Contralora revela deficiencias en municipio de Arecibo

ContralorSAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso publicó el lunes un informe de auditoría para el Municipio de Arecibo que revela en sus hallazgos supuestas desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con la administración del presupuesto, violaciones a disposiciones ambientales y transferencias de crédito contrarias a la ley.

“Uno de los comentarios especiales del Informe señala que en enero de 2014 al Municipio se le suspendió la subvención federal del programa Head Start / Early Head Start debido a que usó fondos para propósitos no autorizados e incumplió con las aportaciones locales para el pago del bono de Navidad y el plan médico”, dijo Valdivieso en comunicado de prensa.

Valdivieso mencionó además que el Municipio tenía déficits acumulados de 10.35, 13.97, 15.84 y 11.21 millones de dólares para los años fiscales del 2011 al 2014. Además, acumuló sobregiros por 14.83 millones de dólares del 2012 al 2014 y los cargos bancarios correspondientes a los sobregiros por 32,505 dólares.

“En el 2009, el municipio fue multado por 50 mil dólares por violar la Ley de Aire Limpio de 1977 y en el 2001, por 305,643 dólares por violar la Ley de Agua Limpia de 1977. Estas situaciones disminuyen los recursos necesarios para atender las necesidades de la ciudadanía”, mencionó.

“El Informe señala también que el Municipio efectuó 221 transferencias de crédito por 1.74 millones de dólares sin las órdenes ejecutivas requeridas y de estas, se realizaron 207 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias sin las certificaciones de los sobrantes. En junio de 2014 el alcalde contrario a la ley, autorizó tres transferencias de crédito por 85,224 dólares que rebajaron el crédito de la partida destinada al pago de obligaciones contractuales. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-14-07”, añadió.

La auditoría de 11 hallazgos menciona además, la falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad mecanizados, que los planes de clasificación y retribución no estaban actualizados y, el incumplimiento de la ley del Registro de Demandas Civiles y de la ley sobre el estado de las privatizaciones.

“Al 30 de junio de 2015 el Municipio tenía 73 demandas civiles por 26.70 millones de dólares en los tribunales y 46 casos pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015. La fecha cubre la incumbencia de Lemuel Soto y Carlos Molina.

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