Inician vistas públicas para evaluar medida que crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública

camaraEL CAPITOLIO  – La Comisión de Gobierno que preside el representante José “Conny” Varela Fernández, celebró el miércoles, la primera audiencia pública en torno al Proyecto de la Cámara 2944, que propone crear la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

“El proyecto de ley no está escrito en piedra y puede ser modificado u cambiado, por lo que la Comisión está receptiva a recibir a cualquier persona, entidad o dependencia que quiera presentar su posición sobre el proyecto ante esta Comisión”, dijo Varela en un parte de prensa.

El propósito de la medida, es establecer mecanismos más eficaces para tener acceso a la información del gobierno y sus tres ramas constitucionales, además de las corporaciones públicas, municipios, alianzas público privadas, y las entidades que surgieren por acuerdos que abarquen el traslado o la posesión de información pública.

La pieza legislativa, que fue presentada de forma bipartita por el representante Varela Fernández, y el Portavoz Alterno de la Minoría, Carlos “Johnny” Méndez, pretende garantizar que se cumpla el derecho constitucional que existe en Puerto Rico mediante el cual aquello que sea producido con recursos públicos o mediante ejercicio de autoridad pública, sea por servidores públicos o por personas autorizadas directa o indirectamente, sea de dominio público.

El proyecto obliga a los organismos gubernamentales a establecer un sistema de apertura y codificación de expedientes para facilitar la localización y búsqueda de la información, lo que sitúa al gobierno ante la responsabilidad de ser proactivo en la publicación de datos en Internet sin solicitud y respondiendo a una política de “Datos Abiertos”, para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y a la documentación pública. Además, abre espacio para imponer sanciones a los funcionarios que se niegan a entregar la información pública que se pida.

Varela Fernández, planteó que la intención de la legislación es acelerar y establecer unos procesos más beneficiosos para obtener la información, cuya única opción existente es acudir al Tribunal. Además, incorpora todos los criterios que el Tribunal Supremo ha establecido para evaluar si una ley que dispone para la confidencialidad de determinada información, pasa el crisol constitucional.

La medida fue respaldada por el profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), miembro de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Consejero General de Espacios Abiertos, doctor Efrén Rivera Ramos, quien a preguntas de Varela Fernández, opinó que en los momentos que atraviesa el País, la falta de acceso a la información y documentos del gobierno es medular, especialmente cuando están en discusión la crisis fiscal y la imposición de una Junta de Control Fiscal, que la ciudadanía apenas está comenzando a conocer, precisamente por falta de información. También expresó que la medida fortalece el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública de todos los miembros de la comunidad.

Rivera Ramos indicó, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una serie de decisiones tomadas a partir de 1982, ha establecido que el derecho a la información pública tiene rango constitucional, y que a pesar de ese paso de avance, esa jurisprudencia no ha sido capaz, por sí sola, de proveer condiciones y mecanismos eficaces que permitan hacer realidad ese derecho para todas las personas en Puerto Rico.

Mientras, la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, la licenciada Zulma R. Rosario Vega, avaló la creación de tres figuras importantes como lo son, la Junta Administrativas Revisora, un Defensor de la Información Pública y Oficiales de Información en cada agencia.

La funcionaria favoreció que la Junta estará ubicada en el Distrito Capitalino y será integrado por cuatro miembros nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado; además, que el Defensor de la Información Pública también estará ubicado en el distrito Capitalino y será un abogado que representará, ante la Junta o en el proceso apelativo judicial, a todo solicitante que lo requiera y no cuente con representación propia. Y, por último, que los Oficiales de Información en cada ente gubernamental serán servidores públicos de carrera.

No obstante, Rosario Vega, sostuvo que las figuras que se crearán por Ley, necesitan el respaldo económico para que puedan operar de forma eficiente y al máximo de sus expectativas.

De otra parte, el periodista y abogado, Oscar Serrano, como miembro de la CPI, igualmente favoreció la propuesta. A esos efectos, junto al licenciado Rivera Ramos, sometió a la Comisión cameral un anejo a la ponencia de un listado consignando el endoso al proyecto de 27 entidades y 42 periodistas locales activos.

Serrano también opinó que esta legislación “colocará a Puerto Rico, en una posición más avanzada que otros países en derechos de acceso a la información, incluso al frente de la jurisdicción de Estados Unidos”. Asimismo, el también abogado y exrepresentante de la Cámara, Víctor García San Inocencio, sostuvo que “la medida representa un cambio dramático y ahorros fundamentales, al adjudicar que evitarán y disminuirán pleitos en los tribunales”.

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