Human Rights Watch critica acuerdo de justicia de Gobierno y Farc

Organización dice que se trata de “un acuerdo de impunidad” y pide intervención de OEA y la CPI.

Por: SERGIO GÓMEZ MASERI

Foto: EFE El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Foto: EFE
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Como un acuerdo que garantiza la impunidad de los máximos responsables de graves crímenes catalogó este martes la Organización Human Rights Watch el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno y las Farc sobre justicia transicional.

En un memorando de cinco páginas entregado en Washington, la ONG asegura, además, que el texto de 63 páginas dados a conocer en La Habana estaría lejos de los estándares que han establecido las cortes internacionales como castigos adecuados para sancionar a los responsables y que son vinculantes pues Colombia. (Lea aquí el documento completo)

“Un análisis minucioso de lo que contiene los acuerdos permite concluir que es simplemente un acuerdo de impunidad. Un acto que terminará sacrificando los derechos de las víctimas del conflicto armado. Este acuerdo, tal cual está redactado, garantizará que los responsables de ambas partes puedan eludir cualquier tipo de castigo genuino”, dijo José Miguel Vivanco al presentar el documento al que se refirió como un “examen jurídico” de lo pactado en Cuba.

De acuerdo con la ONG, lo pactado con la paz representa un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos en el mundo y pide a organismos internacionales como la OEA y la Corte Penal Internacional que presionen al país para que modifique el acuerdo.

El análisis de HRW se enfoca primordialmente en el régimen de sanciones que contempla el acuerdo para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, la participación en política de estas personas y el rol que tendrá el Tribunal Especial para la Paz a la hora de impartir justicia.

Para la ONG, la única sanción que tendrán quienes confiesen sus crímenes y colaboren con la justicia serán restaurativas y reparadoras que no contemplan una restricción efectiva de la libertad como corresponde según estándares internacionales.

Pero lo grave, afirma la ONG, es que ni siquiera existen garantías de que cumplirán con los años de “castigo¨ (entre 5 y 8 años). El texto del acuerdo, sostiene la ONG, permitiría que los guerrilleros sancionados con un acto de reparación puedan recuperar su “libertad” antes si el proyecto es terminado con anticipación.

Así mismo, no están previstas sanciones en caso de que estas personas incumplan con lo pactado. Para HRW es necesario establecer un criterio de pérdida de beneficios de llegarse a presentar ese escenario.

Para Vivanco, lo pactado es toda una “piñata de impunidad”, pues incluso los responsables de llamados ‘falsos positivos’, entre ellos los que ajusticiaron a jóvenes en Soacha, podrían terminar en la justicia transicional.

HRW también advierte que miembros de las Farc que hayan confesado crímenes podrán aspirar a cargos públicos y participar en política aún si no han terminado de pagar su pena cuando lo lógico sería restringir sus derechos políticos mientras pagan por sus delitos.

Dado que eso es imposible en la normativa actual, el acuerdo prevé una reforma constitucional que permitiría a las Farc participar en política mientras purgan sus condenas.

HRW también expresó su suma preocupación por la independencia del Tribunal Especial que, dicen, no está garantizada en el texto del acuerdo pactado con la guerrilla.

Otro punto en el que hacen énfasis es en el de la cadena de mando a la hora de atribuir responsabilidades.

En el acuerdo, dice HRW, se modifica el concepto vigente en la ley colombiana e internacional que establece que la responsabilidad recae también en la autoridad superior frente a un delito de sus subordinados.

“El acuerdo incluye una definición de responsabilidad de mando muy similar a la establecida en el derecho internacional. No obstante, contiene dos frases ambiguas que podrían dar margen para interpretaciones que permitan que altos mandos militares de la Fuerza Pública colombiana y las Farc eludan cualquier tipo de rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control”, dice el documento.

Según Vivanco, Colombia se expone, si lo pactado termina implementándose, a una acción de la justicia internacional que podría asumir jurisdicción.

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