La CIDH califica de “desoladora” la situación humanitaria en Puerto Rico

La CIDH califica de "desoladora" la situación humanitaria en Puerto Rico

La CIDH califica de “desoladora” la situación humanitaria en Puerto Rico

EFE – Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó hoy en una audiencia pública de “desoladora” la situación humanitaria que vive Puerto Rico como consecuencia de su deuda de más de 72.000 millones de dólares.

La “ecuación” de deuda pública y sus efectos humanitarios dejan una “situación desoladora”, afirmó el comisionado Enrique Gil Botero, tras asistir a la exposición de organizaciones civiles de Puerto Rico, así como de representantes del Gobierno de la isla y del Ejecutivo federal de Estados Unidos.

La comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, ofreció a los Gobiernos la posibilidad de que un equipo de la CIDH visite la isla para evaluar la situación de crisis, propuesta que todas las partes acogieron con entusiasmo.

El viaje todavía está pendiente de confirmación por parte de la CIDH, que tendrá que considerar presupuesto y calendario, según aclaró a Efe la jamaicana May Macaulay, elegida hoy como segunda vicepresidenta de la Comisión.

Los peticionarios, representantes de la sociedad civil puertorriqueña, expusieron cómo la deuda pública ha conducido al recorte de servicios públicos hasta el punto de mermar los derechos civiles y humanos de los más de 3,5 millones de habitantes de la isla.

El “derecho a la educación, sanidad, justicia y vivienda”, así como la “transparencia” y el “acceso a la información” no están garantizados en este momento en Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., resumió Osvaldo Burgos, del Comité Amplio para Búsqueda de Equidad.

Además, el aumento de las diferencias entre clases ha dejado ya al 46 % de la población bajo el umbral de la pobreza y mantiene el salario medio congelado desde hace 12 años, a pesar de la inflación, según los peticionarios.

Las solicitudes de los demandantes incluyeron “la moratoria del pago de la deuda” y la dotación de “un instrumento democrático” para que la sociedad civil participe de la búsqueda de la solución de la crisis “que garantice los derechos civiles y humanos”, sintetizó la abogada Ana Irma Rivero, de la asociación “Vamos Puerto Rico”.

“El estatus colonial de Puerto Rico limita las salidas”, ya que “si fuese estado soberano podría reestructurar su deuda”, denunció el demandante José Caraballo, del Centro de Información Censal-Asociación de Economía Política.

La Ley federal de Quiebras estadounidense no considera a Puerto Rico como un estado más de la unión norteamericana y la Justicia federal consideró inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

El Gobierno federal de EE.UU. se reserva el control de la moneda, la inmigración, aduanas y defensa, entre otros apartados, a pesar de que Puerto Rico cuenta con Constitución propia y conserva cierto grado de autonomía.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, afirmó que se “une a la petición de las organizaciones” en cuanto a “pedir ayuda y apoyo a la CIDH”.

Como representante del Gobierno local, Ortiz defendió la necesidad de las medidas de recortes tomadas por el Ejecutivo de la isla y señaló la inacción del Gobierno de EE.UU.

A su vez, el representante de la misión de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Michael J. Fitzpatrick, dijo que “el Gobierno federal ya ha admitido su responsabilidad y ya ha invertido para aumentar la competitividad” de la isla.

A pesar de que Fitzpatrick reconoció que las medidas de recortes de presupuesto “no son sostenibles en el largo plazo”, señaló que “solo el Congreso puede proveer de las herramientas necesarias” mediante la promulgación de una ley apropiada.

Ante las exposiciones de ambas partes, la comisionada Margarette May Macaulay consideró que el de Puerto Rico es un “problema muy serio y preocupante” en el que la comisión “deberá trabajar mucho”.

El comisionario Paulo Vannuhi celebró que peticionarios y Estados coincidieran en la descripción de los hechos como “buen punto de partida” para buscar la solución.

Tras la audiencia de la comisión, los representantes de las organizaciones civiles de Puerto Rico acudieron a una reunión privada con el asesor del Departamento del Tesoro de EE.UU. Antonio Weiss.

05/04/2016 – 00:06h

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