa colectividad”, dijo.

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