Senador quiere que el Gobierno entre a fiscalizar los Clasificados Online

Capitolio - 3EL CAPITOLIO – Con el fin de investigar el contenido y la legalidad de los anuncios sobre bienes y servicios, publicados en la página cibernética Clasificados Online, así como la eficacia de los esfuerzos de fiscalización encaminados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el presidente de la Comisión de Relaciones Laborables, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, Luis Daniel Rivera Filomeno inició el lunes vistas públicas en virtud de la Resolución del Senado 113.

“Con esta vista lo que buscamos investigar es el nivel de control que ejercen los anunciantes sobre los productos y servicios ofrecidos en los anuncios al consumidor. El objetivo, como siempre, es que al consumidor llegue la información más precisa sobre el producto que le interesan vender para que este pueda tomar una decisión de compra informada. A su vez, en caso de que la información no resulte del todo veraz o confiable, que el DACO pueda actuar ante todo anuncio visiblemente falso. Ciertamente, también necesitamos reforzar la responsabilidad hacia los consumidores de los portales cibernéticos, como por ejemplo Clasificados Online, que actúan como intermediarios y enlace en una transacción comercial”, dijo Rivera Filomeno en comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de DACO, Nery Adames explicó que aunque su agencia tiene jurisdicción exclusiva sobre los reclamos que tengan los consumidores en los establecimientos comerciales, carece de poder para intervenir en la tramitación de querellas por reclamos en transacciones comerciales entre personas privadas sin que una de las partes sea un establecimiento comercial. El senador Rivera Filomeno inquirió sobre las diversas y sofisticadas estructuras de ventas comerciales que tienen lugar en las páginas de anuncios, donde los vendedores de vehículos de motor, actuando como empleados de un concesionario de autos comercial, se hacen pasar por personas privadas para esquivar la jurisdicción del DACO. “DACO atiende reclamaciones entre el consumidor y el comercio, entendiéndose éste como la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a esa faena”, explicó Adames.

De hecho, Adames indicó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya se ha expresado sobre el fenómeno que en derecho se conoce como contrato de adhesión. La realidad del consumidor queda ceñida a decidir entre aceptar en su totalidad el esquema unilateralmente estructurado por la otra parte en la transacción comercial, o no realizar el negocio. “Ante estas circunstancias, la doctrina y la jurisprudencia están en que la interpretación de los contratos de adhesión debe favorecer a la parte más débil económicamente y a la que poco o nada tuvo que ver con su redacción”, añadió.

De igual forma y a tono con el marco jurídico establecido por decisiones del Tribunal Supremo Federal, el reglamento del DACO no responsabiliza a los medios de publicación por la emisión de un anuncio engañoso. “La responsabilidad de los medios de comunicación es muy limitada. Como lo demuestra la Regla 26, el medio sería responsable como intermediario, solo cuando el anuncio engañoso le sea imputable por su culpa o negligencia exclusiva”, aseguró el Secretario.

Finalmente, Rivera Filomeno, no descartó otorgarle mayores garras al DACO que le permitan una mejor fiscalización y que tenga como consecuencia posibles soluciones al problema real que constituye los anuncios engañosos a través de intermediarios para los consumidores puertorriqueños.

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