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AGP nombra asesor legislativo como juez asociado del Tribunal Supremo 

LA FORTALEZA – El gobernador Alejandro García Padilla nomino el viernes al licenciado Ángel Colón Pérez como juez asociado del Tribunal Supremo.

De esta manera, el primer ejecutivo llena la vacante dejada por la jueza Maite Oronoz Rodríguez, recién juramentada como presidenta del máximo foro judicial.

“Hoy con profunda satisfacción descargo mi responsabilidad constitucional de llenar la vacante en el Tribunal Supremo, anunciando mi decisión de nominar al licenciado Ángel Colón Pérez como juez asociado, ya que posee las cualidades necesarias para continuar aportando al país desde el máximo foro judicial e intérprete último de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Su disposición, profundidad de conocimiento y de pensamiento y la sabiduría y madurez que emana lo convierten en el mejor candidato”, enfatizó el primer ejecutivo durante la presentación en la Sala de los Espejos de la Mansión Ejecutiva.

Informó que desde que el mandatario asumió la gobernación en enero del 2013, se ha desempeñado como asesor Legal y Legislativo de García Padilla.

Previo a trabajar en la mansión ejecutiva, Colón Pérez laboró por una década en el Tribunal Supremo. Desde el 2002, el designado se destacó como oficial jurídico de los jueces presidentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico Miriam Naveira Merly y Federico Hernández Denton. En el año 2005, el Pleno del Tribunal Supremo lo designó director ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, dónde tuvo a su cargo el proceso de confección, administración y corrección de los exámenes de reválida general y notarial para abogados y abogadas. En el año 2006, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá lo nombró al cargo de juez del Tribunal de Primera Instancia y ese mismo año, fue destacado al Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se desempeñó, hasta el 2012, como ayudante especial del juez presidente Hernández Denton.

Por otra parte, desde el 2006 hasta el 2012, el nominado se desempeñó como profesor a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico donde dictó cursos en las áreas de Procedimiento Civil, Procesos Apelativos e Investigación, Análisis y Redacción I y II.

Colón Pérez posee un juris doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde fue miembro de la Revista Jurídica y reconocido como Redactor del Año 2000-2001. Fue admitido a la profesión legal tras aprobar, en el 2002, la Reválida General con percentil de 97.8 por ciento y la Reválida Notarial con percentil de 96.4 por ciento. Además, realizó un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con concentración en Gerencia de Recursos Humanos.

“El licenciado Colón Pérez será parte integral de la nueva generación del Tribunal Supremo que se apresta a renovar en juventud, talento y experiencias nuestro sistema judicial, mientras contribuye a la formación de una nueva sociedad puertorriqueña a la altura de este nuevo siglo”, afirmó García Padilla.

La designación de Colón Pérez pasa ahora al Senado para continuar con el proceso de confirmación.

Bhatia exige al gobernador que diga para que quiere los poderes de la Ley de Moratoria

EL CAPITOLIO  – El presidente del Senado, Eduardo Bhatia exigió el viernes, al gobernador Alejandro García Padilla a que revele para qué quiere los poderes que le confiere la Ley de Moratoria.

“Insisto y solicito al gobernador que le hable claro al país. No es momento para ofrecer declaraciones públicas defensivas, ni escudarse en peleas inconsecuentes. Reitero que es momento de que el gobernador asuma la responsabilidad que solicitó a la Asamblea Legislativa y explique el plan para los próximos días y meses. En momentos tan críticos, los puertorriqueños no pueden ser rehenes de la incertidumbre y de la especulación constante. Es mi responsabilidad constitucional y como representante del pueblo, exigir esa transparencia. Mi punto es sencillo, espero que el Ejecutivo lo entienda”, dijo Bhatia en declaraciones escritas.

El presidente del Alto Cuerpo legislativo, reiteró, que, ante el llamado del primer ejecutivo de declarar al país en estado de emergencia, actuó de manera rápida y les concedió los poderes bajo dicha Ley.

“Al inicio de esta semana, el gobernador solicitó a la Asamblea Legislativa que declarara un estado de emergencia para el País. El Senado de Puerto Rico actuó de manera inmediata a base de las representaciones sin precedente sobre la situación crítica en las finanzas de Puerto Rico. Al activar un estado de emergencia mediante la Ley 21-2016, se concedieron ciertos poderes al gobernador consistentes con principios constitucionales con el objetivo de continuar proveyendo servicios esenciales a todos los ciudadanos. Esta Ley no predetermina el curso a seguir por el gobernador. Por esa razón, al asumir los poderes descritos en la Ley 21-2016, se agudiza el deber del Ejecutivo de actuar de manera responsable y transparente. El País solicita que se provea la información sobre los pasos que se tomarán para ejecutar esta Ley”, sostuvo Bhatia.

Del mismo modo, Bhatia exigió a García Padilla que diga a quién va a nombrar como Principal Ejecutivo Financiero que “restaure la credibilidad” de Puerto Rico en Washingtom, Wall Street y otros mercados financieros.

“Además, la Ley crea el puesto de un nuevo Principal Ejecutivo Financiero (Chief Financial Officer, en inglés). Es indispensable que el gobernador designe a nueva persona para este puesto que reinstaure la credibilidad perdida hasta hoy en Puerto Rico, en Washington D.C., en Wall Street y en los otros mercados financieros”, concluyó.

Listas las enmiendas bipartitas a la Ley de Moratoria

EL CAPITOLIO – La portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón habló el viernes sobre las enmiendas a la Ley de Moratoria acordadas con el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández.

“Estamos incluyendo unos puntos en los que sí estamos de acuerdo. La mayoría de los legisladores del Partido Popular (Democrático) y algunos legisladores del PNP. Esas enmiendas van a la protección de los municipios, protección de las cooperativas y los pensionados”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La representante mencionó que el lunes se reunirá con su caucus para discutir las enmiendas.

Mencionó, además, que radicó el Proyecto de la Cámara 2682 para derogar la Ley de Moratoria.

Previo a la conferencia de prensa, el representante, Rafael “Tatito” Hernández, sostuvo una reunión con la expresidenta cameral en su oficina para discutir las enmiendas. Se adelantó que serán dos proyectos de enmiendas que se presentarán a la Ley de Moratoria.

Presenta Quiquito Meléndez Proyecto para derogar Ley de Moratoria

EL CAPITOLIO – El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez radicó el viernes, un proyecto de ley con fines de que se derogue la misma y disponer para que toda gestión ejercida o iniciada al amparo de la antes mencionada Ley, sea enteramente revertida y dejada sin efecto.

El legislador indicó en un comunicado que “la radicación del proyecto surge ante la manera en que se llevó a cabo la aprobación de la ley, y ante el reclamo de los sectores económicos, políticos, y expertos en la materia de derecho constitucional, quienes señalan que la ley en cuestión no se debió realizar sin un debido proceso de vistas públicas. Adicional, la nueva “Ley de Moratoria” se aprobó sin que se estudiara a fondo todos los posibles conflictos legales y anticonstitucionales que contiene la misma”.

Según señala el Proyecto de Ley radicado por Meléndez, la nueva “Ley 21 de Moratoria” otorga poderes excesivos al gobernador evidentemente inconstitucional como disponer de múltiples disposiciones de ley sin necesidad de legislación. Adicional le otorga el poder al Primer Ejecutivo a menoscabar el derecho a la propiedad autorizándolo a expropiar todos aquellos negocios que entienda son esenciales para el funcionamiento del gobierno. Esta autoridad choca con la máxima constitucional de que no se privará a nadie de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Por otra parte, el legislador novoprogresista la emprendió contra el presidente del Senado Eduardo Bathia, quien durante el jueves realizó expresiones en contra de la “Ley de Moratoria” y el equipo fiscal del Gobernador sobre la falta de información pública sobre la medida aprobada.

“Las expresiones de Eduardo Bathia son prueba suficiente de que la Ley de Moratoria fue aprobada a la ligera y sin realizarse un estudio a fondo sobre el impacto de la misma. Ni él mismo sabe como explicar cual es el propósito de la Ley o porque se realizó la misma. Una vez más el Presidente del Senado a demostrado que ha sido un sello de goma del Gobernador García Padilla y su improvisación. Es indignante que impulsaran en ambos cuerpos legislativos la aprobación de un proyecto de ley que claramente tiene matices inconstitucionales, atenta contra la propia legislatura, y los derechos de la ciudadanía”, concluyó.

Surgen nuevos datos sobre los comercios más multados dice Rivera Filomeno 

EL CAPITOLIO  – Por segunda ocasión, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentó el viernes ante el Senado información solicitada por el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, para identificar las empresas más multadas por violaciones a los reglamentos que protegen los derechos de los consumidores.

En la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, compareció el licenciado Marcelo Alfaro en representación del secretario del DACO Nery Adames. Alfaro indicó que en la pasada vista, “la agencia decidió presentar las querellas en lugar de las multas porque representan los problemas más cercanos a los consumidores”. En cambio, la agencia presentó un detallado informe de los resultados por región de la iniciativa ‘Tómate en serio la Compra’, donde se informó de los comercios que fueron señalados por venta de alimentos fuera de la fecha de expiración.

“Es bien relevante la información sobre los colmados y supermercados que tienen alimentos expirados en sis góndolas, pero nuevamente la información sobre el historial de multas no fueron incluidos en la ponencia. Esto dificulta nuestra gestión de analizar si las penalidades que los comercios que no respetan los derechos de nuestros consumidores son efectivas y disuasivas”, expresó Rivera Filomeno en un comunicado de prensa.

El senador argumentó además que “entendemos que DACO se encuentra inmerso en un proceso de digitalización de esta información, pero esto no nos parece una excusa razonable, ya que la agencia reconoce que los datos existen. Queremos saber cómo se maneja este asunto de las multas impuestas contra los que les fallan a los consumidores. Conocer esta información oficial nos dejará saber quiénes cumplen o no con el ciudadano”.

En un intento de subsanar las deficiencias de la información suministrada a la Comisión, el representante del DACO reveló un extenso documento con los comercios que consistentemente llegan a acuerdos con el DACO en beneficio del consumidor para evitar enfrentar el proceso administrativo y las posibles multas que acarrea el incumplimiento. Ante esta información, la senadora Migdalia Padilla, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión, argumentó que “entiendo que las multas que se determinan por el DACO deben ser pagadas y nunca negociadas, porque representaría un disuasivo para cumplir cabalmente con los reglamentos en el futuro”. La senadora por el distrito de Bayamón comparó las multas que emite el DACO con las multas que emite la Policía. “El ciudadano no tiene potestad para negociar las multas por violaciones de tránsito, por ilustrar un ejemplo, pues yo entiendo que con los comercios debe ser lo mismo”. Ante el argumento de la senadora, el representante del DACO dijo que “en realidad para nuestra agencia, las multas no son punitivas, son más bien disuasivas”.

A preguntas de Rivera Filomeno sobre la cuantía final de la multa pagada por el comercio a través de un acuerdo de transacción, el representante del DACO expresó que la agencia estaba impedida de revelar los totales “debido a que existen acuerdos de confidencialidad entre las partes”, planteamiento que Rivera Filomeno descartó de manera enfática, argumentando que dicho acuerdo no quedaría violentado por la mera divulgación de la multa pagada.”Es para evitar el daño a la imagen corporativa, que es bien significativo”, insistió Alfaro, quien se comprometió a consultar con la agencia sobre el particular y revelar por escrito las cuantías, “siempre que no sean incompatibles con los acuerdos de confidencialidad”.

El senador por Carolina respondió que “La percepción del país sobre el DACO es que emiten las multas, que se transan la mayoría y al final del proceso de adjudicación los comercios que enfrentan la infracción pagan muy poco de la misma. Esa es la imagen de la agencia y quiero tener los datos oficiales para descartar o validar eso. La información sobre el total de multas es muy valiosa para que este Senado sepa realmente cuántas de las multas se pagaron o se transaron, para medir cuán efectivo es el proceso que tiene el DACO”, expresó Rivera Filomeno.

Con relación al tema de los informes que emite el DACO sobre los ingresos que recibe por concepto de multas, la agencia informó a la Comisión que no tiene conocimiento de informe alguno que se presente al Secretario de Hacienda sobre las multas que imparte. “Consultado con el Secretario Auxiliar de Gerencia y Administración, no surgen datos que confirmen tal requerimiento. En cualquier caso, de estar equivocado, con gusto acudiremos de manera inmediata ante esta Comisión para afirmarlo y ofrecer la información adecuada”, expresó el Secretario del DACO en la ponencia.

Rivera Filomeno solicitó a la agencia un informe completo de los pasados tres años sobre la cantidad de multas que se emiten, cuáles son negociadas, cuáles se pagan y el monto de las mismas. “Concedemos cinco días para que emita esa información. Entiendo que es un tiempo razonable, conociéndose que ya se había solicitado previamente”. El senador informará públicamente dichos datos tan pronto los reciba. Al finalizar la vista, el senador expresó que “en esta lucha en defensa de los derechos de los consumidores siempre tenemos dificultades en lograr la información requerida, pero vamos a cumplir con lo prometido. No me cabe la menor duda”.

Nada nuevo para Ricardo Rosselló apoyo del “Caballo” a Pierluisi 

PONCE  – El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares restó importancia el viernes al apoyo expresado por parte de Carlos Romero Barceló a la candidatura primarista de Pedro Pierluisi.

“Yo siempre le he tenido un gran respeto a Don Carlos, y lo cierto es que esta noticia no es tan nueva”, dijo Rosselló Nevares en entrevista radial por WPAB 550.

“Esa es su decisión, lo importante es que el Pueblo está con nosotros”, añadió.

Cuestionado sobre si ha tenido algún peso el respaldo de Romero Barceló a la candidatura de Pedro Pierluisi, Rosselló Nevares se limitó a contestar que “yo creo que ninguno”.

El exgobernador Carlos Romero Barceló oficializó la aspiración de Pierluisi, para gobernador de Puerto Rico.

“Los problemas y retos a los que nos enfrentamos, son muchos y difíciles, y el pueblo necesita que nuestro próximo gobernador sea una persona que tenga experiencia gubernamental, y experiencia gerencial como director de una agencia de gobierno o de una empresa. Si además de reunir todas esas condiciones tiene también experiencia legislativa y contactos en el Congreso de la Nación, más cualificado está”, expuso Romero.

“He sido y soy muy cauteloso en endosar a nadie para Gobernador. Pero, el único candidato que reúne la experiencia y los conocimientos necesarios para poder cambiar el rumbo por el que tan torpemente nos ha llevado el Partido Popular, y quien, con la ayuda de todos nosotros, continuará con nuestra lucha por la Igualdad hasta lograrla, es Pedro Pierluisi”, añadió.

Romero Barceló hizo el endoso en medio de una actividad en la que se inauguró el Centro de Operaciones de Campaña de Pierluisi, Gobernador, ubicado en la Avenida Piñero, esquina De Diego.

Senador del PNP en contra de medida que privatiza hospital de Caguas

EL CAPITOLIO – El senador Ángel ‘Chayanne ‘Martínez Santiago catalogó el viernes como una “hipocresía administrativa” la aprobación ayer, jueves, de una medida la cual privatiza el hospital público Doctor Eduardo Garrido Morales del Municipio de Caguas.

Explicó que se trata de la Resolución 641, la cual ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas la transferencia del mencionado hospital, libre de costo, a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), la cual, a su vez, tiene planes de venderlo al Grupo Menonita.

“El problema es que por muchos años el Partido Popular Democrático ha criticado a mansalva la política pública de la Reforma de Salud implantada en el 1994. Dijeron que eso era vender los activos del país y dejar al Pueblo de Puerto Rico sin suficientes recursos para manejar un “sistema eficiente” de administración pública de servicios de salud. Hoy se están comiendo esas palabras. La realidad es que esto es una hipocresía administrativa por parte de este desgobierno”, dijo el también portavoz de la delegación del PNP en la Comisión de Salud en un comunicado de prensa

Aseguró que a esta transacción se opuso la secretaria de Salud, la doctora Ana Ríus, en el que argumentó que “por lo que realizar una transferencia del mismo a ASES significa la pérdida de unos fondos que son necesarios para el Departamento, dada la pobre situación fiscal en la que nos encontramos”, según reza en el Informe sobre la medida de la Comisión de Gobierno.

La Comisión, dijo Martínez, no hizo caso de la solicitud de cuidado que hizo el Departamento de Salud.

Detalló que la medida se aprobó el jueves, con votación 18-4. Martínez Santiago, junto a los senadores José “Joito” Pérez, María de Lourdes Santiago y el vicepresidente del cuerpo, José Luis Dalmau, le votaron en contra.

“Esto es una falta de respeto. No servía cuando lo hizo el PNP, pero sirve ahora, el mismo modelo, cuando el partido popular está en mayoría. Aquí existe, por parte de la mayoría, una falta de consistencia, una falta de respeto a la administración pública, y la falta de verticalidad en la cosa pública”, terminó diciendo el senador por el Distrito de Arecibo.

Gary Rodríguez pide radicación de proyecto para derogar Ley de Moratoria del BGF

EL CAPITOLIO  – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel ‘Gary’ Rodríguez Miranda les exigió el viernes, a los presidentes legislativos la radicación de una medida para derogar la ley de moratoria.

“La realidad es que Jaime Perelló acaba de decir que no leyó el proyecto completo, ósea, que no sabe a ciencia cierta lo que se aprobó en la madrugada del martes. Por otra parte, Bhatia, luego que aprobó la medida en el Senado, dice que la misma es mala y que el equipo económico del Gobernador tiene que dar explicaciones. Ambos admiten que ese proyecto, que ahora es ley, no es bueno para Puerto Rico, entonces, ¿por qué no derogarlo?”, señaló el legislador en un comunicado de prensa.

El legislador sostuvo que el pasado miércoles, Bhatia arremetió contra el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo económico, por lo que a su juicio ha sido un manejo pésimo en explicar la ahora ley que viabiliza la moratoria en el pago de la deuda del gobierno.

Por otra parte, dijo que Perelló supuestamente admitió que “la medida podría tener un efecto nefasto en la economía”.

“Perelló reconoció que está preocupado por el impacto que tendrá esa ley en el sector cooperativista de Puerto Rico. De hecho, ha ido más lejos al decir que necesita enmiendas urgentes. ¿Alguien en Puerto Rico cree que García Padilla le va a aprobar esas enmiendas? Claro que no. Si ese fuera el caso, las mismas se hubiesen aprobado el mismo lunes, cuando el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael ‘Tatito’ Hernández, junto a la delegación del PNP, las sometieron en el hemiciclo. El único camino es la derogación de la ley”, añadió Rodríguez.

Rodríguez Miranda dijo que de someterse y aprobarse el proyecto de derogación de la ley, el Gobernador podría hacer tres cosas: no atenderlo, aprobarlo o vetarlo. Si decide por la ultima, con los votos de la delegación del PNP, ambos cuerpos tendrían la mayoría para irle por encima al veto.

El Gobernador firmó el proyecto de ley que viabilizó la moratoria, la Ley 21-2016, el pasado miércoles.

“Todos los sectores de Puerto Rico reconocen lo mismo que Perelló y Bhatia ahora admiten, que la medida no es buena, no funciona y traerá perdidas millonarias para nuestra economía. Es hora de terminar este experimento, es hora de derogarla”, concluyó.

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