Exigen que “la voz del Pueblo” sea escuchada en la legislatura

Diario:NoticiasSAN JUAN  – La Coordinadora Sindical entregó el miércoles, cartas al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes exigiendo la celebración de vistas públicas en los principales municipios del país para que diversos sectores puedan expresar su posición sobre el Proyecto de la Cámara 2718 y el Proyecto del Senado 1513 el cual tiene el propósito de crear la “Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico”.

Este proyecto crea a su vez la “Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico” la cual deberá, entre otras responsabilidades, el revisar y aprobar el “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal”, supervisar los presupuestos de las entidades del gobierno durante cinco años e imponer medidas de control de gastos.

“La trascendencia e importancia de este proyecto de ley requiere que el mismo sea entendido y comprendido a todo lo ancho y largo del país”, expresó en un comunicado de prensa, Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical, al denunciar la negativa de los líderes legislativos a escuchar en vistas públicas a sectores sindicales.

Este proyecto es la medida más ambiciosa dentro del contexto de una política de intentos de austeridad fiscal impulsada por los gobernantes durante la última década para rehabilitar el crédito del gobierno y cumplir con los pagos relacionados con la deuda asumida por las distintas administraciones de gobierno y agencias.

Sostuvo que previo a reconocer la deuda como un problema, los gobernantes recurrieron al mecanismo de endeudamiento para mantener un crecimiento económico en favor del capital, que no redundo necesariamente en favor del bienestar general del país. Es así que mientras el modelo económico basado en la inversión extranjera, exenciones contributivas y mano de obra diestra y barata daba muestras de agotamiento, los gobernantes y representantes del capital promovían el endeudamiento del país como forma de mantener un flujo de dinero para crear obras, sostener contratos del gobierno en favor de la empresa privada y pagar los gastos corrientes del gobierno.

“Por otra parte, los gobernantes aplicaban la formula neoliberal de reducir el gobierno, promover la privatización y la desregulación del mercado, propiciando más el favor de los intereses económicos que el bienestar común del país. Todas estas medidas fueron acompañadas por impuestos mayores a la clase trabajadora, disminución de impuestos a los que más ingresos obtienen y medidas de reducción de gastos en nómina y servicios al Pueblo”, dijo.

“El resultado final ha sido una deuda acumulada de 72 mil millones, que de acuerdo a los datos del Banco Gubernamental de Fomento no toman en consideración el valor acumulado en bonos por 34 mil millones adicionales y deudas por obligaciones de los fondos de retiro que se estiman en 43,442 millones. Si sumamos estos renglonestenemos una deuda que asciende a 150 mil millones de dólares, sin considerar el pago de intereses. Varios funcionarios del gobierno actual han reconocido que bajo estas condiciones, esa deuda es impagable y hay que renegociarla”, señaló Pedraza Leduc.

Mencionó que “hoy, el gobierno reconoce que estas medidas no han podido atender satisfactoriamente las obligaciones contraídas y proponen una serie de medidas adicionales contenidas en lo que se ha nominado Plan de Crecimiento Económico y Fiscal. Lo grave es que se reconoce, que aún aplicando con éxito estas medidas, las mismas por si solas no resuelven los objetivos del proyecto radicado, que son estos, el restaurar el crédito y pagar las obligaciones que surge de la deuda. Es decir, que luego de sacrificar al Pueblo, imponerle más impuestos, reducir beneficios de educación, salud, condiciones de trabajo, salarios y beneficios a trabajadores, forzar la emigración al extranjero, entre otras medidas, el gobierno nos anuncia que lo peor está por venir”.

“Basado en esta premisa es forzoso concluir que este proyecto no debe ser aprobado y en su lugar debemos considerar otro escenario de acciones dirigidas al bien común, la garantía de servicios al pueblo y el desarrollo de proyectos socioeconómicos viables y efectivos. El tema de la deuda debe ser asumido desde la perspectiva política, es decir que nos conviene como pueblo, cómo atendemos el problema de la deuda cuando es obvio que no puede ser pagada en las condiciones que se nos pretende imponer”, dijo el líder sindical.

Pedraza Leduc se opuso al proyecto e indicó que “ya que si aceptáramos el mismo, estaríamos entrando en un callejón sin salida donde le entregaríamos, como país, la facultad de gobernar a cinco personas nombradas por el gobernador para que ejerzan poderes por cinco años mediante la creación de una corporación pública, (Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, JSFRE) pagada con fondos públicos”.

Demandó que los poderes concedidos a esta Junta supuestamente violentan la separación de poderes, menoscaban la gestión legislativa y judicial. Las enmiendas a la Ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Ley 147-1980, amplían el poder de la Junta, sustituye la función de OGP en la práctica y usurpa los poderes del Ejecutivo al limitar los presupuestos futuros a los objetivos de la Ley y el Plan de Crecimiento Fiscal.

Sostuvo que todas las críticas y dudas que levantó sobre los poderes que se confieren a esta Junta los llevó al convencimiento de que esta medida no debe ser aprobada.

“No es cuestión de mejorar mediante enmiendas el proyecto. Es que los objetivos de la ley propuesta son perversos y dañinos para la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico para nuestro país”, añadió.

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