A ciegas el Congreso sin la data solicitada al Gobierno dice Jenniffer González

timthumbEL CAPITOLIO – La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, lamentó el jueves, la “negligencia de la actual administración que ha forzado a que varios senadores en el Congreso hayan tenido que señalar, públicamente, que a pesar de sus esfuerzos, aún no han recibido los estados financieros auditados del Gobierno ni la data necesaria para poder tomar acción sobre la situación de Puerto Rico, aún luego de varias vistas públicas en ambas cámaras federales, por lo que lo congresistas advirtieron que la legislación presentada se redactó a base de la ‘limitada información’ que se les ha provisto”.

Para la portavoz, estos señalamientos de los senadores válida las continuas denuncias que ha realizado de falta de transparencia en la información financiera de Puerto Rico desde principios del cuatrienio.

“Agradezco al liderato republicano su compromiso con los más de 3.4 millones de ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico y por trabajar esta legislación, a pesar de la poca información provista por el gobierno local. Ambas medidas son un buen primer paso que permitiría conocer la realidad fiscal de Puerto Rico con data confiable, a la vez que, lamentablemente, retrata de cuerpo enfermo nuestra realidad colonial. Reconoce además, que el gobierno local no ha sabido manejar las finanzas y plantea una supervisión hasta que se corrija el curso del gasto en el gobierno”, expresó González Colón en un comunicado de prensa.

“La propuesta incluye crear una junta de control fiscal federal, medida de la cual he sido vocal, y que reconoce la premisa establecida por el secretario de justicia local, César Miranda, en la que dejó para récord en una vista pública en la Cámara federal que Puerto Rico necesitaba una “junta fiscal que lo supervisara. Favorezco la asignación de $3 billones para ayudas, claro ese dinero a asignarse será determinado por la nueva junta propuesta”, añadió la expresidenta de la Cámara de Representantes.

Los senadores republicanos: Orrin Hatch de Utah y presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley de Iowa y presidente del Comité Asuntos de lo Jurídico y Lisa Murkowski de Alaska y presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales radicaron el proyecto para crear la Ley de Asistencia de Puerto Rico 2015.

La medida propone reducir la aportación del empleado de Seguro Social a la mitad, 3.1 por ciento, lo que la Portavoz catalogó como una iniciativa beneficiosa ya que significa más dinero en el bolsillo de los trabajadores y representaría inmediatamente un aumento en el salario de los trabajadores al igual que dinero corriendo en nuestra economía.

“Coincido con las expresiones del senador Grassley sobre que ‘los problemas fiscales de Puerto Rico son el resultado de un exceso de gasto público y la mala gestión’. El primer año de esta administración, por primera vez un partido de oposición presentó un presupuesto alterno, como lo hicimos, en aquella ocasión le advertimos al gobierno que debía controlar los gastos, sin embargo, tres años después vemos que han aumentado la nómina y los gastos en general. El mal manejo de fondos públicos y la pésima gestión gubernamental de esta administración han llevado a Puerto Rico al borde del impago y de una crisis fiscal y gubernamental sin precedentes”, añadió la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico.

Para la expresidenta cameral, la medida presentada demuestra que el Congreso no solo desconfía de las gestiones del gobierno estatal, sino del comportamiento de la Legislatura ya que la junta propuesta revisaría todas las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa local.

“La aprobación de legislación sin estudio, sin medición de consecuencias, que ha sido enmendado continuamente y hasta han provocado que se rete su constitucionalidad en las cortes estatales y federales como la ley de quiebra criolla, las leyes de retiro y más recientemente la Ley 72-2014, que Walmart demandó al gobierno por la implementación del ‘transfer pricing’. Los mercados, el Congreso, el gobierno federal han estado al tanto de lo que aquí ocurre y encomendar a la junta a que revise nuestra legislación es otro reconocimiento de la falta de precisión en el trámite legislativo de la presente legislatura. Vergonzosamente nos han puesto en sindicatura”, observó González Colón.

Por su parte, el representante republicano por el Distrito 7 de Wisconsin, Sean Duffy, presidente de la Subcomisión de Servicios Financieros para Supervisión e Investigaciones de la Cámara federal, presentó ayer el proyecto de ley para la Estabilidad Financiera y Reestructuración de la Deuda de Puerto Rico que crea un Consejo para la Estabilidad Financiera de Puerto Rico y contempla la inclusión de la Isla en la Ley de Quiebras.

“Reconozco el interés del legislador por la crisis fiscal que nos arropa, pero el incluir a Puerto Rico en la Ley de Quiebras no es la solución ni la panacea que algunos venden. Una quiebra es una herramienta financiera, pero si el estado no cambia su ritmo de gastos, reduce el tamaño del gobierno y toma medidas para incentivar la producción y exportación local que mueve el desarrollo económico de la Isla, de nada vale porque se continuará aumentando el déficit sin que el estado ajuste sus gastos. Una quiebra sin control de gastos, ni fondos federales para ayudarnos a la prestación de servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura puede convertirse en un problema recurrente lejos de finiquitar la crisis original”, explicó la representante.

“Puerto Rico se ha beneficiado enormemente de los inversionistas locales y de fuera de aquí que compran nuestros bonos, lo que ha financiado la educación, los servicios sociales, proyectos de infraestructura y otros. Si escogemos el camino de la quiebra sin tomar otras medidas como un paquete que complemente los cambios económicos, quién estaría dispuesto a comprar nuestra deuda en el futuro, máxime cuando aquí no se honraron los acuerdos. Esto provocaría, precisamente, que el día que se puedan vender no valdrán una tercera parte de su valor original y limitaría nuestro acceso a los mercados. Y un pueblo sin acceso a ellos sería detener el desarrollo de infraestructura y por lo tanto nuestra actividad económica”, advirtió González Colón.

“En lo relacionado al Consejo, la legislación hace eco de los reclamos de nuestra fiscalización ya que se espera que el Gobierno de Puerto Rico implemente medidas para la reducción de gastos, incrementar la productividad y aumentar la captación de impuestos. La Delegación del PNP en la Cámara de Representantes hemos fiscalizado los gastos excesivos en el gobierno, como el aumento de nómina a pesar de que recomendamos la congelación de plazas, hemos exigido la presentación de un plan de desarrollo económico para así aumentar la productividad y hemos aportado ideas para aumentar la captación de los impuestos”, concluyó la también vicepresidenta del PNP.

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