Advierten ciudadanía no utiliza Ley 33 para facturas altas de agua y luz

Suministrada

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PONCE  – La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class advirtió el miércoles que las corporaciones que venden servicios de agua y energía a la ciudadanía, deben ser mucho más enfáticos en explicar a sus abonados el alcance de la Ley 33 sobre alto consumo, que permite objetar cargos en la facturación sin temor a que el servicio pueda ser interrumpido.

“Exhorto a Energía Eléctrica y Acueductos a que sean mucho más específicos en orientar a su abonados querellantes sobre las garantías que ha establecido la Asamblea Legislativa y refrendadas como ley por La Fortaleza, para atender sus reclamos sobre facturación”, expresó Ruiz Class en un comunicado.

Durante el tercer día de servicios en Plaza del Caribe bajo el Programa En Contacto, que visita centros comerciales para que la ciudadanía acceda a los servicios de la Procuraduría del Ciudadano (OPC) sin tener que interrumpir sus gestiones diarias, la ombudsman reconoció que muchas de las situaciones que ha detectado el personal adscrito a esta feria de servicios, es que el ciudadano común no utiliza efectivamente los derechos contenidos en la referida ley.

Dijo Ruiz Class que está detectando un cúmulo notable de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que acuden a las oficinas comerciales de las referidas corporaciones a indagar sobre cargos inusuales o cuantiosos que aparecen de repente en sus facturas, y en vez de recibir una orientación adecuada sobre el procedimiento de protestar los mismos, se les exhorta a pagarlos para evitar una suspensión inmediata del servicio.

“No solo estamos hablando de garantías establecidas en una ley para un proceso justo y razonable de investigación sobre cargos inusuales en la factura. Nos referimos a derechos humanos que todos estamos llamados a proteger”, dijo.

La funcionaria explicó que en muchas ocasiones el abonado se siente presionado a acceder a este reclamo por temor a tener una suspensión, y optan por entrar en un acuerdo de pago sin siquiera iniciar el trámite para que la corporación referida investigue las razones para el sobrecargo.

Lo más lamentable de la situación, añadió la Ombudsman, es que son principalmente los envejecientes y personas con impedimentos, las más que se querellan de esta situación, donde expresan que prefieren establecer un plan de pagos sin exigir la protección de la Ley 33, como corresponde.

Recordó que el personal de la OPC en todas las regiones así como en la oficina central están disponibles para recibir querellas sobre esta situación e investigar rigurosamente las mismas. El teléfono para acceder a cualquier trámite del Ombudsman es el 787-724-7373.

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