22 personas acusadas a nivel federal por tráfico de drogas en Peñuelas

7sA2D7SaDArodriguez_velez_rosa_emilia-300x202SAN JUAN – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó el viernes que el cinco de noviembre 2015, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió dos acusaciones separadas contra trece y nueve acusados, respectivamente, por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas.

Según la fiscal federal, la primera acusación alega que a partir de 2009, la organización distribuyó cocaína, heroína, crack y marihuana en el sector Caracoles Tres, ubicado en el Municipio de Peñuelas, todo por el beneficio económico.

Los 13 acusados son: Víctor Serna González, alias “Bebe”; Víctor Daniel Serna González, alias “Danny”; Rubén Figueroa Santiago; José Ríos-Martínez, alias “Olivo;” Fred Bernard Rodríguez, alias “Gordo”; Víctor Ramos González, alias “Burrin”; Luis Ramos González, alias “Chino”; José Pérez Santiago, alias “Orejas”; Carlos Ramos González, alias” Colorao”; Rafael Quirós Morales, alias” Menor”; Erick Tomás García Ramos, alias “Tito”; Julio Araud Figueroa, alias “Julito”, y FNU LNU, también conocido como “Wilfred”.

La segunda acusación alega que a partir de 2007, la organización distribuyó cocaína y heroína en el sector Caracoles Dos situada en Peñuelas, para obtener ganancias financieras significativas y ganancias. Los nueve acusados son: Víctor Candelario Santiago, alias “El Loco”; Elliot Lucca Nieves, alias “Luquita”; Luis Rosario Tellado, alias “Javier Tellado”; Aixsa Morales Figueroa; Juan Ramos Rodríguez, alias “El Flaco”; Miguel Rivera Galarza, alias “Valdo;” Ángel Alvarado Pérez, alias “Cacu”; Julio Feliciano Quiñonez, alias “Caballito”; y José Figueroa Segarra, alias “El Menor”.

Los 22 acusados actuaron en diferentes funciones con el fin de promover los objetivos de sus organizaciones, a saber: líder, propietarios de puntos de drogas, corredores, procesadores de drogas, vendedores y facilitadores. Algunos acusados poseían armas de fuego para proteger a los miembros de las organizaciones de tráfico de drogas, los narcóticos, los ingresos derivados de las ventas, y para lograr aún más los objetivos de las conspiraciones.

El fiscal federal adjunto Myriam Fernández, supervisor de la Unidad de Estupefacientes, y el fiscal federal adjunto John Mathews están a cargo de la fiscalía del caso.

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.

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