Puerto Rico, la bancarrota del antiguo espejo del plan Ibarretxe

EL CORREO – El Gobierno de la isla caribeña, que ha dejado de pagar a acreedores, reconoce que se enfrentan a la mayor crisis de su historia con una deuda de 63.000 millones de euros que ya supone el 100% de su PIB

El gobernador de Puerto Rico, Alejando García Padilla, el día en el que anunció el impago de la deuda. / EL CORREO

El gobernador de Puerto Rico, Alejando García Padilla, el día en el que anunció el impago de la deuda. / EL CORREO

Puerto Rico acaba de entrar en la lista de estados al borde de la quiebra, aunque con unas características más graves que la de otros países como Grecia o Argentina a causa de su relación especial con Estados Unidos. Esta dependencia supone que su rescate sea una meta casi imposible, ya que, por ejemplo, la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) es impensable y el Gobierno norteamericano no tiene una previsión para este tipo de situaciones. La deuda actual de Puerto Rico equivale al 100% de su Producto Interior Bruto (PIB) y ha superado los 72.000 millones de dólares (63.000 millones de euros, cerca de seis veces el presupuesto de Euskadi). Ese agujero se ha convertido no sólo en un problema que sitúa a punto de la bancarrota a una isla con 3,5 millones de habitantes, sino que ha irrumpido en la campaña presidencial norteamericana. Esta semana, el candidato republicano Donald Trump aseguró que no permitirá que el dinero federal se utilice para rescatar a su estado libre asociado, un mensaje al gusto de los sectores más liberales de su partido, pero que aumenta el enfado latino hacia el multimillonario.

El nombre de Puerto Rico forma parte del pasado de Euskadi de una manera remota. Su especiale status fue utilizado en el 2003 por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, como ejemplo de lo que podría ser, desde el punto de vista institucional, el futuro del País Vasco. El exmandatario del PNV utilizó el término ‘comunidad libre asociada’ -un calco del término ‘Estado libre asociado’ que define la relación de EE UU- para ejemplificar su aspiración independentista. El fracaso de esta iniciativa soberanista llevó la comparación con Puerto Rico al olvido, de tal forma que en el actualidad forma parte de la arqueología política vasca.

Crisis fiscal

La crisis económica boricua está marcada por su propia situación política. Su condición de Estado libre asociado implica que la mayoría de las competencias dependen de Washington -defensa, relaciones internacionales, comercio, aduanas, etc … – pero goza de una autonomía en cuestiones de impuestos que, en cierta forma, independizan su economía de la estadounidense. Y la gestión de esta soberanía en cuestiones fiscales ha sido, según los expertos, una de las causas del hundimiento financiero. La crisis portorriqueña está perfectamente analizada en el denominado ‘informe Krueger’, un estudio que el propio Gobierno de San Juan encargó a la ex directora gerente del FMI Anne Krueger. Este documento, presentado en 2015 supone la biografía de un hundimiento económico.

El estudio detalla que entre las causas de la crisis se encuentra la decisión del Gobierno de la isla de eliminar en 1996 las exenciones fiscales a empresas para aumentar la capacidad recaudatoria. En la práctica, esta decisión supuso que numerosas compañías norteamericanas que se asentaban en la isla para conseguir ventajas fiscales regresaran al continente. La fuga de capitales originó un aumento de la tasa de paro -actualmente es del 12,6%- en una sociedad que, según el propio informe, está acostumbrada a vivir de los subsidios. En este sentido, las ayudas sociales han supuesto que sólo un 40% de la población tenga un empleo o lo busque, ya que las subvenciones les garantizan seguros médicos, y el pago de servicios como el agua y la electricidad. Ese contexto social ha implicado que la capacidad productiva de Puerto Rico haya descendido sensiblemente en la última década. Hace dos años, la estadística ofrecía un dato revelador. La isla tenía una población de 3,5 millones, frente a los 5 millones de portorriqueños que residen en Estados Unidos. Además, la burbuja inmobiliaria norteamericana y la subida del precio de los carburante incrementaron aún más los efectos de la debilidad económica de la isla.

La bancarrota comenzó a hacerse efectiva el 2 de mayo, cuando las autoridades de San Juan anunciaron una moratoria en el pago de 370 millones que adeudaban a acreedores y cuyo plazo vencía ese mismo día. Esta decisión ya ha encendido las alarmas en todo el mercado bancario estadounidense, con fuerte intereses en la isla. El próximo 1 de julio deberá hacer frente a un nuevo pago. Según todos los expertos, otro impago podría hacer que se cerrase el grifo de las ayudas económicas lo que conduciría al país a una situación sin precedentes. La Administración de Barack Obama ya ha anunciado que no está dispuesta a conceder ningún tipo de trato favorable a la isla y ha recordado que en 2013 dejó hundirse la ciudad de Detroit antes que conceder ayudas.

Traición y racismo

Las posibles soluciones están pendientes de dos cuestiones: la propia situación de la isla y las decisiones del Congreso de EE UU. El Gobierno de San Juan ya ha solicitado al Parlamento norteamericano que le autorice a realizar una renegociación de su deuda, una decisión que aún se está debatiendo. Con respecto a las medidas que puede tomar el Ejecutivo, la clave se encuentra en el ‘informe Krueger’, que propone un ajuste tremendo de la economía en la línea de las tesis neoliberales puras. Las principales sugerencias son una reducción de 2.000 millones de dólares en el gasto administrativo que implica la reducción de plantillas de funcionarios o la eliminación de algunas ayudas sociales, así como la reducción de las pensiones. De la misma manera, el estudio postula un incremento de la presión fiscal y poner en marcha una reforma laboral que permita pagar sueldos por debajo del salario mínimo actual y que se sitúa alrededor de 500 euros mensuales.

El encargado de gestionar esta crisis es el gobernador Alejandro García Padilla, un abogado de 45 años elegido en las urnas y pertenenciente al Partido Popular Democrático. Esta formación se adscribe al centro moderado y está alejada de los anexionistas que quieren perder la condición de ‘libre asociado’ para ser un Estado más de la Unión y de los soberanistas que reclaman la independencia. Padilla está negociando la moratoria de su deuda para intentar salvar los muebles y evitar la bancarrota. En ese contexto, ya ha comenzado a utilizar el lenguaje más duro para intentar modificar la cerrazón del Gobierno y el Congreso norteamericano. Según ha declarado, Puerto Rico está siendo víctima «de una traición, motivada por el racismo».

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