Más del 50% de los diputados brasileños tiene cuentas pendientes con la justicia

Muchos parlamentarios están acusados de corrupción, pero también de tortura o de robo

São Paulo 23 ABR 2016 – 21:56 CEST

El parlamentario Bruno Araújo, tumbado, después de votar el impeachment contra Dilma Rousseff, el domingo 17 de abril, en Brasilia. UESLEI MARCELINO REUTERS

El parlamentario Bruno Araújo, tumbado, después de votar el impeachment contra Dilma Rousseff, el domingo 17 de abril, en Brasilia. UESLEI MARCELINO REUTERS

EL PAÍS  – Al veterano diputado brasileño, Paulo Maluf, ex alcalde de São Paulo y ex gobernador del Estado de São Paulo, se le atribuye esta frase: “Roba, pero haz”. Es decir, aprovéchate del cargo pero dedícate (también) a los que te han elegido. Maluf, en la política desde los años 60, asegura que él nunca dijo eso, que se lo inventaron interesadamente sus enemigos de la oposición. De quién fuera la frase es lo de menos: el diputado Maluf, condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero en Francia, perseguido por la Interpol por el mismo delito, sin poder salir del país por temor a acabar en una cárcel extranjera, fue uno de los parlamentarios que votó el domingo a favor del proceso de destitución de Dilma Rousseff.

Más allá del sentido de su voto, Maluf, del Partido Progresista (PP), de centro derecha, personifica el mal que corroe al Parlamento brasileño: la escasa estatura moral de muchos de sus integrantes. El 53,7% de los 513 diputados de la Cámara de Representantes brasileña tiene o ha tenido cuentas pendientes con la justicia, según la organización Transparência Brasil, que se encarga de llevar un informe pormenorizado y actualizado de este asunto. En concreto, 273 parlamentarios.

No a todos se les acusa de robar. O no sólo. Al diputado Alberto Fraga, del partido Demócratas de Brasil (DEM), de centro derecha, entre otras denuncias, se le condenó hace años por llevar ilegalmente un arma de fuego. El parlamentario Éder Mauro, del Partido Social Democrático (PSD) está acusado, por el Tribunal Supremo Federal, de extorsión y tortura en 2009, época en que ejercía de jefe policial en el Estado de Pará. Mauro, según el tribunal, amenazó con ejecutar a tiro limpio a un padre y a sus dos hijos pequeños, causándoles, según reza la denuncia, “un violento sufrimiento, físico y mental”. Con todo, fue el diputado más votado del estado de Pará. El lunes, después de apoyar el proceso de destitución de Rousseff, fue recibido por 50 personas con pancartas y gritos a su favor en el aeropuerto de Belem.

El pastor evangélico Hidekazu Tamayama, diputado del Partido Social Cristiano (PSC), tiene abierto un proceso en su estado de Pará que incluye desvío de dinero, pagamentos ilegales en la Asamblea del Estado y la contratación de funcionarios fantasmas; Nilson Leitão, del Parido Social Demócrata Brasileño (PSDB), de centro derecha, está procesado por atentar contra la población indígena y tratar de quedarse fraudulentamente con sus tierras en el estado de Mato Grosso. Y así.

El personaje político más detestado por los brasileños no es la presidenta Dilma Rousseff. Es, precisamente, el presidente de este Congreso, el aparentemente piadoso y polémico Eduardo Cunha. El 94% de los partidarios de Rousseff está en contra de él; El 84% de los que quieren que la presidenta se vaya, también. Cunha, religioso evangélico, está acusado de regentar cuentas millonarias en Suiza engordadas a base de sobornos de Petrobras. Un informe de la Fiscalía hecho público hace meses mostraba los obscenos gastos (6.000 dólares por una noche de hotel en Dubai, entre otras cosas) del parlamentario y su familia durante unas vacaciones de Navidad. En las redes sociales de Brasil vuela ahora, con toda la carga de ironía y de amargura, la frase con la que Cunha dio inicio a la histórica sesión de la votación del impeachement del domingo: “Que Dios tenga misericordia de este país”.

El Senado brasileño, que, a juzgar por los votos que ya se airean en la prensa confirmará la apertura del proceso en mayo, mantiene la misma impactante tasa de políticos involucrados en casos judiciales: el 55,6%.

Tal vez el más famoso sea el de Delcidio de Amaral, ex portavoz del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Dilma Rousseff y Lula, actualmente procesado en el Caso Petrobras. El mismo presidente del Senado, Renan Calheiros, del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), está siendo investigado en nueve piezas distintas del mismo caso de la petrolera.

Un último ejemplo, tan ridículo como sintomático: la diputada Raquel Muniz recordó, en el momento de su voto del domingo, a su marido, el alcalde de Montes Claros, en el Estado de Minas Gerais: “Mi voto favorable es para decir que Brasil tiene salida y el alcalde de Montes Claros nos lo demuestra a todos con su labor”. Al día siguiente, el alcalde (el marido) fue detenido por la Policía Federal acusado de torpedear la marcha de un hospital público a favor de otro privado gestionado por parientes suyos.

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