NOTICIAS POLÍTICAS

NOTIMAS3

Solicitan ayuda internacional para que Congreso crea que en Puerto Rico estamos al borde de la crisis humanitaria

WASHINGTON D.C. – El secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz González, solicitó el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyo internacional para que el Congreso de Estados Unidos ayude a Puerto Rico.

“Solicitamos apoyo internacional en nuestro reclamo al Congreso de Estados Unidos para que asuma su responsabilidad y nos brinde el trato digno, igualitario y responsable que merecemos los 3.5 millones de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que residimos en Puerto Rico”, afirmó Ortiz en comunicado de prensa.

Ortiz González alegó en su alocución que “la situación fiscal en el país empeora cada día, colocando en peligro el ofrecimiento de servicios esenciales a la ciudadanía en áreas como la salud, seguridad, educación y bienestar en general, mientras el Congreso ofrece alternativas antidemocráticas que atentan contra el derecho de los puertorriqueños a autogobernarse”.

“Pese al reclamo activo al Congreso federal, las comparecencias a varias audiencias públicas ante el Congreso de Estados Unidos, las múltiples visitas de funcionarios del Estado Libre Asociado para exigir un trato justo y digno, la rama legislativa del gobierno federal no cumple con su obligación de actuar, lo que ha afectado dramáticamente la calidad de vida de todos los puertorriqueños”, añadió.

Durante su ponencia, el secretario mencionó que la administración del gobernador Alejandro García Padilla “ha hecho todo lo posible por reactivar la economía, aumentar los recaudos del gobierno y reducir el gasto gubernamental sin despedir empleados públicos y sin dejar de ofrecer servicios esenciales. No obstante, sin restructuración y activación de la economía, Puerto Rico podría sufrir una crisis humanitaria sin precedentes”.

Contralora revela supuesto esquema de proveedores en tres municipios

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso reveló el lunes a través de un informe de auditoría de un supuesto esquema de colusión entre proveedores y la posible falsa apariencia de competencia el cual fue detectado originalmente en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.

La colusión es un acuerdo entre compañías (proveedores) con el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso que aquel que habría obtenido si hubieran competido de forma legal. Estas compañías pueden ponerse de acuerdo para fijar precios, repartirse el mercado o cualquier otra condición comercial.

“En el examen realizado en colaboración con la División de Asistencia en Litigación y Auditoría Forense, demuestra las múltiples relaciones entre personas y compañías que alerta sobre el posible esquema de colusión en la UPRB, y en los municipios de Bayamón, Corozal y Naguabo. El análisis de 20 contratos de servicios reflejó 14 transacciones irregulares por 1.03 millones de dólares, en dichos municipios”, dijo Valdivieso en comunicado de prensa.

“Por ejemplo, el presidente de la compañía A y de la compañía Q era a la vez el gestor de la compañía B y empleado de la compañía F; una empleada de la compañía G y de la compañía B, también firmó contratos de la compañía J y aparece como secretaria de la compañía H, y así se repite el patrón con otras personas según se detalla en los diagramas y explicaciones del Comentario Especial 1 del Informe”, explicó.

“Con respecto a los hallazgos en la UPRB, la auditoría señala que los rectores de dicho recinto, no habían preparado ni remitido para aprobación a la Junta Administrativa, las normas y procedimientos para regir la compra de bienes o servicios de 50 mil dólares o menos. Además, de una evaluación de tres órdenes de compra adjudicadas por la UPRB al Proveedor A para el lavado de aceras y construcción de jaulas de bateo, y mejoras de los camerinos de la cancha, se identificó que en dos de las órdenes participaron los mismos tres proveedores y que las cotizaciones del Proveedor C resultaron ser falsas. El Proveedor C declaró a nuestros auditores que no preparó las dos cotizaciones presentadas, que no se dedica a la construcción, sino a la refrigeración y acondicionadores de aire, y que no cuenta con el conocimiento ni experiencia ni equipo para los proyectos señalados, entre otras”, añadió.

Mencionó que estas situaciones se notificaron al secretario de Justicia el 19 de agosto de 2015. La opinión de la Contralora es adversa. El informe cubre el período del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2015.

PPD anuncia el sorteo de posiciones para las primarias

SAN JUAN – El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha, informó el lunes que la colectividad se dispone a realizar el sorteo de posiciones en las papeletas para las primarias de ley que se llevarán a cabo el domingo 5 de junio de 2016.

“Según el requerimiento de ley, el próximo 5 de junio se llevarán a cabo los procesos de primarias en los principales partidos políticos del país. Como parte del cumplimiento con estos procesos, estamos convocando a todos los aspirantes populares debidamente certificados a darse cita en nuestro comité central, este próximo jueves 7 de abril a las 11:00 de la mañana. Estaremos realizando el sorteo de las posiciones en las papeletas que recibirán los votantes el 5 de junio”, explicó San Antonio Acha en comunicado de prensa.

El comisionado electoral San Antonio Acha detalló que “en esta primaria del PPD efectuaremos 27 primarias en total. Se dividen de la siguiente forma: candidatura a comisaría residente en Washington, Senadores por acumulación, Representantes por acumulación, tres primarias en distritos senatoriales, doce en distritos representativos y nueve primarias por candidaturas a alcaldías. Para estas 27 primarias se totalizan 83 aspirantes.”

Contralora revela serias desviaciones de ley en municipio de Rio Grande en periodo de convicto alcalde

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso publicó el lunes un informe de auditoría al Municipio de Rio Grande el cual reveló entre otras cosas cotizaciones falsas solicitadas por un empleado que respondía al alcalde, pero no estaba autorizado para esas funciones.

“El municipio de Río Grande incurrió en déficits operacionales por 4.2 millones, 44.6 millones y 3.4 millones de dólares en los años fiscales de 2012 al 2014; sobregiros por 824 mil dólares de 2011 al 2014 y sobregiros por 1.9 millones de dólares al 31 de marzo de 2015”, expuso la contralora en declaraciones escritas.

“Además, en enero de 2014 se adjudicó la mejora del sistema eléctrico del Estadio Ovidio de Jesús por 31,600, aunque una de las cotizaciones era falsa. Además, un funcionario municipal que respondía al entonces alcalde, solicitaba, recibía, evaluaba y recomendaba las cotizaciones sin estar autorizado a realizar dichas tareas. De septiembre de 2011 a julio de 2014 dicho funcionario había obtenido 15 cotizaciones (incluida la falsa antes mencionada) que derivaron en contratos por 256 mil dólares”, añadió.

Valdivieso mencionó también que otro de los hallazgos que señalas desviaciones de ley y de reglamentación “es el fraccionamiento en tres contratos de una obra de pavimentación cuyo costo total era de 204,501 dólares, para obviar el requisito de celebrar subasta pública; los préstamos por 6.9 millones de dólares realizados al Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas; multa de 45,010 dólares por incumplir con la Ley de Aguas Limpias y la adquisición de un edificio y unas butacas para la pista de atletismo por 915,464 dólares que no han tenido ninguna utilidad.

El Informe de 13 hallazgos y tres comentarios especiales indica que no se cobraron patentes municipales a los contratistas que realizaron obras en el Municipio.

“El entonces alcalde autorizó en periodo eleccionario una transferencia de crédito para aumentar los gastos operacionales contrario a la Ley 81-1991; la Unidad de Auditoría Interna (UIA) no efectuó auditorías periódicas sobre el funcionamiento del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado y el Municipio no mantenía un registro actualizado de sus bienes inmuebles”, sentenció.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y el Informe cubre el período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015. Para ese entonces el alcalde fue el ahora convicto Eduard Rivera Correa.

Seilhamer alega que hace dos años radicó legislación para investigar al BGF

EL CAPITOLIO  – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, criticó el lunes las expresiones del presidente de ese Cuerpo, Eduardo Bhatia sobre la situación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en términos de pedir transparencia y poner a la disposición de la Administración cualquier legislación necesaria desde el Senado.

Según el senador, la mayoría del Senado actúa tarde y se cruzó de brazos cuando tuvo la oportunidad ya que desde el 2014 radicó legislación para investigar la liquidez del BGF.

“Una vez más las acciones del Senado son muy pocas y llegan muy tarde. El 28 de agosto de 2014, es decir hace casi dos años, radiqué la Resolución del Senado 910 para que ese Cuerpo investigara las consecuencias de que el Banco Gubernamental de Fomento no dispusiera de liquidez, según constaba y advertía un informe emitido por Global Credit Research de Moody’s Investor Service, pero la mayoría popular en el Senado no le dio paso”, dijo Seilhamer Rodríguez en comunicado de prensa.

“Esta situación con el BGF no surgió de un día para otro, es algo que venimos observando y advirtiendo, pero los senadores de mayoría ignoraron nuestros reclamos”, sostuvo el senador quien añadió que, “en aquel momento (2014) solicité que se indagara cuáles eran los planes de acción de esta agencia para atender la posible liquidez y que los directivos del BGF demostraran cómo atenderían la crisis, que hoy vemos, por tanto expresar que, en estos momentos cuando falta menos de un mes para que el BGF tenga que emitir un pago de $400 millones, el Senado quiere colaborar es demagógico”, añadió.

El portavoz del PNP en el Senado cuestionó además sobre “qué ha pasado con el dinero de las cruditas uno y dos y todas las medidas impositivas aprobadas por este gobierno”.

“No solo han cargado al pueblo con impuestos, sino que obligaron a las agencias a realizar los depósitos en el BGF, se aprobó la videolotería y le tomaron 125 millones de dólares a corporaciones públicas como el Fondo del Seguro, la Compañía de Fomento Industrial, el Departamento de Desarrollo Económico, el Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Turismo. Lo que hoy vemos es el resultado de la continua improvisación, tal y como advertimos en ese momento. Todavía no se le habla con transparencia y claridad al pueblo, se mantiene un clima de incetidumbre y desesperanza que no es bueno. Me reitero en lo que dije en el 2014, el Senado tiene que ejercer una estricta fiscalización del BGF, en lo concerniente a su liquidez y capacidad financiera”, sentenció.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.