Guerra actual contra drogas es ‘una costosa equivocación’

Informe del London School of Economics recomienda invertir en el desarrollo social del país.

Foto: Archivo / EL TIEMPO De 48.000 hectáreas detectadas en el 2013 se pasó a al menos 62.000 el año antepasado, lo q

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De 48.000 hectáreas detectadas en el 2013 se pasó a al menos 62.000 el año antepasado, lo q

EL TIEMPO – El modelo prohibicionista en la lucha contra las drogas, que durante tantos años ha defendido Estados Unidos, ha sido una “costosa equivocación” que debe ser enterrada cuanto antes. En su lugar, la comunidad internacional debe concentrarse en un nuevo modelo donde prime la integración política y socioeconómica para atacar la raíz del problema y no sus síntomas.

A grandes rasgos, esa es la conclusión de un nuevo informe que presenta este lunes el London School of Economics (Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, o LSE por sus siglas en inglés), y cuyas conclusiones son respaldadas por cinco nobeles: Francoise Barre-Sinoussi, de medicina (2008), y cuatro de economía: Oliver Williamson (2009), Eric Maskin (2007), Thomas Schelling (2005) y Vernon L. Smith (2002); al igual que por el gobierno colombiano.

En el reporte, el LSE recomienda dejar en un segundo plano políticas represivas como la erradicación y el encarcelamiento que se han venido aplicando “sin éxito” desde los 70.

Los autores sugieren reemplazar esta “guerra contra las drogas” por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que fueron adoptados por las Naciones Unidas a fines de 2015 y representan un conjunto de 17 metas y objetivos universalmente acordados que la comunidad internacional se comprometió a implementar como parte de un enfoque integral y global hacia el desarrollo.

El informe llega a pocos meses de la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU en la que por primera vez en 28 años los Estados miembros se reunirán para pensar en alternativas frente al problema del consumo y la producción de sustancias consideradas ilícitas.

De hecho, el documento vaticina que dicha asamblea, en abril, marcará el inicio de la “postguerra contra las drogas”.

“El gran error de la comunidad internacional a lo largo de las últimas décadas es haber tratado las drogas como un tema singular e independiente de determinantes socioeconómicos más amplios. El resultado han sido políticas que se han centrado en la represión tanto en la oferta como de la demanda como estrategia para erradicar el problema y con un financiamiento ocasional para programas de desarrollo alternativo ineficiente”, dice el reporte.

Y agrega: “La Asamblea de la ONU puede corregir este desbalance. Es una oportunidad para alejarse de este enfoque a corto plazo. A futuro, la política frente a las droga no debe ser vista como un asunto de oferta, demanda y desarrollo alternativo. Porque es, primero que todo, un asunto de desarrollo sostenible”.

Según John Collins, coordinador y editor del reporte, el asunto no es si se debe acabar con la guerra contra las drogas, sino el modelo que debe reemplazarla.

“El camino hacia la paz referida a las drogas se vuelve más claro si vemos a los ODS como la vía para abordar las causas que originan muchos problemas socioeconómicos, uno de los cuales es el consumo de drogas. Es también la manera de enfrentar las causas sistémicas de la violencia del mercado ilícito, violencia que a menudo es resultado de políticas prohibicionistas de mano dura y que también es exacerbada por estas”, dice Collins.

Por eso, según este experto, “las prioridades globales deben ser: primero, el desarrollo, y en segundo lugar, el manejo de los temas de drogas. Si los Estados aplican políticas prohibicionistas sin desarrollo ni integración política, el resultado es usualmente inestabilidad, violencia y fracasos en obtener las metas de fiscalización de las drogas”.

Michael Cox, director del LSE Ideas, pone el ejemplo de Colombia como un país en el que fracasó el modelo prohibicionista pero que tiene, en el proceso de paz, una oportunidad de oro para cambiar de dirección.

“Una paz referida a las drogas puede hacerse realidad si, a través de la integración económica y política, el país reduce la dependencia de más de 300.000 colombianos (65.000 familias) respecto al tráfico ilícito, por ejemplo. La erradicación forzada de cultivos y el envío de tropas nunca han dado resultado; no solo es prematuro cuando no existe una infraestructura económica ni un control del gobierno central en estas áreas, sino que también resulta activamente dañino”, sostiene Cox.

De hecho, no obstante las medidas de erradicación de cultivos, el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) mostró un aumento en las siembras de coca en el 2014.

De 48.000 hectáreas detectadas en el 2013 se pasó a al menos 62.000 el año antepasado, lo que significa un incremento del 29 por ciento.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que, en efecto, el informe del LSE va en la misma vía de planteamientos del Gobierno. “Creemos que la política de drogas hay que modificarla porque los resultados que ha dado en 40 años de fiscalización, con un enfoque casi que exclusivamente prohibicionista, no son los esperados”, afirmó una fuente oficial.

Añadió que, desde hace cuatro años, la política contra las drogas en Colombia “ha cambiado a dos enfoques: el de derechos humanos y salud pública”. Esto significa que la persecución debe “recaer sobre los eslabones duros de la cadena del narcotráfico, y no sobre los más débiles, como los cultivadores, o consumidores”.

‘Visión de tratados debe ser flexible’

En el reporte, dividido en cuatro capítulos, los que expertos sobre el tema exploran diversas facetas del problema de la droga.

Uno de los aspectos centrales tiene que ver con las convenciones y tratados de la ONU en materia de drogas que fueron suscritas por una mayoría de países en 1961, 1971 y 1988 y donde se establecieron los parámetros para controlar el narcotráfico.

En su texto, John Collins alega que las convenciones no fueron suscritas como un régimen prohibicionista, pero a partir de los años 70 se les imprimió esa naturaleza, lo que desembocó en la hoy llamada la ‘guerra contra las drogas’.

Francisco Thoumi, colombiano miembro de la Junta Internacional para el Control de los Narcóticos, explica por ejemplo que si bien las convenciones limitan el uso de las drogas controladas a fines “médicos y científicos”, no define a qué se refiere con ello.

“Dado que no se definen estos términos, es imposible saber si alguna política específica (de un país) cumple con las convenciones, y estas no se pueden descartar como no científicas, en particular aquellas basadas en experimentación social científica”, dice Thoumi, otro de los autores del estudio de LSE.

De acuerdo con el estudio, esa percepción cerrada y prohibitiva de las convenciones está cambiando, y ya se acepta que estas deben ser flexibles y responder a las necesidades individuales de los países.

Michael Shiner, del Centro de Criminología del LSE, sugiere empezar una aproximación basada en la reducción del daño, pues en lugar de responder a incidentes específicos, esta estrategia puede llegar hasta la raíz del problema. Por ejemplo, dice, se podría buscar el establecimiento de “zonas libres”, en las que se puedan comerciar drogas pero donde las autoridades intervengan para evitar el contagio de enfermedades entre adictos y evitar la violencia que genera el comercio ilegal.

SERGIO GOMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.

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