Denuncian nuevo golpe a educación especial con traslados de empleados

Educacion EspecialEL CAPITOLIO  – La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció el martes un alegado nuevo patrón de violación de derechos de los niños de educación especial a través del traslado de decenas de empleados de los Centros de Servicios de Educación Especial a otras dependencias del gobierno, incluyendo la Policía y del desmantelamiento del mecanismo de Remedio Provisional.

“Mediante una interpretación viciada de la nefasta Ley 66, el Departamento de Educación (DE) está removiendo personal esencial de los Centros de Servicio de Educación Especial para llevarlos a realizar tareas de oficina en otras dependencias, como la Policía. Se trata del personal a cargo de las funciones de identificación, registro, referidos y evaluaciones, y que ya era insuficiente para atender a los estudiantes y sus familias. Además, se está dejando sin personal administrativo a las escuelas, en momentos en que se ha multiplicado la burocracia a la que están sometidos directores y maestros”, dijo Santiago en un comunicado de prensa.

Indicó que esta situación demuestra que el problema con la educación pública no es legislativo. “Lo que pasa es que uno de los haberes más importantes del país está en manos de gente insensible e incompetente que no permite que los que sí tienen vocación y amor por la escuela pública cumplan con sus tareas”, puntualizó.

La legisladora independentista indicó que al trasladar personal de educación especial a la Policía se refleja con toda claridad las prioridades del PPD: privar a la población más marginada del país de servicios, para proyectar que están cumpliendo con la reforma policiaca.

De igual forma, la también candidata a la gobernación por el PIP, alegó el desmantelamiento del mecanismo conocido como Remedio Provisional, diseñado como parte de la sentencia por estipulación del pleito de clase Rosa Lydia Vélez para suplir de forma rápida servicios que el DE no puede proveer.

“En abril de este año, el Departamento resolvió dejar de dar terapias sicológicas y de habla y lenguaje a través de Remedio Provisional, asegurando que los niños serían atendidos por la vía regular. La promesa resultó ser falsa, y pasaron semanas y en algunos casos, meses, antes de que las terapias estuvieran disponibles. Estas acciones son cónsonas con mi denuncia al momento de aprobarse el Presupuesto, en el que se redujo de 25 a 11 millones la partida para Remedio Provisional y Asistencia Tecnológica”, puntualizó.

Además, alegó que así el Departamento incumple abiertamente con la parte de la Sentencia que dispone que la agencia no puede adoptar medidas que menoscaben servicios.

La legisladora independentista expresó también que el DE interfiere indebidamente con el criterio clínico de los terapistas, al requerir en su contrato de servicios profesionales que las terapias individuales sean una excepción, imponiendo terapias grupales para gastar menos en los niños.

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