ASC no tiene dinero para repartir a entidades sin fines de lucro

ASCSAN JUAN – El presidente de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), José Blanco, informó el martes, que la Ley Número 157 de 2015 autorizó a la ASC a declarar un dividendo extraordinario por la cantidad mínima de 42 millones de dólares, con el fin de allegar fondos al Gobierno a través de una tasa contributiva especial y única de 50 por ciento.

Estableció que, contrario a expresiones que se han realizado con relación a este asunto, ASC no maneja ni recibe fondos públicos y no existe una asignación legislativa de fondos a ASC para que los mismos sean distribuidos a entidades sin fines de lucro.

“De lo que se trata es de una autorización para que una empresa privada, como lo es ASC, determine si declara un dividendo extraordinario de fondos privados que provienen de primas del seguro obligatorio que son pagadas por los asegurados de ASC. La ley tiene el propósito de que el dinero que se generaría por concepto de contribuciones sobre el dividendo sea utilizado por el Gobierno para apoyar a entidades sin fines de lucro”, expresó el presidente de ASC en un comunicado de prensa.

Blanco sostuvo además que, según establece la propia ley, el dividendo solamente puede ser declarado si se determina que no afectará adversamente el capital de la ASC. El Presidente de ASC informó que, de acuerdo con lo requerido por la ley, la ASC realizó los estudios y análisis necesarios, los cuales concluyeron que no es viable declarar el dividendo por la cantidad contemplada en la Ley Número 157. Esta situación ha sido compartida con funcionarios de la Legislatura, a quienes se les ha comunicado en todo momento el proceso que ha sido llevado a cabo por ASC con relación a la Ley Número 157.

“Desde que se contempló la medida legislativa, hemos estado realizando un riguroso proceso de análisis. La ASC es una entidad privada creada por ley para administrar y ofrecer el seguro obligatorio a cientos de miles de conductores que no pueden adquirir otro tipo de seguro. Como cualquier otra aseguradora, es nuestro deber cumplir con las normas aplicables, así como con las mejores prácticas de la industria de seguros para garantizar la continuidad del ofrecimiento de servicios de excelencia a los conductores”, manifestó Blanco.

Enfatizó que la ASC está contemplando otras opciones para trabajar este asunto mano a mano con el Gobierno de Puerto Rico, conscientes de la situación fiscal por la que atraviesa el País. “Hemos realizado los análisis necesarios y proactivamente plantearemos al Gobierno otras opciones a considerar. Confiamos en que continuemos enfocados en conjunto para encontrar una solución que represente un balance favorable para todas las partes interesadas,” concluyó Blanco.

Líderes de más de 700 organizaciones sin fines de lucro acudieron a El Capitolio a protestar por la falta de acceso a los fondos de inversión comunitaria, anteriormente conocidos como donativos legislativos, y que ahora provienen de las ganancias obtenidas por la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) del seguro compulsorio para automóviles.

De acuerdo con el Pastor Aquiles Fuenmayor, portavoz del grupo de representantes de las organizaciones sin fines de lucro, los fondos que al presente retiene la ASC ascienden a 21 millones de dólares y deben ser distribuidos entre las 788 instituciones que se benefician del fondo de inversión social. Estas instituciones brindan servicios a personas de escasos recursos en la isla y con una amplia gama de necesidades desde servicios médicos y psicológicos hasta servicios de educación a niños y niñas de educación especial, pasando por personas sin hogar.

“La retención de estos fondos no solo complica la crisis de salud y de ayuda ciudadana las personas menos afortunadas, sino que también pone en riesgo la permanencia de las organizaciones sin fines de lucro y de base de fe que llevan varios años asumiendo un responsabilidad que el estado no ha podido asumir para con la ciudadanía”, señaló Fuenmayor.

El líder cívico denunció que la ASC, y particularmente las Cooperativa de Seguros Múltiples y la empresa MAPFRE, ambas miembros de la junta directiva de la ASC, están bloqueando el desembolso de los 21 millones, y precisamente el martes se cumple la fecha límite para e desembolso de los fondos.

Por su parte, Anaira Tua, directora del Proyecto Nacer, otra de las organizaciones afectadas por la falta de acceso a los fondos, señaló que la mayoría de las organizaciones han operado la mayor parte del año a través de líneas de crédito que ahora ya están agotadas y deben ser pagadas.

Fuenmayor reclamó de la legislatura se hagan los cambios necesarios a la Ley 157 de manera que se obligue a la ASC a cumplir no sólo con la propia ley, sino también con el compromiso social de brindar ayuda a las personas más desventajadas.

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