Opositores temen ‘golpe judicial’ contra nuevo Parlamento venezolano

Según la MUD, el Gobierno pidió al Tribunal Supremo de Justicia impugnar a 22 diputados opositores.

Por: VALENTINA LARES MARTIZ

Foto: EFE El secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba (centro), hizo la den

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El secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba (centro), hizo la den

A través de una rueda de prensa “de emergencia”, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció el martes que el partido de gobierno introdujo un documento ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia –máximo órgano del Poder Judicial– para solicitar la impugnación de la elección de 22 de los 112 diputados opositores que resultaron ganadores en las parlamentarias del pasado 6 de diciembre. (Lea también: Oposición venezolana alcanza 107 escaño; chavismo 55)

“No tenemos claro de qué diputados se trata ni en qué estados”, dijo el secretario de la MUD, Jesús ‘Chúo’ Torrealba, acompañado por los líderes de los principales partidos de la coalición opositora. “Es un recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados”, subrayó, asegurando que se trata del expediente número 2015-000139 y que el mismo fue recibido por el Supremo aunque la institución se encuentra en vacaciones decembrinas.

En la noche del martes, el TSJ emitió una aclaratoria en su página web, en la cual asegura que la Sala Electoral “no ha recibido ninguna acción judicial esta semana con objeto de impugnar resultados de las elecciones parlamentarias”.

“La presente aclaratoria obedece a declaraciones ofrecidas por voceros políticos y a falsas informaciones que, de forma irresponsable, han puesto a circular algunas ciudadanas y ciudadanos en las redes sociales, que en nada contribuyen con el clima de paz y tranquilidad que reina en el país”, afirmó el TSJ.

Las leyes venezolanas permiten a los candidatos de cualquier tolda política impugnar los resultados dentro los 15 días hábiles siguientes al proceso electoral. Con la impugnación deben presentarse las pruebas que sustenten la inconsistencia que impide, o no, la proclamación.

La vocería del partido Primero Justicia aseguró que con este movimiento el chavismo espera neutralizar la juramentación de 22 nuevos diputados opositores antes del 5 de enero, fecha establecida en la Constitución como reglamentaria para la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

Otras interpretaciones señalan que aunque el tiempo no es suficiente para impedir la juramentación de los diputados, lo que busca esta impugnación es dinamitar la mayoría calificada (2/3 del parlamento) logrado por la oposición en las urnas electorales y con la que ganó, además del poder de legislar sin cortapisas, la capacidad de remover a miembros de los demás poderes públicos e incluso de promover un referéndum revocatorio contra el presidente de la República.

‘Desconocer resultados’

“Desde Primero Justicia alertamos a la comunidad nacional e internacional y a la gran avalancha que votó por el Cambio, que el Gobierno intenta desconocer los resultados electorales y usar nuevamente al Tribunal Supremo como un órgano del Partido Socialista Unido de Venezuela para intentar obtener mediante procesos judiciales viciados lo que no pudieron tener con votos”, dijo el coordinador del partido Julio Borges.

De ocurrir un pronunciamiento a favor de la impugnación por parte del Tribunal Supremo se consumaría en Venezuela el temido “choque de poderes” con el que el oficialismo busca mantener la base de su gobernabilidad, pero a través del control de los poderes del Estado.

De este modo también se hizo público que el presidente de la actual Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo un “recurso” para interpretar el artículo 220 de la Constitución Nacional, que establece que el parlamento puede seguir trabajando en sesiones extraordinarias.

Cabello preguntó en su escrito si el parlamento podía legislar sobre cualquier competencia que considere hasta la instalación de la nueva Asamblea. Con la respuesta favorable otorgada el martes, el chavismo encontró la justificación legal para el nombramiento de 13 magistrados del máximo tribunal que se jubilaron anticipadamente.

El nombramiento de estos magistrados estaba previsto que ocurriera durante el 2016 por el nuevo Parlamento, cuando les correspondía realmente pedir la jubilación, pero al pedir su retiro anticipadamente dejaron en manos del actual parlamento la designación de sus reemplazos.

El apresuramiento del chavismo para escoger a los nuevo magistrados ha sido rechazado no solo por la oposición venezolana, sino por colegios de abogados y hasta por una de las aspirantes a magistrada, la abogada Clotilde Condado, quien retiró su postulación por considerar que el proceso “se ha convertido en una discusión de orden político partidista impropia de un tránsito que debe ser ajustado a Derecho, al debido proceso, con respeto a las normas y principios éticos”.

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