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contralorContralora refiere al Departamento de Justicia al municipio de Canóvanas por supuesta auditoría adversa

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso publicó el lunes una auditoria adversa al municipio de Canóvanas, en la cual entre otros asuntos alega desembolsos millonarios a una corporación regular no incorporada para llevar a cabo servicios profesionales.

La situación fue referida al Departamento de Justicia, según se informó.

“La auditoría de la contralora de Puerto Rico revela que el municipio de Canóvanas otorgó 20 contratos de ingeniería y 19 enmiendas por 1.47 millones de dólares (al 14 de marzo de 2014 se había desembolsado 843,868 dólares), a una corporación regular no incorporada para llevar a cabo servicios profesionales. En esta situación los servicios profesionales estaban relacionados al diseño, supervisión y servicios técnicos de ingeniería en proyectos de construcción. Además, la secretaria de su Junta de Directores de dicha corporación, tampoco tenía licencia de ingeniería que es un requisito de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.

Según la contralora, además, el municipio le otorgó siete contratos por 58,110 dólares a un contratista para realizar funciones que constituyen prácticas de ingeniería. El Colegio de Ingenieros certificó a la Contraloría que dicha persona no es ingeniero y tampoco está autorizado a ejercer dicha profesión.

“Ambas situaciones se refirieron al Secretario de Justicia mediante cartas el 2 y 14 de septiembre de 2015 y al Presidente de la Junta Examinadora el 8 de julio y el 2 de septiembre de 2015”, expresó.

La opinión de la contralora cubrió el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013. Para la mencionada fecha, José “Chemo” Soto era el alcalde.

Contralora publica auditoría parcialmente adversa al municipio de Juana Díaz

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso publicó el lunes una opinión parcialmente adversa contra el municipio de Juana Díaz, por supuestas desviaciones de ley sobre el presupuesto del Ayuntamiento.

“La auditoría de la contralora de Puerto Rico revela desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto del municipio de Juana Díaz ya que tenía déficits acumulados de 2011 al 2014 por 531,606 dólares, 936,227 dólares, 1.66 millones de dólares y 416,777 dólares respectivamente. Además, el Municipio incurrió en sobregiros en 23 fondos especiales por 2.02 millones de dólares”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.

Según la contralora, “estas situaciones reducen los recursos disponibles para el año fiscal siguiente y afecta los servicios de la ciudadanía. Los sobregiros además, crean una situación fiscal indeseable, contribuyen al déficit, afectan el crédito, limitan los recursos y pueden causar litigios ante los tribunales”.

Valdivieso explicó que la auditoría señala que “el Municipio tuvo que desembolsar 1.13 millones de dólares (que tomó prestados al Banco Gubernamental de Fomento) por una demanda que 62 empleados despedidos por razones políticas en el 2001, ganaron en los Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Municipio incurrió además en gastos legales por 333,489 dólares”.

El informe de 8 hallazgos y dos comentarios especiales indica que “se pagó 17,368 dólares en exceso a un contratista por la construcción de un mini estadio, se realizaron compras sin cotizaciones y sin emitir las órdenes de compra, y se retuvieron contribuciones en el origen que se remitieron al Departamento de Hacienda con hasta 1,115 días de tardanza”.

En los comentarios especiales se indica que “la Unidad de Auditoría Interna detectó en el 2013 una irregularidad sobre el manejo los fondos otorgados al Consejo de Padres Unidos por la Música de la Banda Escolar de Juana Díaz, Inc. El segundo comentario resume que en el 2011 se desembolsaron 12,000 dólares a una demandante por acoso sexual y laboral, y que al 31 de diciembre de 2014 estaban pendientes de resolución por los tribunales 16 demandas civiles por 3.22 millones de dólares y 7 otros casos pendientes por la Comisión Apelativa del Servicio Público.

La opinión de la contralora cubrió el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

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