Misión de CIDH viajará a Puerto Rico por crisis humanitaria y fiscal

CIDHWashington, 4 Abr (Notimex).- Una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) viajará en las próximas semanas a Puerto Rico para conocer de primera mano lo que fue descrito hoy en una audiencia como “crisis humanitaria” derivada del deterioro fiscal en la isla.

“Nuestro plan es visitar Puerto Rico antes del verano”, dijo a Notimex la Comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien presidio la audiencia sobre el estado de la deuda, el presupuesto y la pobreza en Puerto Rico con la participación de autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

“Es muy desconcertante lo que hemos escuchado de ambas partes. Claramente se trata de un problema muy serio. Me preocupa especialmente que no oí nada del impacto de la población afro descendiente (…) y saber que las escuelas están siendo reducidas”, dijo May Macaulay.

La CIDH prevé celebrar una audiencia de trabajo en la isla con los diversos sectores del país, a fin de evaluar posibles mecanismos de apoyo del sistema interamericano.”

Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, aceptó a nombre del gobierno puertorriqueño la iniciativa de visitar la isla. “Con mucho gusto”, respondió a May Macaulay.

Antes, durante la sesión, organizaciones de la sociedad civil describieron un panorama de emergencia económica que se ha empezado a traducir en una crisis humanitaria para los sectores más vulnerables de Puerto Rico, por lo que demandaron la intervención urgente del presidente Barack Obama y del Congreso.

“Solicitamos que está Comisión atraviesa por una grave crisis de derechos humanos y que ninguna medida que se tome para resolverla puede ser a costa de la renuncia al disfrute de los derechos de las personas”, dijo Ana María Rivera del Movimiento Amplio de Mujeres.

En respuesta el representante interino de Estados Unidos ante la CIDH, Michael Fitzpatrick reconoció que “la Mancomunidad de Puerto Rico está en crisis. Ya han ocurrido incumplimiento de pagos y se han afectado los servicios esenciales del gobierno central”.

Entre los problemas derivados de la crisis han dejado de pagar pensiones, pagos a proveedores del gobierno y cierres escalonados y temporales de escuelas.

“La administración Obama quiere que Puerto Rico emerja de esta crisis y no dejará una piedra sin levantar por sus autoridades administrativas para ser usadas por el gobierno”, señaló. Pero se requiere acción del Congreso inmediatamente para resolver está crisis”.

La Casa Blanca ha propuesto un nuevo marco legal integral que incluya reestructuración de la deuda, supervisión presupuestal federal, reforma del sistema de salud e incentivos fiscales.

En representación del gobierno local, Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, deploró que la administración Obama sea rápida en ayudar a bancos o países pero no lo haya hecho con Puerto Rico pese a que viven allí 3.5 millones de ciudadanos estadunidenses.

“Estamos aquí para solicitar apoyo internacional al Congreso para que asuma su responsabilidad para que nos dé un trato digno igualitario y responsable”, señaló.

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron no obstante la propuesta de los republicanos de la Cámara de Representantes para crear una junta de control fiscal para Puerto Rico.

“Nuestro plan es visitar Puerto Rico antes del verano”, dijo a Notimex la Comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien presidio la audiencia sobre el estado de la deuda, el presupuesto y la pobreza en Puerto Rico con la participación de autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

“Es muy desconcertante lo que hemos escuchado de ambas partes. Claramente se trata de un problema muy serio. Me preocupa especialmente que no oí nada del impacto de la población afro descendiente (…) y saber que las escuelas están siendo reducidas”, dijo May Macaulay.

La CIDH prevé celebrar una audiencia de trabajo en la isla con los diversos sectores del país, a fin de evaluar posibles mecanismos de apoyo del sistema interamericano.”

Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, aceptó a nombre del gobierno puertorriqueño la iniciativa de visitar la isla. “Con mucho gusto”, respondió a May Macaulay.

Antes, durante la sesión, organizaciones de la sociedad civil describieron un panorama de emergencia económica que se ha empezado a traducir en una crisis humanitaria para los sectores más vulnerables de Puerto Rico, por lo que demandaron la intervención urgente del presidente Barack Obama y del Congreso.

“Solicitamos que está Comisión atraviesa por una grave crisis de derechos humanos y que ninguna medida que se tome para resolverla puede ser a costa de la renuncia al disfrute de los derechos de las personas”, dijo Ana María Rivera del Movimiento Amplio de Mujeres.

En respuesta el representante interino de Estados Unidos ante la CIDH, Michael Fitzpatrick reconoció que “la Mancomunidad de Puerto Rico está en crisis. Ya han ocurrido incumplimiento de pagos y se han afectado los servicios esenciales del gobierno central”.

Entre los problemas derivados de la crisis han dejado de pagar pensiones, pagos a proveedores del gobierno y cierres escalonados y temporales de escuelas.

“La administración Obama quiere que Puerto Rico emerja de esta crisis y no dejará una piedra sin levantar por sus autoridades administrativas para ser usadas por el gobierno”, señaló. Pero se requiere acción del Congreso inmediatamente para resolver está crisis”.

La Casa Blanca ha propuesto un nuevo marco legal integral que incluya reestructuración de la deuda, supervisión presupuestal federal, reforma del sistema de salud e incentivos fiscales.

En representación del gobierno local, Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, deploró que la administración Obama sea rápida en ayudar a bancos o países pero no lo haya hecho con Puerto Rico pese a que viven allí 3.5 millones de ciudadanos estadunidenses.

“Estamos aquí para solicitar apoyo internacional al Congreso para que asuma su responsabilidad para que nos dé un trato digno igualitario y responsable”, señaló.

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron no obstante la propuesta de los republicanos de la Cámara de Representantes para crear una junta de control fiscal para Puerto Rico.

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