Exdirector de agencias ambientales pide AGP rechace proyecto La Parguera

Diario:NoticiasSAN JUAN – El geólogo Pedro A. Gelabert solicitó el lunes al gobernador, Alejandro García Padilla, que no firme el Proyecto del Senado 1621, que pretende permitir la permanencia de las casas de veraneo construidas ilegalmente en terrenos de dominio público a orillas de la Parguera de Lajas.

“No firme el Proyecto del Senado 1621 para no empeorar la situación estableciendo un precedente legal que pudiera aplicarse a todos los invasores de los terrenos de dominio público en la zona marítimo-terrestre de Puerto Rico. Su administración no puede convertirse en cómplice de la aprobación de este plan maquiavélico y debiera conservar los recursos naturales para el uso y disfrute de nuestras generaciones futuras y no para el uso exclusivo de un grupo limitado personas poco escrupulosas”, dijo Gelabert en una carta dirigida al primer ejecutivo.

Gelabert ha ocupado la dirección de las tres agencias principales a cargo de la conservación de los recursos naturales y la protección de la calidad del medio ambiente en la isla bajo diferentes administraciones gubernamentales: el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Oficina del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental (USEPA, por sus siglas en inglés).

El expresidente de la JCA hizo a su vez un recuento histórico de las gestiones realizadas por estas y otras agencias desde la década de 1970 para remover y sanear el litoral de la Parguera, señalando que “no existe incertidumbre legal alguna sobre la permanencia de estas estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre donde los terrenos son propiedad del dominio público, en los cuales la propiedad gubernamental no se pierde por usucapión o cualquier otra forma legal”.

Entretanto, el exdirector de la Oficina del Caribe de la USEPA destacó que todas las obras permanentes construidas sin autorización en terrenos del dominio público están violando la ley y la reglamentación vigente y deben removerse. Precisó que los violadores de estas normas reguladoras podrían enjuiciarse y multarse por su invasión de los terrenos del dominio público apoderándose de ellos a través de casi medio siglo.

De otra parte, Gelabert, quien además es presidente de la junta de directores de la Corporación para la Conservación del Estuario de la Bahía de San Juan (EBSJ), reafirmó con este pedido la oposición expresada por más de un centenar de expertos y de sobre treinta organizaciones comunitarias y ambientales, miembros de la industria de la construcción y representantes de numerosas asociaciones de pescadores de Puerto Rico, quienes han expresado públicamente su oposición a esta medida.

Indicó que tanto el DRNA, la Junta de Planificación, como el Departamento de Justicia, también han recomendado al gobernador que vete esta medida legislativa radicada por el senador Antonio Fas Alzamora y el portavoz de la minoría en el Senado, Larry Seilhamer.

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